La vicepresidenta de la Comisión Europea responsable de Justicia, Vera Jourova, ha avanzado este martes que sus servicios están analizando la polémica ley recién adoptada en Hungría que censura charlas sobre homosexualidad en los centros escolares para «encontrar la base legal adecuada» que permita a Bruselas expedientar al Gobierno de Viktor Orbán en el marco de sus competencias.
«Creemos en una Europa que abrace la diversidad y no una que la esconda de sus hijos», ha lamentado Jourova en una rueda de prensa en Luxemburgo, al término de una reunión de ministros de la UE en la que se ha abordado entre otros asuntos la preocupación general por la deriva antidemocrática en Hungría y Polonia.
Jourova ha confirmado que tanto Bruselas como una mayoría de Estados miembro comparten una «gran preocupación» por la situación en estos dos países, en donde no se ha mitigado el riesgo para el Estado de derecho que llevó a activar sendos procedimientos en el marco del artículo 7 del Tratado de la UE, previsto para actuar contra amenazas graves.
«La libertad de expresión tiene que ser protegida y nadie debería ser discriminado en base a su orientación sexual. Estamos mirando la ley y evaluando si viola el Derecho de la UE», ha resumido Jourova.
La ley húngara, motivo de controversia
El Parlamento húngaro adoptó la semana pasada una norma que, bajo el marco de reforzar la lucha contra la pedofilia, introduce medidas que discriminan y estigmatizan a los homosexuales en particular y al colectivo LGTBIQ en general.
Esta medida ha alertado a varios de los socios europeos y este mismo martes, con el impulso del Benelux, un grupo de trece países ha criticado duramente la reforma húngara e instado al Ejecutivo comunitario a utilizar «todos los instrumentos» en su mano, incluido el recurso al Tribunal de Justicia de la UE, para actuar.
Preguntada por los planes de Bruselas, Jourova ha insistido en que desde la Comisión no tienen «otra opción que hacer un análisis legal» de la situación y actuar dentro de los límites de sus competencias, porque «también la Comisión tiene que jugar de acuerdo a las reglas del Estado de derecho».
Jourova ha señalado la educación, la libertad de expresión y el derecho a la no discriminación como los ámbitos en los que Bruselas podría tener margen para actuar, pero ha subrayado que deben «encontrar la base legal adecuada y eso lleva tiempo».
«Dennos algo de tiempo para volver en el momento adecuado con la solución, si hay una base legal para lanzar una infracción», ha remachado.
