La incidencia de casos detectados en los últimos catorce días por cada 100.000 habitantes se sitúa en 188,7, con Lanzarote como isla más afectada con 732,8.
La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha registrado en las últimas 24 horas 330 nuevos contagios por covid-19, así como un fallecimiento asociado al virus.
En Gran Canaria ha habido 135 nuevos positivos, en Lanzarote 112, en Tenerife 67, en Fuerteventura 9, en El Hierro 6, en La Palma 1, en La Gomera 1.
Las personas actualmente afectadas son 8.255, de las que 380 están hospitalizadas, 53 de ellas en unidades de cuidados intensivos y 327 en planta.
La incidencia de casos detectados en los últimos catorce días por cada 100.000 habitantes se sitúa en 188,7, con Lanzarote como isla más afectada con 732,8.
En el caso de la incidencia a siete días, baja a 89,9, con Lanzarote en 363,1 y El Hierro en 191,5.
Desde que comenzó la pandemia, las personas infectadas detectadas por Sanidad suman 32.943, el 1,53% de la población canaria, de las que han fallecido 490 y han recibido el alta médica 24.198.
En Tenerife hay activos 4.312 casos, en Gran Canaria 2.712, en Lanzarote 978, en Fuerteventura 224, en El Hierro 24, en La Palma 4 y en La Gomera 1.
Las pruebas PCR realizadas desde el comienzo de la pandemia son 754.356, de las que 4.478 corresponden a las últimas 24 horas.
El consejero de Sanidad asegura que las islas tienen capacidad para poner 10.000 vacunas al día y explica que se ha elevado el nivel en la isla de los volcanes ante el crecimiento del patógeno.
Blas Trujillo, consejero de Sanidad, este viernes en Lanzarote. Fotograma RTVC.
El consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Blas Trujillo, ha intentado mandar un mensaje de tranquilidad hoy desde Lanzarote al asegurar que el plan de contingencias del Hospital José Molina Orosa «va por delante de la evolución del virus» y al añadir que el rápido crecimiento exponencial del patógeno es lo que ha llevado a incrementar el nivel de alerta hasta el 4, sin esperar a ver si las restricciones del nivel 3 eran efectiva.
Trujillo ha hecho este mediodía dichas declaraciones en una comparecencia en la que, acompañado por la presidenta del Cabildo de Lanzarote, María Dolores Corujo, ha agregado que el sistema canario sanitario tiene capacidad para aplicar 10.000 vacunas dal día, ha recalcado que no hay problemas de suministro de viales y ha adelantado que Canarias es la primera comunidad que más porcentaje de viales ha inyectado. «Ahora se está poniendo la segunda dosis al personal y usuarios de los centros sociosanitarios, con toda Lanzarote ya cubierta en ese sentido», concretó.
Refuerzo del personal
En relación al personal sanitario, el consejero rememoró el deseo del Gobierno de estabilizar a la plantilla sanitaria y también la de otros sectores, quedando pendientes de que el Ejecutivo central impulse una ley al respecto. En este sentido, aludió a que ya se habían contratado a 4.000 personas el año pasado.
Centrados en el caso de Lanzarote, expresó que el Hospital Doctor José Molina Orosa ya prevé un posible incremento de camas COVID, y no se descarta que se retrase la realización de operaciones quirúrgicas no vitales.
«Viendo la aceleración y la velocidad de los indicadores, hemos decidido no esperar para implantar más niveles», ha sostenido Trujillo, quien ha matizado que «ya estamos analizando 20 casos en Canarias para ver si corresponden a la cepa británica y el Instituto Carlos III, en Madrid, está saturado para darnos una respuesta al respecto. Por eso, al final lo estamos intentando averiguar con los medios técnicos del Hospital de la Candelaria, en Tenerife. Sin duda, esa cepa estará por cualquier parte y nosotros no vamos a ser una excepción», concluyó.
El consejero también repasó la evolución del virus en la isla. «El 24 de diciembre se estaba en nivel 1, pero luego ha habido una aceleración de los indicadores epidemiológicos que no tienen paragón en todo el territorio. Hemos tratado de adelantarnos a la incidencia del virus y uno de los indicadores que se evalúa es la sobrecarga que pueda tener el sistema hospitalario».
En un tono más optimista, agregó que «se puede dar una respuesta eficaz y eficiente a las distintas realidades que se nos pueda dar», ya que «el plan de contigencia del Hospital va muy por delante, ahora mismo, a la evolución pandémica», sostuvo.
