Canarias encarga un estudio para medir el impacto de la economía sumergida en las islas

La economía sumergida está en torno a un 25 % del Producto Interior Bruto (PIB), unos 12.000 millones de euros

Bajo número de empleadas del hogar en la Seguridad Social
Una empleada de hogar. Imagen de recurso Europa Press

La consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Matilde Asián, ha anunciado este miércoles que su Ejecutivo va a encargar la elaboración de un estudio para conocer el impacto de la economía sumergida y el fraude fiscal en el archipiélago.

En respuesta a una pregunta del Grupo Popular en comisión parlamentaria ha admitido que «siempre va a haber escasos recursos» para perseguir el fraude y ha planteado, como objetivos, «segmentar» mejor a los contribuyentes y aumentar la «cultura tributaria» entre los ciudadanos.

La consejera ha apuntado que la estructura tributaria no puede ser un «totum revolutum» y se ha mostrado partidaria de hacer «acciones preventivas» dado que hay mucha gente que «incumple porque no conoce».

En esa línea ha indicado que la lucha contra el fraude «es una constante» y en un contexto de baja presión fiscal en España, en comparación con el resto de la UE, pero son un «esfuerzo altísimo» porque hay mucha economía sumergida y «siempre pagan los mismos».

Fernando Enseñat (PP) ha cargado contra los «malos resultados» del anterior equipo de la Consejería de Hacienda, que ni siquiera llegó a elaborar el estudio al que se había comprometido con los presupuestos de 2021.

La economía sumergida, en torno al 25 % del PIB

Ha señalado que la economía sumergida «es un castigo, una lacra» valorada en torno al 25% del PIB, unos 12.000 millones de euros que suponen una «competencia desleal» para la economía que «pone en peligro» a empresas y autónomos y es un «agujero» para la recaudación de la comunidad autónoma. «Se trata de que paguemos todos para que paguemos menos», ha agregado.

Asimismo ha cuestionado la «falta de apoyo» del anterior Gobierno a la Agencia Tributaria Canaria dado que hay «déficit de personal», con menos trabajadores ahora que al comienzo de la pasada legislatura.
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