La cifra de 7 menores asesinados en crímenes de violencia vicaria supone el peor inicio de año en este ámbito desde 2013, fecha en la que empezó a llevarse a cabo el registro de menores víctimas de violencia de género.
Desde el año 2013, un total de 60 niños y niñas han sido asesinados por sus padres o las parejas y ex parejas de sus madres en nuestro país. Se trata de crímenes de Violencia Vicaria, una forma de violencia de género cuyo nombre acuñó la psicóloga Sonia Vaccaro y que supone la muestra más extrema de violencia de género en la que los maltratadores buscan ocasionar a las madres el mayor daño en vida.
En estos primeros meses del año se ha registrado una cifra de asesinatos por violencia vicaria superior a la de cualquier otro año. De ello se ha hablado esta semana en la sección de igualdad que cada semana conduce la delegada de Igualdad de RTVC, Noemí Galván, en Buenos Días Canarias.
La invitada de esta semana ha sido Altamira Gonzalo, integrante de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, quien ha asegurado que es necesario analizar en qué se está fallando. En ese sentido, valora la reunión del Observatorio Estatal de Violencia de Género, pero recuerda que ya hay medidas legales adoptadas desde 2021 que no se están aplicando adecuadamente. Se ha referido, por ejemplo, a la propia Ley Integral de Protección a la Infancia (LOPIVI) que ya recogía medidas en este sentido. Ha recordado, asimismo, que el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Criminal se modificaron ese mismo año para que pudiera retirarse el régimen de visitas, ante el mero indicio de que un menor hubiera estado expuesto a violencia de género.
Brecha en la protección
En opinión de esta experta, el denominado «interés superior del menor» está convirtiéndose en un motivo que genera brechas de seguridad. Altamira Gonzalo ha recordado que la ley establece que, en términos generales y no como una excepción, debe producirse esa retirada de régimen de visitas. En ese sentido, ha recordado que en dos de los siete casos de violencia vicaria de este año, ya existía denuncia previa y medidas de protección establecidas.
Asegura que con la decisión de mantener las visitas, se ha dejado a los y las menores desprotegidos.
