El SC no llegó a solicitar para el contrato de RR7 los fondos extraordinarios de la UE
Pilar Almeida, subdirectora de Gestión de Fondos Europeos de la Comunidad Autónoma, ha asegurado que el contrato del Servicio Canario de la Salud (SCS) por valor de cuatro millones de euros para la adquisición de mascarillas con la empresa RR7 no se financió con fondos europeos.
Así lo ha señalado la subdirectora este lunes en la comisión del Parlamento de Canarias que investiga el caso mascarillas.
Este hecho significa que el SCS no llegó a solicitar para este contrato los fondos extraordinarios de la Unión Europea de la pandemia, por lo que presumiblemente nunca se llegó a cumplir uno de los requisitos exigidos: que el material contratado hubiese sido entregado.
En el contrato con Soluciones de Gestión sí hubo financiación europea
No obstante, la subdirectora, que durante la pandemia era jefa del servicio de planificación económica en la Consejería de Hacienda, ha indicado en su comparecencia que en el caso de los contratos con la empresa Soluciones de Gestión, vinculada al «caso Koldo», sí hubo en principio financiación europea por 10,9 millones de euros, a solicitud del SCS.
En este caso, el SCS sí se acogió a los fondos europeos y se verificó que cumplía con los requisitos establecidos entonces para los contratos de emergencia y que se cumplieron las fases del procedimiento: contratación, recepción del material y pago.
El SCS solo pagó el material efectivamente recibido, no todo el inicialmente contratado, debido a problemas con los proveedores con la calidad de algunas partidas de mascarillas.
No hay constancia de gastos para RR7
A las preguntas de los grupos de Partido Popular y Coalición Canaria, Almeida manifestó que desconoce por qué la Fiscalía Europea asumió el caso mascarillas en noviembre de 2022 si el contrato con RR7, que es el que dio origen al procedimiento judicial, no estuvo financiado con fondos europeos.
Almedia dejó claro reiteradamente que no existe constancia de ninguna declaración de gastos presentada por el SCS solicitando ayuda de fondos europeos para el contrato con RR7.
En el caso de Soluciones de Gestión, los gastos realizados por el SCS estaban certificados y sometidos a controles de primer nivel a partir de la documentación presentada y no se detectaron irregularidades concretas, de manera que la retención posterior de la subvención fue «una medida de prudencia» ante la judicialización del caso.
