Se trata de un pronunciamiento no vinculante, por lo que el Gobierno no está obligado a incluir sus recomendaciones en el proyecto definitivo
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) informará el lunes sobre el anteproyecto de la Ley de Memoria Democrática. Un dictamen cuyo borrador no gusta a las asociaciones memoralistas que agrupan a las víctimas del franquismo pero que confían en que sirva para desbloquear el impulso a esta nueva ley.
Se trata de un pronunciamiento no vinculante, por lo que el Gobierno no está obligado a incluir sus recomendaciones en el proyecto definitivo que próximamente aprobará el Consejo de Ministros para su remisión a las Cortes, donde comenzará una tramitación que, dados los plazos reglamentarios, será imposible concluir antes del verano.
Son casi nueve meses los que han pasado desde que el 15 de septiembre el Gobierno dio el visto bueno a un anteproyecto normativo ya dictaminado por el Consejo Fiscal y sobre el que también se han pronunciado los colectivos de memoria histórica.
El proyecto de informe del órgano de gobierno de los jueces adelantaba su objeción a uno de los aspectos más emblemáticos de la nueva norma, aunque no el de mayor repercusión: la posibilidad de disolver una fundación por hacer apología del franquismo.
El CGPJ apunta que puede no ser factible cerrar una entidad como la Fundación Francisco Franco porque aunque sus ideas sean contrarias a los valores constitucionales están amparadas por la libertad de expresión.
Del mismo modo indica que no se podrían sancionar los actos públicos de exaltación del franquismo protegidos por la libertad de manifestación y reunión, y alerta de que la ley podría tutelar «de forma asimétrica» la dignidad de diferentes víctimas durante el período histórico comprendido entre la Guerra Civil y la dictadura.
