Tres hombres de 35, 33 y 19 años, los dos primeros con numerosos antecedentes policiales han sido detenidos por agentes de la Policía Nacional como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en un establecimiento comercial. Los autores fueron sorprendidos por una patrulla policial, tras una persecución, al ser sorprendidos entenado hacer un butrón para asaltar una joyería en Adeje, al sur de Tenerife.



Sobre las dos horas de la madrugada un coche patrulla realizaba funciones de vigilancia y prevención en Adeje, y observó que tres individuos vestidos de negro, huían corriendo en distintas direcciones. Otros dos vehículos policiales que se encontraban en la zona, colaboraron en la persecución, interceptación y posterior detención de los tres individuos que huían.



Una vez realizada una inspección ocular en la zona donde se había originado la huída, los policías pudieron comprobar que había sido forzada la puerta de acceso de un establecimiento. Que dentro del establecimiento, al lado de una pared colindante con una joyería, se encontraban en el suelo varias herramientas, incluido un gato hidráulico, a la vez que se observa un agujero en la pared, y desde éste se puede ver el interior de una caja fuerte, correspondiente a la joyería.



Por tales motivos se procede a la detención de los tres individuos que huían del lugar, y su traslado a dependencias policiales para la practica de las correspondientes diligencias.



Finalmente, a través de la declaración del propietario de la joyería, los hechos han sido en grado de tentativa, ya que no pudieron sustraer nada.



Los detenidos, junto al atestado instruido al efecto, fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial competente.



Las actuaciones han sido realizadas por Policías Nacionales de la Comisaría de Policía Nacional del Sur del Tenerife, Adeje.

La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias repartirá 4.309 tabletas con conexión a internet entre el alumnado con menos recursos de distintos niveles educativos.



En una nota de prensa, el Ejecutivo regional ha señalado que la distribución se realizará en dos fases, la primera, de 1.309 dispositivos, ha comenzado esté lunes y la segunda (de las unidades restantes) a partir de la próxima semana.



De esta cantidad, un total de 1.309 tarjetas SIM de datos para la conexión a internet han sido remitidas por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, y están dirigidas a alumnos de 2º de Bachillerato y FP.



En dicho reparto se priorizará al alumnado de aquellos cursos de cambio de ciclo educativo y con mayor necesidad de apoyo pedagógico.



La consejera de Educación, María José Guerra, ha dicho que el objetivo de estas medidas es facilitar la continuidad de la atención pedagógica de todos los estudiantes, eliminando la brecha digital y las desigualdades que existen entre el alumnado en relación al acceso a redes y equipamiento informático.



Asimismo, destacó que a estos recursos se suman los distribuidos por los propios centros educativos, ayuntamientos y cabildos de las Islas, que están colaborando con el Ejecutivo canario para dar cobertura a las necesidades del alumnado, «y garantizar así el derecho constitucional a la Educación, así como el derecho del alumnado y las familias a estar en contacto con el profesorado».



INTERNET



Estas actuaciones parten de una encuesta realizada por este departamento autonómico a los equipos directivos de todos los centros educativos de Canarias destinada a identificar al alumnado con problemas de conectividad o falta de equipos informáticos.



Los datos de estas consultas están siendo analizados por Educación con el propósito de elaborar un listado de necesidades en cada centro de todas las islas.



Por su parte, el director general de Ordenación, Innovación y Calidad educativa, Gregorio Cabrera, destacó que «el propósito es que ninguna familia de las Islas con hijos en edad escolar quede apartada de la senda educativa por falta de recursos económicos que le impidan estar conectados».



Finalmente,, con el fin de reducir las desigualdades en materia educativa derivadas de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, la Consejería de Educación firmará un convenio de colaboración con Caixabank para la entrega a las familias con servicio de comedor de cuota cero del Archipiélago de tarjetas monedero con saldo por valor de 120 euros para la compra de alimentos.

La Asociación de La Pequeña y Mediana Empresa de El Hierro (APYME) ha pedido a las administraciones insulares que pongan en marcha de manera urgente un paquete de medidas dirigidas a paliar los efectos que la crisis ocasionada por el Covid-19 está generando en pymes y autónomos.



“Para las pequeñas y medianas empresas de El Hierro no es posible esperar más ni continuar en esta situación de incertidumbre sin contar con el compromiso y respaldo de nuestras instituciones”, afirma el presidente de APYME El Hierro, Feliciano López.



López advierte de que “ya hay empresas en El Hierro que no volverán a abrir sus puertas cuando todo esto acabe”.



El presidente de APYME El Hierro pide al Cabildo herreño que dé a conocer las medidas contenidas en el plan de emergencia económica que ha anunciado y que en su opinión, podrían generar un poco de tranquilidad en el sector.



