El Gobierno enviará este requerimiento en relación con aquellas actuaciones que vulneren o menoscaben la ley de interrupción voluntaria del embarazo
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un acuerdo por el que se requiere de incompetencia al Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León en relación con aquellas actuaciones que vulneren o menoscaben la ley de interrupción voluntaria del embarazo.
Este requerimiento de incompetencia al Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco, en medio de la polémica por las medidas antiaborto auspiciadas por Vox en esta comunidad, se refiere a cualquier actuación, incluidas las constitutivas de vía de hecho que vulneren o menoscaben los derechos regulados en la citada ley.
El Gobierno de Castilla y León tiene un plazo de un mes para contestar a este requerimiento.
Según ha indicado este martes el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en el caso de que no se dé una «cumplida y satisfactoria respuesta» desde la Junta de Castilla y León el Gobierno iniciará acciones, dentro del mismo procedimiento, ante el Tribunal Constitucional «en defensa de los derechos de las mujeres».
Necesidad del requerimiento
En declaraciones a los periodistas en un desayuno informativo, ha insistido en que el Gobierno no va a permitir «ni un solo retroceso en los derechos y libertades de las mujeres en ningún territorio de España» y ha agregado que se está trabajando en todas las opciones posibles.
Bolaños ha justificado la necesidad del requerimiento que este martes se aprueba «con motivo de las noticias que se están conociendo en Castilla y León y con ese protocolo que pretende aprobar su Gobierno contra los derechos de las mujeres y contra sus libertades».
Ha explicado que se trata de un requerimiento de incompetencia «porque están extralimitando las competencias que tiene el Gobierno de Castilla y León» y tiene como objetivo también que «cesen en la vulneración de derechos de las mujeres y libertades de las mujeres».
«Es lamentablemente hasta normal y habitual que la ultraderecha pretenda que las mujeres retrocedan 50 años. Es menos normal que el líder de la oposición, el señor (Alberto Núñez) Feijóo enmudezca ante esta circunstancia», ha añadido.
Bolaños ha advertido de que el Gobierno «estará ahí» para defender los derechos de las mujeres con todas las medidas legales que tenga que adoptar.
En relación al requerimiento enviado el pasado día 15 por el Gobierno a la Consejería de Sanidad de Castilla y León para que se abstenga de aprobar o aplicar medida alguna que vulnere la actual normativa con respecto a la interrupción voluntaria del embarazo, el ministro ha indicado que aún no se ha recibido respuesta.
Medidas desconocidas
Por su parte, la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, ha subrayado que el Gobierno no está dispuesto a permitir «que se retroceda ni un milímetro» en los derechos de las mujeres y se prepara para impulsar «cuantas iniciativas sean necesarias» para impedir la «tropelía» de las medidas antiabortistas anunciadas por la Junta de Castilla y León.
Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha confirmado que el Gabinete ha aprobado un requerimiento de incompetencia dirigido al Gobierno de la Junta, como paso previo a un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional.
Eso sí, la ministra ha dejado claro que las medidas anunciadas por Castilla y León son todavía desconocidas y ha considerado «contradictorias» e «insuficientes» las explicaciones del vicepresidente de la Junta, Juan García Gallardo, y del presidente de la comunidad autónoma, Alfonso Fernández Mañueco, sobre lo que piensan hacer respecto a las mujeres que quieren abortar.
Las medidas antiaborto también abren grietas en el Gobierno autonómico
Lo que comenzó el pasado jueves con una rueda de prensa del vicepresidente del Gobierno de Castilla y León, Juan García-Gallardo, en la que anunciaba una serie de medidas «provida», ha devenido en un lío de desmentidos, reafirmaciones y documentos fantasma que podría acabar en el Tribunal Constitucional y con la revisión del acuerdo para gobernar la Junta o incluso con una ruptura.
En Vox insisten en que la formación evaluará el pacto de Gobierno con el PP en Castilla y León y «actuará en consecuencia» si el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, no cumple con el acuerdo.
«Se revisarán las condiciones del pacto», ha dicho el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, tras puntualizar que ello no significa salir del Ejecutivo castellano-leonés, pero sí «reevaluar» el pacto.
No obstante, horas antes el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, había ido más allá al asegurar en una entrevista en La 2 y en Ràdio 4: «Si no se cumplen los acuerdos, tendremos que revisar si seguimos en el Gobierno».
Según Espinosa de los Monteros, lo que se hizo público el jueves fue «un protocolo de latido fetal para todas las mujeres embarazadas que quieran» y para «promover el acceso a una ecografía 4D a las gestantes».
Ha señalado además que espera que ese protocolo se emita en las próximas horas o días.
Feijóo ha defendido que la propuesta de VOX no tiene «ningún interés»
Casi al mismo tiempo que Rodríguez censuraba el silencio de Feijóo durante estos días, el líder del PP señalaba en una entrevista en Telemadrid que daba por zanjada la polémica por las medidas antiabortistas, que no se implementarán, y ha defendido que el posicionamiento del vicepresidente de Vox no tiene «ningún interés» porque no tiene competencia en Sanidad.
Cuando le preguntaron sobre el amago de Vox de romper el Gobierno de coalición y sobre unas posibles elecciones, ha subrayado que quien convoca elecciones es el presidente autonómico.
Estamos, ha reiterado, ante un «burdo intento de manipulación» por parte del Gobierno de Sánchez, al que ha acusado de actuar con un requerimiento «lamentable» y «gaseoso».
«Ni en Castilla y León ni en ningún lugar donde gobierne el PP se puede coaccionar a ninguna mujer que quiere interrumpir su embarazo conforme a la ley vigente», ha recalcado.
Feijóo ha definido además la postura de su partido sobre el recurso que ahora abordará el TC, al apuntar que la «discrepancia sustancial» del PP respecto a la normativa actual es el consentimiento paternal en menores y el resto de cuestiones «no son mollares» con el criterio actual.
Mientras tanto, el presidente Mañueco anunciaba en su perfil de Twitter que enviará una carta a Sánchez en la que insiste en que «no habrá ninguna modificación en el protocolo de atención a la interrupción voluntaria del embarazo».
