La diferencia en el tratamiento penal entre la Fiscalía peninsular y la de Canarias provoca una situación compleja para los migrantes y para la Comunidad Autónoma
Según un estudio de las sentencias sobre favorecimiento de la inmigración irregular, elaborado por el abogado Daniel Arencibia, existe un tratamiento penal distinto entre las fiscalías canaria y peninsular.
En la Comunidad canaria se establecen mayores penas de prisión que se traducen, asegura, en un aumento de la mendicidad.
En Canarias, tres de cada cuatro patrones de pateras acusados por delitos contra los derechos de ciudadanos extranjeros aceptan la pena que pide la Fiscalía. Así, en un 75% de las sentencias analizadas por el abogado Daniel Arencibia, esta pena es de tres años. Una cifra muy diferente a los dos años que se piden en provincias como Baleares o Almería que, además, permiten solicitar la suspensión de la pena.
Esto, asegura Arencibia, tiene un impacto muy grave, no solo para los migrantes, que cuentan con unos cinco años de antecedentes penales que les impiden moverse por el territorio nacional; sino también para la Comunidad Autónoma, dado que mantenerlos en prisión cuesta, según el abogado, unos 6 millones de euros. Cualquier extranjero que haya sido condenado a penas de un año y un día ya puede ser expulsado administrativamente.
Su labor finaliza con el juicio y el control del cumplimiento de la sentencia, pero hay «determinados aspectos sociales» de los que se «tendrá que hacer cargo el Estado», asegura Teseira García, Fiscal de Extranjería.