Puso como ejemplo lo ocurrido en otras islas. «Somos el único territorio que ha conseguido doblegar al virus estando en un nivel alto, lo que dice mucho del compromiso de la mayoría de la ciudadanía de Tenerife».
«No somos ajenos a lo que pasa en el resto del mundo y nosotros también estamos viviendo la peor situación que hemos tenido hasta ahora, aunque exista ya algún territorio libre de COVID, como puede ser La Gomera, pero hasta que tengamos a la mayor parte de la población vacunada, esto va a ser una pelea contínua», finalizó.
María Dolores Corujo, presidenta del Cabildo de Lanzarote. Fotograma RTVC.
Responsabilidad
Por su parte, la presidenta del Cabildo de Lanzarote, María Dolores Corujo, destacó que «se han puesto todos los recursos necesarios para atender esta situación» y ha recalcado «el esfuerzo de la corporación para colaborar con las fuerzas y cuerpos de seguidad y emergencia».
«Los esfuerzos no han conseguido los resultados deseados», recalcó Corujo, quien destacó la rapidez con la que Lanzarote ha pasado del nivel 1 al nivel 4 de emergencia ante la proliferación de los casos de emergencia. «Vamos a frenar la curva», insistió poco antes de confesar que el comportamiento de la ciudadanía durante las fiestas navideñas «no ha sido el adecuado».
«La administración está poniendo todas las herramientas que tiene a su alcance para controlar el virus, pero parece que estas fiestas le abrimos las puertas». Por todo ello, volvió a reclamar responsabilidad para poder revertir esta situación.
José Julián Mena expulsa a Dácil León y Sebastián Roque, a los que acusa de faltar a plenos municipales y juntas de gobierno.
El alcalde de Arona, José Julián Mena, ha cesado este viernes a los concejales Dácil León y Sebastián Roque, que hasta ahora asumían las áreas de Promoción Económica y de Deportes, respectivamente, por lo que considera “continuadas faltas de lealtad”.
En un comunicado el Ayuntamiento de Arona ha asegurado que la edil Dácil León ha admitido públicamente que promueve una moción de censura en contra del alcalde, a pesar de pertenecer al mismo grupo «y de mantener las competencias que éste había delegado en ella».
A esto se suma que la actividad «para desalojar a su compañero» se considera incompatible con la necesaria dedicación a combatir la actual situación de crisis económica, precisamente en el ámbito de sus competencias, ha aseverado el Ayuntamiento en su nota.
La concejala Dácil León Reverón era, hasta ahora, segunda teniente de alcalde y en ella había delegado el alcalde las competencias de Promoción Económica, Sector Primario y Empleo.
Por otro lado, la edil habría faltado a lo largo de 2020 a, al menos, un total de 14 juntas de gobierno y a dos plenos municipales, a pesar de disponer de un sueldo por dedicación exclusiva.
En esos plenos su voto era esencial para sacar adelante la modificación de crédito para dotar el área de Servicios Sociales, así como para la rebaja de la tasa de basura que pagan las empresas del municipio (cuestión directamente relacionada con su área de gestión).
En el caso de Juan Sebastián Roque, además, a esa falta de lealtad, se une la reiterada ausencia a sus obligaciones como edil con un sueldo de dedicación exclusiva, según el consistorio.
Solo en 2020 Roque ha dejado de asistir a más de 17 juntas de gobierno y dos plenos municipales, así como sus faltas a la Junta Rectora del Patronato de Turismo y a la Junta General de Adesa, el órgano municipal que gestiona los recursos sociales, añade.
En esos plenos su voto era esencial para sacar adelante, además de la citada modificación de crédito para Servicios Sociales, fondos para el área de Deportes, reitera el Ayuntamiento.
Roque era sexto teniente de alcalde con competencias delegadas por el alcalde en materia de Educación, Cultura, Deportes y Juventud.
La UE lo establece como obligatorio para poder contar con los 140.000 millones aprobados hace unos meses.
Comisión Europea. Foto Web RTVC.
La Comisión Europea (CE) exigirá a España reformas concretas y detalles sobre los objetivos y el calendario para acometerlas para acceder a los más de 140.000 millones de euros que le corresponden del fondo de recuperación europeo tras la pandemia de la covid-19.
Bruselas, que ya negocia con España y otros países los borradores de sus planes de recuperación, ha advertido esta semana de que los gobiernos tienen que ser más precisos sobre cómo cumplirán con las recomendaciones económicas que les hizo los últimos años y sobre el calendario de las medidas que prevén implementar.
