Román Martín está acusado de un presunto delito continuado de prevaricación por impedir a la oposición tener acceso a documentos y a determinada información
El exalcalde de El Tanque, Román Martín, se sentará la próxima semana en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, al considerarlo la Fiscalía responsable de un supuesto delito continuado de prevaricación por impedir a la oposición tener acceso a documentos y a determinada información.
Por este cargo la Fiscalía solicita 14 años de inhabilitación por la vulneración del Código Penal o alternativamente cuatro si se diera otro tipo de supuesto.
En caso de hacerse efectiva la condena estos años se sumarían a los 14 a los que fue penado por la construcción de una residencia de ancianos y otros diez por contratación ilegal de trabajadores municipales.
El Ministerio Público cree que el exalcalde actuó “con absoluto desprecio hacia la legalidad vigente” al negarse de forma “sistemática y persistente”, a que la oposición pudiera realizar sus funciones de participación política y fiscalizadora.
Especialmente ocurrió al impedirles la consulta de los expedientes de contratación del Ayuntamiento con dos empresas, así como en lo relativo a la apertura del Centro de Día de la Tercera Edad, asunto este último por el cual quedó inhabilitado en su momento.
Por ello, el concejal no adscrito del PSOE, partido del exalcalde, Pablo Estévez González y el de Coalición Canaria (CC), Faustino Alegría, en 2014 acudieron a los tribunales al no poder tener una copia de los decretos y resoluciones de Alcaldía o de las actas de las Juntas de Gobierno.
Todo ello, según la denuncia, debido a las órdenes dadas a través de indicaciones verbales o por escrito, pese a que la Secretaría se mostraba favorable al acceso a esta información.
«Alegaba elevado volumen de trabajo o personal de vacaciones»
La Fiscalía relata lo ocurrido en una veintena de ocasiones en las que los concejales de la oposición comparecían ante este Departamento, pedían copias de los documentos y el alcalde se los negaba alegando el elevado volumen de trabajo, las vacaciones o que la secretaria no era titular.
En todos los casos los concejales dejaban constancia de su comparecencia y la negativa del alcalde, pese a conocer “la ilegalidad” de su comportamiento.
Una de las veces se les comunicó que podían tener esta información “el próximo viernes” cuando ese día el Ayuntamiento estaba cerrado por las fiestas navideñas o se les decía que tendrían los documentos “en las próximas semanas”.
Los denunciantes dejaron constancia en el Registro de que habían solicitado copia de las actas de las juntas de gobierno, acceso a expedientes de contratación con la empresa y la relación completa de los decretos y resoluciones de la Alcaldía a las que la Secretaría hubiese levantado reparos.
Otro tanto ocurrió con las peticiones de escritos sobre la apertura del Centro de Día y Miniresidencia o un informe de la Viceconsejería acerca de las retribuciones del grupo de gobierno.
También se repitió con la omisión “de forma sistemática y reiterada” en los órdenes del día de diversas sesiones plenarias, de los puntos en los que se debía dar cuenta de los decretos y resoluciones de Alcaldía, lo que va en contra de la las bases de Régimen Local, según la Fiscalía.
«Nos trataba como si no fuéramos nada y nos negaba la mínima información»
Cuando se presentó la denuncia el primer edil, “nos trataba como si no fuéramos nada y nos negaba la mínima información”, especialmente sobre las contrataciones con una empresa supuestamente vinculada al PSOE por lo que sospechaban de un posible trato de favor y la residencia, cuya construcción fue declarada luego ilegal.
Estévez recuerda que antes de abandonar el partido advirtió a sus dirigentes de la “falta de rigor y cómo se saltaba la ley” el entonces alcalde, lo que culminaría con las mencionadas condenas.
Indica que la situación llegó al punto de que en un momento dado Martín obligó a la secretaria a que le diera todos los documentos a los que según ésta tenían derecho a acceder los denunciantes, con la excusa de que él mismo se los haría llegar a la oposición, lo que nunca ocurrió.
