La Consejería de Presidencia presentó dos iniciativas para mejorar la actuación con víctimas de violencia sexual en el ámbito judicial

La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, presento este viernes dos iniciativas dirigidas a la mejora de las actuaciones con víctimas de violencia sexual en el ámbito judicial, con especial atención a lo menores. Estas están impulsadas por la Viceconsejería de Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, dentro del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

En el acto, celebrado en la Ciudad de la Justicia de las Palmas de Gran Canaria, han participado el viceconsejero de Justicia, Cesáreo Rodríguez; el magistrado titular del Juzgado Especializado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas, Tomás Martín, y el magistrado responsable del gabinete de apoyo a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Óscar González.

Herramientas que promuevan una justicia protectora y humanizada

Barreto manifestó que la Consejería de Presidencia trabaja para dotar a los juzgados de herramientas que promuevan una justicia protectora y humanizada. Por otro lado, destacó el trabajo que realiza, en este sentido, el Juzgado contra la violencia y la adolescencia, “un referente y un orgullo para todos los canarios”.

Asimismo, recordó que el Gobierno siempre ha abogado para que su creación no fuera voluntaria sino obligatoria, buscando la igualdad para todas las personas. “Proteger a nuestros menores y cuidarlos en una situación tan difícil por la que pueden pasar cuando estamos hablando de violencia sexual tiene que ser la mayor labor de la Administración y de la sociedad, donde colabora de forma importante la Policía Canaria”.

Por su parte, Rodríguez recordó el compromiso del Gobierno para su edición y distribución en los órganos judiciales porque ambos trabajos aportan pautas y claves que se pueden extrapolar para futuras implantaciones de otros juzgados especializados.

Óscar González agradeció que el Gobierno sea proactivo e impulse estas iniciativas. Además, agradeció tener un modelo de especialización en la materia que ha estado siempre apoyado por el Ejecutivo, lo que ha permitido que hoy esté a la cabeza.

Guía práctica sobre el interrogatorio y exploración a la víctima de violencias sexuales, con particular atención a las víctimas menores de edad

El primero de los proyectos es una ‘Guía práctica sobre el interrogatorio y exploración a la víctima de violencias sexuales, con particular atención a las víctimas menores de edad’, una herramienta crucial para garantizar, no solo una atención adecuada y ética a las víctimas, sino también la mejora de la calidad del testimonio que es fundamental para la resolución de los casos judiciales.

Esta ha sido realizada por Tomás Martín, y la psicopedagoga, investigadora y responsable de Psicotogether, la Unidad de Psicopedagogía del Hospital La Paloma, Zaira Santana.

Al respecto, Tomás Martín señaló que esta herramienta legal y científica es el resultado de la experiencia y busca “fomentar la curiosidad y la inquietud” de los profesionales, a través de un manual claro para abordar la materia y contribuir así a lograr una justicia humanizada.

El objetivo es remediar la carencia de protocolos estandarizados, estructurados y específicos

Esta publicación pretende remediar la carencia de protocolos estandarizados, estructurados y específicos para llevar a cabo el interrogatorio y la exploración de víctimas de violencias sexuales desde la perspectiva judicial.

Algo que puede llevar a prácticas menos efectivas, aumento de la victimización secundaria, obtención de información inconsistente o incompleta durante las exploraciones, dificultades en la plena aplicación de la ley, ruptura del equilibrio procesal de las partes, inadecuada atención a la perspectiva de género, de infancia , discapacidad o vulnerabilidad.

Estas violencias afectan de manera desproporcionada a mujeres y niñas, aunque también impactan a niños y otras personas en situaciones de vulnerabilidad, incluyendo aquellas con discapacidad intelectual o sensorial. Las prácticas atentan directamente contra derechos fundamentales, tales como la libertad, la integridad física y moral, la dignidad y la igualdad y en su forma más extrema, como el feminicidio sexual, estas violencias niegan incluso el derecho más básico de todos como es el derecho a la vida.