«El compromiso de la Comisión Europea es aumentar la ambición de las reformas en los planes nacionales para garantizar que las reformas e inversiones tienen los detalles necesarios sobre el calendario, objetivos y metas», explicó el comisario de Economía, Paolo Gentiloni.
El Gobierno español fue uno de los primeros en enviar a Bruselas el borrador de las aproximadamente 170 medidas que prevé acometer, incluidas la reforma de las pensiones y la laboral, y ahora tendrá que afinarlas con la Comisión para elaborar un plan definitivo que pueda recibir el visto bueno de esta institución y, después, del Consejo (los países miembros).
Las discusiones van «por buen camino», pero aún faltan «días y semanas» de trabajo, según Gentiloni, quien ya se ha reunido con varios ministros españoles en las últimas semanas.
De cumplir con lo pactado dependerá el desembolso de los 69.528 millones de euros en transferencias a fondo perdido que le corresponden a España, que también podrá solicitar cerca de 85.000 millones en préstamos.
AYUDAS CON CONDICIONES
La regulación del fondo, consensuada en diciembre por los Estados y la Eurocámara, exige que los planes de recuperación incluyan reformas e inversiones que potencien el crecimiento y la creación de empleo y se centren en prioridades europeas, en particular la transición ecológica y digital, a las que deben destinar el 37 % y 20 % del dinero, respectivamente.
Las medidas deberán servir para abordar «todas o un conjunto significativo» de las recomendaciones económicas que la Comisión Europea hizo en 2019 y 2020 a los países, incluidas las relativas al control del déficit y la deuda.
Estas últimas solo empezarán a vigilarse una vez se reactiven las normas europeas de disciplina fiscal, como pronto en 2022, pero si un país se las salta podría ver congelado hasta el 25 % del dinero comprometido.
Para España las directrices de los dos últimos años piden, además de combatir la pandemia, preservar la sostenibilidad del sistema de pensiones, mejorar los sistemas de apoyo al empleo, de ayudas a las familias y los regímenes autonómicos de renta mínima, invertir en innovación y eficiencia energética, mejorar la coordinación entre administraciones o aplicar la ley de unidad de mercado, entre otras.
Con el fondo de recuperación, Bruselas tiene por primera vez una herramienta, en forma de miles de millones de euros, para hacer cumplir unas recomendaciones que los países tienden a postergar. Bruselas no dictará cómo ponerlas en práctica, pero negociará la letra pequeña para cerciorarse de que las propuestas pasan el filtro.
MARGEN DE NEGOCIACIÓN
«Más que si hay que hacer reformas, que todo el mundo está de acuerdo en que sí, es qué reformas y con qué objetivos», dijo a Efe la eurodiputada socialista Eider Gardiazábal, que dirigió la negociación de la regulación del fondo por parte de la Eurocámara.
Las normas, explicó, dejan «margen» para la negociación con los gobiernos puesto que fijan unos «criterios generales» – más estrictos en clima y digitalización al exigir un porcentaje de gasto-, pero «no entra en qué proyectos son, sino en cómo se tienen que evaluar».
«Hay que ser consciente de que los gobiernos tienen su color político y sus propuestas para solucionar los problemas y hay que ser razonables en ese sentido con las propuestas de los gobiernos. La Comisión no puede imponer nada«, añadió.
La regulación, consideró, deja «bastante flexibilidad» sobre si hay que cumplir todas o solo parte de las recomendaciones, con lo que la Comisión «va a ver el conjunto y la coherencia de los planes teniendo en cuenta la situación de los países». El borrador español, a su juicio, es «completísimo».
El eurodiputado de Ciudadanos Luis Garicano, sin embargo, ve difícil que la Comisión y el Consejo puedan dar luz verde al plan español sin una «propuesta seria» en materia de pensiones.
Para pasar el examen de Bruselas, subraya, los planes tienen que recibir la nota máxima (A) en el cumplimiento de las recomendaciones económicas.
«Creo que no se puede hacer una evaluación de que España está haciendo significativamente las recomendaciones del Semestre Europeo si se salta la más importante, que es conseguir que las pensiones sean sostenibles», dijo a Efe el eurodiputado, que también participó en la negociación.
Aunque ahora hay consenso en gastar lo que haga falta y el control del déficit y la deuda están suspendidos, las recomendaciones llaman a la sostenibilidad fiscal a medio plazo y ahí «la única duda real de solvencia en España tiene que ver con las pensiones», dice.
