El alcalde de Santa Cruz de Tenerife ha solicitado un informe para determinar las zonas susceptibles de declararse como zona tensionada
El pleno del Ayuntamiento tinerfeño de Granadilla de Abona ha aprobado este miércoles por unanimidad instar al Gobierno de Canarias a que declare al municipio como zona de mercado residencial tensionado.
El objetivo prioritario de esta declaración es la de seguir implementando «un abanico amplio de instrumentos que ayuden a solucionar el grave problema de vivienda» que sufre Granadilla de Abona, ha informado la corporación municipal.
De esta manera se subraya la necesidad de seguir apostando por la función social de la vivienda a través del establecimiento de alquileres asequibles que alivien la carga económica que sufren muchos ciudadanos a la hora de hacer frente al pago de sus alquileres, añade el consistorio.
La alcaldesa de Granadilla de Abona, Jennifer Miranda, explica al respecto que con esta solicitud «seguimos avanzando en intentar solucionar uno de los problemas mas graves» que sufre la población del municipio, como es el precio de la vivienda».
El Gobierno canario estudiará la solicitud
Una vez remitida la solicitud será el Gobierno de Canarias como administración competente el que realice el estudio donde se analice si los gastos en el alquiler o la cuota hipotecaria superan el 30% de los ingresos medios de las familias del municipio.
Una vez acreditada esta circunstancia se podrán declarar como zonas tensionadas aquellos núcleos residenciales en los que se cumplan dichos requisitos.
Esta solicitud se une a otras medidas llevadas a cabo por el grupo de gobierno municipal, formado por PSOE y PP, como el desbloqueo de casi 300 viviendas en la zona de Los Hinojeros en el casco y la cesión de más de 3.000 metros cuadrados al Instituto Canario de la Vivienda para la construcción de vivienda pública.
Bermúdez solicita un estudio
Por su parte, el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha dictado una instrucción por la que solicita a la empresa Viviendas, Proyectos y Obras Municipales un informe para analizar si el municipio, en su conjunto o en una zona, debe declararse zona de mercado residencial tensionada.
Bermúdez extiende la instrucción a que se detalle en las conclusiones, en el caso que se cumplan las condiciones recogidas en la ley correspondiente, el pronunciamiento sobre la conveniencia de solicitar al Gobierno de Canarias el inicio de los trámites necesarios para la obtención de tal declaración.
Asimismo, añade el alcalde, que en tal caso debe especificarse su posible impacto sobre el mercado inmobiliario «y cualquier otra circunstancia que pueda resultar relevante”.
La solicitud deber ser formulada por el Gobierno de Canarias y debe acompañarse de un plan específico que contemple medidas necesarias para la corrección de los desequilibrios detectados en la zona para la que se solicita la declaración, según ha recordado este miércoles el Ayuntamiento en un comunicado.
Factores a tener en cuenta
Agrega el alcalde de la capital tinerfeña que la pertinencia de este encargo e instrucción viene motivada por la necesidad de elaborar una memoria que justifique, a través de datos objetivos y fundamentados, la existencia de un especial riesgo de abastecimiento insuficiente de viviendas para la población residente.
Ello se produce si la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler en el presupuesto personal o de la unidad de convivencia, más los gastos y suministros básicos, supera el 30% por ciento de los ingresos medios o de la renta media de los hogares.
Otro factor es que el precio de compra o alquiler de la vivienda haya experimentado en los cinco años anteriores a la declaración como área de mercado de vivienda tensionado un porcentaje de crecimiento acumulado al menos tres puntos porcentuales superior al del índice de precios de consumo de la Comunidad Autónoma.
En la ley se contempla, entre las consecuencias más reseñables de esta declaración, la posibilidad de regular el precio de los alquileres de viviendas, que deberán situarse en un rango previamente establecido en función de parámetros como el año de construcción, la superficie y la ubicación.
Esta horquilla habrá de tomarse como referencia para establecer la cuantía de los nuevos contratos de alquiler cuando la vivienda sea propiedad de las personas calificadas por la Ley como grandes tenedores y para las viviendas que se alquilen por primera vez en cinco años
