Ascav entrega más de 6.000 firmas y 685 escritos de asociaciones empresariales para un moratoria de un año y negociar un nuevo proyecto de ley de vivienda vacacional
La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav) ha entregado 6.067 firmas y 685 escritos de asociaciones empresariales para reclamar al Parlamento regional y al Gobierno autonómico una moratoria urgente de un año para negociar un nuevo proyecto de ley de vivienda vacacional.
La presidenta de Ascav, Doris Borrego, ha informado en declaraciones a los medios de comunicación tras entregar las firmas a la presidenta del Parlamento autonómico, Astrid Pérez, que con esta moratoria se pretende paralizar nuevas altas de viviendas vacacionales y consolidar las ya existentes.
Además se pide a las máximas instituciones autonómicas que se forme una mesa de trabajo para consensuar y elaborar con todas las administraciones y agentes sociales un nuevo marco normativo que regule la vivienda vacacional en Canarias.
Críticas al anteproyecto de ley
Doris Borrego ha señalado que el anteproyecto presentado por la Consejería de Turismo presenta dificultades muy importantes, como el cumplimiento de actividad clasificada, y ha pedido que los apartamentos que no se comercializan en una unidad de explotación tengan la posibilidad de dedicarse al alquiler vacacional.
Si se tramita el anteproyecto en los términos actuales se impedirá a las familias canarias continuar en esta actividad, ha advertido la presidenta de Ascav, quien ha reclamado el derecho de los isleños a seguir beneficiándose «de este pastel turístico que es patrimonio de todos los canarios, y no sólo de unos pocos».
Ascav emprendió la iniciativa de recoger firmas ante el procedimiento «engorroso y difícil» de presentar alegaciones al anteproyecto, pese a lo cual se han formulado casi mil en pocos días, ha indicado.
También ha recordado que Ascav alertó en su momento del efecto llamada que iba a causar dicho texto, lo que ha provocado que un 20 por ciento de las viviendas vacacionales que se han dado de alta ni siquiera se dediquen a la actividad, pero se han inscrito «por si acaso».
Lo que está claro, ha proseguido Doris Borrego, es que «prácticamente nadie está de acuerdo» con el anteproyecto, ni cabildos, municipios, federaciones de empresarios «y mucho menos los propietarios de viviendas» vacacionales, un sector que genera más de 1.700 millones de euros «que no creemos que Canarias esté ahora mismo en posición de perder».
No es causante de la falta de vivienda
Además ha subrayado que «en ningún caso» el sector es el causante de la falta de vivienda en Canarias, a su juicio «un mantra muy interesado» para dañar una actividad que tiene unas 67.000 viviendas de alquiler vacacional, de las que el 20 por ciento están operativas.
En todo caso, con 211.000 viviendas vacías y 30.000 en venta, que haya casas que hayan salido del mercado del alquiler es culpa de una ley que no da seguridad jurídica a los propietarios, ha considerado la presidenta de Ascav.