Mientras no se reactiven las normas fiscales, el «esfuerzo» que pedirá Bruselas será en materia laboral y de pensiones puesto que el resto sería «relativamente fácil» de cumplir, anticipa.
PAGO SOLO TRAS CUMPLIR
Además del contenido, la Comisión pactará con los países los objetivos cuantitativos y cualitativos que persiguen sus medidas y el calendario previsto para lograrlos, de modo que el dinero solo se pagará si se comprueba que han cumplido. De ahí que Bruselas pida detalles para evitar problemas llegado el momento del desembolso.
Aunque la Comisión hará un «seguimiento continuo» de la implementación de los planes, los pagos solo se efectuarán dos veces al año para que los Gobiernos no tengan que remitir continuamente facturas, sino que cada seis meses se reembolse todo lo que hayan certificado, explicó Gardiazábal.
La regulación prevé que, una vez que Bruselas certifique que cumplen, los gobiernos tengan que enviar bianualmente esta solicitud de pago justificada.
«El sistema de solo dar dinero cuando se va cumpliendo, en lugar de darlo y luego exigir que se devuelva, lo cambia todo», considera Garicano, para quien esto será clave a la hora de garantizar que los Estados destinan las ayudas a los fines previstos.
Las jugadoras del UDG Tenerife Egatesa celebran un gol. Imagen cedida por el club
El club solicitó también a la RFEF el aplazamiento de los dos próximos partidos a disputar frente a SD Eibar y Valencia CF, estando a la espera de conocer la resolución.
La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha suspendido por dos casos de positivos en covid-19 en la plantilla del UDG Tenerife Egatesa el partido que debía disputarse este sábado ante al FC Barcelona en el Estadio Johan Cruyff.
En un comunicado, la entidad tinerfeña asegura que desde el primer momento, el club procedió a comunicar a las autoridades sanitarias la situación producida para el rastreo de los contactos, proporcionando información detallada de los mismos.
Se ha informado de la obligatoriedad de cuarentena a todas las personas que han tenido contactos estrechos con las afectadas, con la necesidad de permanecer en aislamiento domiciliario, con comunicación de cualquier síntoma o incidencia. También se ha procedido a suspender las sesiones de entrenamiento.
Por esta circunstancia, el club solicitó también a la RFEF el aplazamiento de los dos próximos partidos a disputar frente a SD Eibar y Valencia CF, estando a la espera de conocer la resolución.
Se aplazarán deudas fiscales y el cobro del IGIC por tres meses. Además, se ha elaborado un plan de ayuda a la hostelería, el turismo y otros sectores afectados.
El Gobierno canario destinará más de 400 millones de euros a paliar los efectos de la pandemia. Lo ha anunciado a primeras horas de esta tarde el presidente regional, Ángel Víctor Torres, en una comparecencia conjunta con el vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, quienes han reseñado que este fondo será cubierto con una póliza de crédito.
En concreto, Torres matizó que se aplazarán las deudas fiscales en seis meses -por importe de casi 42 millones-, se retrasará el cobro del IGIC en el primer trimestre, -lo que supondrá 194 millones más-, y se pondrá en marcha un programa de ayuda a los sectores más perjudicados -hostelería, turismo y similares- por importe de 165 millones más y que serán asignados «a fondo perdido», puntualizó Rodríguez. En total, 408 millones a los que se podrían sumar ayudas y acciones de otras instituciones, como cabildos y ayuntamientos.
La idea principal es que los 165 millones de ayudas específicas a los sectores más vulnerables procedan de fondos europeos y beneficien a más de 20.000 empresas en todo el territorio insular.
Esfuerzo extrapresupuestario
«Los ayuntamientos recibirán la parte del aplazamiento del IGIC que les corresponda y el esfuerzo será extrapresupuestario», concretó Torres, quien vaticinó que la progresiva vacunación mejorará notoriamente la situación económica del archipiélago.
También recordó que el Ejecutivo autónomo ya ha liberado, en concepto de ayudas, casi 96 millones de euros repartidos entre las compañías aéreas, los autónomos, el sector cultural y los aplazamientos fiscales, entre otros sectores.
Dar respuesta
Mientras, el vicepresidente regional y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, concretó que lo que ahora se hace es continuar con medidas ya tomadas en 2020 con el aplazamiento de impuestos y la concesión de ayudas.
Igualmente, puso en valor otra acciones ejecutadas antaño, como la flexibilización de los créditos ICO y significó que, tras mantener reuniones por un mes, se ha programado este nuevo plan para afrontar «la peor crisis económica de nuestra historia».
Román Rodríguez, avanzando el contenido del plan de ayudas. Fotograma RTVC.
Ante este panorama, amplió Rodríguez, «la administración verá cómo su liquidez se ve comprometida con el retraso en el cobro de impuestos«, ya que «el Gobierno gasta al mes 900 millones de euros por el pago de sus 66.000 empleados y las transferencias regulares a otras administraciones. Hemos repasado otras comunidades y nuestros 165 millones de euros son claramente superiores a la media, en valores absolutos y relativos, que se van a gastar en otros territorios», subrayó.
En esta línea, el consejero de Hacienda avanzó que presentará una propuesta en breve para que las ayudas directas de la Unión Europea se puedan utilizar para cubrir ese importe de ayudas.
«Está pendiente de cerrar y antes de final de mes haremos la propuesta de reprogramación», adelantó tras no descartar ayudas en los pagos del IBI y significar que «la mejor y la más clara respuesta económica a la crisis es la contención de la pandemia. Tenemos el mecanismo de la distancia, el cumplimiento de las normas y la vacunación, donde estamos protagonizando una gestión eficiente en la administración de las dosis».
El presidente del Cabildo de Gran Canaria exige al Gobierno del Estado y a la Unión Europea que activen de manera inmediata las derivaciones a la Península.
El presidente del Cabildo, Antonio Morales, denunció el hartazgo de Gran Canaria por la nefasta política de migración y exige al Gobierno europeo y estatal que dejen de crear el caldo de cultivo del odio y la xenofobia y que activen de manera inmediata las derivaciones a la Península. Gran Canaria no quiere ser una cárcel, y mucho menos una cárcel sin recursos y sin control, señaló el presidente insular.
Morales, en una rueda de prensa, no descarta recurrir a la vía legal para denunciar la violación de derechos humanos de migrantes que permiten desde hace meses en Canarias tanto el Gobierno español como el de la UE.
El presidente del cabildo grancanario también ha anunciado que la institución se sumará a la queja que el Secretariado de Migraciones de la Diócesis de Canarias elevará al Diputado del Común por las irregularidades que se comenten en el CATE de Barranco Seco de Las Palmas de Gran Canaria, donde se suceden hechos como los denunciados cuando operaba el campamento de Arguineguín, ubicado en el bautizado como «muelle de la vergüenza».
Además de declinar valorar el papel que desempeña en esta crisis humanitaria el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, y asegurar que no volverá a reunirse para abordar este asunto con algún ministro español o comisario europeo, porque ya les ha hecho llegar su demanda de medidas urgentes para gestionarla, Morales ha alertado de que las vigentes políticas migratorias «generan odio».
De esta manera, ha mostrado su preocupación por la deriva xenófoba que, a su parecer, están propiciando los intentos por «esconder» esta crisis y el tratamiento carcelario que se está dando a las islas, desde cuyos aeropuertos, ha asegurado, la Policía logra evitar que muchos migrantes sigan su ruta hacia el continente europeo, donde tienen familiares o amigos. «Son políticas diseñadas para evitar que estas personas puedan trasladarse desde nuestros aeropuertos a la Península», ha aseverado.
Antonio Morales ha pedido «cautela» a la hora de valorar los episodios violentos entre migrantes ocurridos en las últimas semanas en espacios públicos y en algunos alojamientos turísticos isleños donde permanecen acogidos, que, según ha recalcado, «son hechos puntuales, pero previsibles». «Son personas que se han jugado la vida al montarse en una patera y cruzar el Atlántico, viendo, incluso, como algunos de sus compañeros han muerto en el intento. Están ociosos 24 horas, salen a la calle sin ningún tipo de actividad que hacer, está nerviosos y se producen roces entre ellos. No se puede concentrar a miles de personas y dejarlas desamparadas en una crisis como ésta. Hacen falta políticas activas contra el racismo y la xenofobia», ha referido.
Antonio Morales echa en falta también «un mayor control» de estas personas que permita separar del resto a los que lleguen y posean «un perfil conflictivo», al tiempo que ha recriminado a la «ultraderecha el tratamiento interesado» que, a su juicio, ha dado a esta crisis humanitaria «para avivar el odio», para lo que no ha dudado en «generar alarma y miedo», lo que ha propiciado que hayan llegado a organizar grupos «llamando a la violencia contra el moro».
«Exigimos medidas urgentes. Ya está bien de dilaciones», ha aseverado el presidente del Cabildo grancanario quien, además de instar a la solidaridad del resto de comunidades autónomas, ha urgido a Interior a «activar de inmediato derivaciones de inmigrantes a la Península, donde hay miles de plazas libres», ha dicho.
Tras reiterar la necesidad de que el Gobierno español establezca «recursos estructurales para la gestión de las migraciones», Morales también ha pedido una mayor celeridad en la realización de pruebas óseas que permitan conocer la edad de los inmigrantes llegados a las islas en patera, lo que evitaría que, como ocurre en la actualidad, el Gobierno canario esté tutelando como menores a personas que, según ha dicho, no lo son.
Francia se suma así a países como España o Países Bajos, que reclaman a cualquier viajero que llegue a sus fronteras por avión la presentación de un diagnóstico negativo realizado en los tres días anteriores.
Francia impondrá a partir del próximo lunes la presentación de un test PCR negativo realizado en las 72 horas anteriores a todos los viajeros europeos que quieran entrar en el país por avión, anunció este jueves el presidente, Emmanuel Macron, en la cumbre de Bruselas.
La medida, que Francia aplicaba desde hace unos días al resto de viajeros no europeos, a los que pide también realizar una cuarentena de siete días, se extiende ahora a todos los viajeros procedentes de la Unión Europea. Si la prueba resulta negativa, no tendrán que aislarse.
«Es el enfoque que el presidente ha decidido adoptar, como muchos de sus homólogos europeos», señalaron fuentes de la Presidencia, que indicaron que los viajes esenciales también quedarán al margen de esta obligatoriedad.
Francia se suma así a países como España o Países Bajos, que reclaman a cualquier viajero que llegue a sus fronteras por avión la presentación de un diagnóstico negativo realizado en los tres días anteriores.
El presidente reafirmó en la teleconferencia de líderes de los países de la UE que es necesario «una coordinación reforzada» en materia de test así como en las medidas de cuarentena que se aplican a viajeros de terceros países, precisaron fuentes del Elíseo.
En la cumbre virtual de líderes comunitarios, Macron instó a la UE a seguir trabajando para aumentar la oferta de vacunas en el continente y a la capacidad de producción dentro del territorio europeo.
En cuanto al llamado «pasaporte de vacunas», pidió «prudencia» por la falta de datos sobre los contagios de personas vacunadas, por la poca difusión de dosis que hay aún entre la población general y por los aspectos técnicos de la vacunación que faltan por resolver: como tiempos de entrega o datos personales.
Ante la expansión de variantes más contagiosas del nuevo coronavirus, como ha sido el caso de la británica, el presidente francés precisó que su país está trabajando en desarrollar capacidades de rastreo específico de nuevas cepas y propuso que los europeos «compartan sus capacidades en función de sus necesidades».
El Reino Unido mantiene fuertes restricciones de movimiento de la población, con el cierre de escuelas, ante el alto número de contagios y la situación crítica en los hospitales del país.
El Gobierno británico ha considerado la posibilidad de cerrar las fronteras del Reino Unido ante la aparición de distintas variantes del coronavirus, admitió este viernes el ministro de Medioambiente, George Eustice.
«Siempre mantenemos estas cosas en revisión y los hemos considerado. Hay una preocupación en este momento por el número de variantes mutantes», dijo el ministro a la cadena Sky News al serle preguntado sobre un eventual cierre de las fronteras.
El Reino Unido vetó recientemente todos los vuelos procedentes de Portugal y 14 países de América Latina, a raíz de la aparición de una cepa brasileña, y exige a todos los viajeros que entren en el país un test negativo de la covid-19.
Además, hace unas semanas, el Gobierno también vetó los viajes procedentes de Sudáfrica por la aparición allí de otra cepa.
Según las últimas cifras oficiales, el Reino Unido registró el jueves 1.290 nuevas muertes por coronavirus, por debajo del récord de 1.820 que comunicó la jornada anterior, así como otros 37.892 contagios.
En los últimos siete días, el número de fallecidos se ha incrementado en un 14,1 % respecto a la semana anterior, a pesar de que las infecciones han decrecido un 23,6 %.
El Reino Unido mantiene fuertes restricciones de movimiento de la población, con el cierre de escuelas, ante el alto número de contagios y la situación crítica en los hospitales del país.