«Saber cuáles son las medidas y de qué tipo y profundidad es fundamental para saber en qué escenario inmediato y próximo nos moveremos”, expresa López.



“Es necesario imprimir tranquilidad y optimismo en el sector, y la única forma es saber si contamos con el respaldo y apoyo decidido de nuestras instituciones en no dejar caer a ningún autónomo, pyme y puestos de trabajo”, añade.



López asegura que la situación actual de empresas y comercios es insostenible, puesto que muchas, al no ser sectores esenciales, no cuentan con ninguna actividad y por consiguiente su rentabilidad es cero para empresarios y trabajadores, pero las que continúan ejerciendo su actividad se han visto afectadas su mantenimiento en más de 70% por la falta de afluencia de público, haciendo grandes esfuerzos para mantener sus puertas abiertas y sus plantillas de trabajadores activas.



Una situación que, que si en la actualidad es muy difícil de mantener, augura un futuro nada prometedor, puesto que hay tener en cuenta que sectores como la hostelería y el hospedaje, entre otros, directamente, y casi en su totalidad al resto de sectores productivos indirectamente, dependen del turismo, sectores que no solo se están viendo afectados ahora, sino que se van a ver afectados en un futuro próximo dependiendo de las medidas de desconfinamiento que se puedan arbitrar en atención a la situación sanitaria.



Un sector que en El Hierro se vera dos veces afectados, una por la crisis de Covid-19 y la otra por el ensayo de OSP Marítima que han puesto en marcha desde el Gobierno de Canarias, agrega.



En este contexto, añade López, pueden servir ejemplos como el del Cabildo de La Palma, que con el consenso de Corporación, formaciones políticas, agentes sociales y patronales empresariales, hace varias semanas puso en marcha, las primeras ayudas para autónomos y pymes, dotando de recursos económicos para el pago de tres de las cuotas de los seguros sociales de los trabajadores autónomos afectados por la crisis de Covid-19.

Kiko Sena trabaja como cocinero en un hotel de Lanzarote. Tiene cuatro hijos y es uno de los 160.000 trabajadores que se han visto afectados en Canarias por un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), que se hizo efectivo el 14 de marzo. Ha cobrado la parte proporcional del sueldo por esos 14 días, que son 600 euros. “Lo primero que hice fue sacarlos del banco para que no pasaran el cobro de algunos pagos que tenía que hacer”, dice. “O pago eso o como”, añade, ya que en la casa no entran más ingresos. También le dijo a su casero que no podrá pagarle los 500 euros del alquiler hasta el 10 de mayo, porque ese el día fecha en que recibirá el primer pago por parte del Estado.



El Servicio público de empleo estatal (SEPE) paga el día 10 de cada mes, pero ante la avalancha de expedientes, los datos de muchos de ellos no han entrado a tiempo para abril y cobrarán el mes que viene. CC.OO de Lanzarote ha denunciado esta situación, que achaca “al colapso del SEPE y al retraso de algunas empresas en trasladar los datos”. “Hemos recibido miles de casos, algunos realmente dramáticos. Muchos trabajadores desesperados se han visto obligados a solicitar alimentos a las diferentes ONG, porque no pueden mantener a sus familias durante tanto tiempo, con unos ingresos tan reducidos”, destacan.



Francisco Martínez, secretario de Acción Sindical, añade que muchas de las plantillas de los hoteles trabajaron hasta el día 24 de marzo pero les han fijado el ERTE desde el 13 o 14, cuando lo solicitaron, porque hicieron el ERTE con carácter retroactivo por cese de actividad aunque no cesaron ese día. “Les deben diez días”, dice. Martínez destaca que no entraron los datos para cerrar el mes porque el día 23 de marzo fue el día que se presentaron más ERTE, más de 8.000 en Canarias. Con el expediente, los trabajadores cobra solo el 70 por ciento de la base reguladora de su salario, y las empresas, según Martínez, no quieren adelantar lo que ya está generado, como la parte proporcional de la paga extra de verano. Muchos trabajadores han cobrado entre 400 y 600 euros y no cobrarán más hasta el 19 de mayo.



En el caso de Kiko ya ha pedido ayuda para alimentos al Ayuntamiento de Arrecife. El Cabildo también contempla alguna ayuda de este tipo, “pero solo para alimentación”, dice Vanessa Frahija, secretaria insular de CC.OO en Lanzarote, que dice que no hay ayudas de otro tipo y que la capacidad de ahorro en Canrias, con los salarios que hay, es casi ninguna. Destaca que “hay movimientos no confirmados entre la patronal, los bancos y el Gobierno para ver si se puede solucionar este tema”.



Hector Pérez, secretario de organización de UGT Canarias, señala que el retraso en el pago es un problema y que el sindicato ya advirtió de que no se debían hacer los ERTEs con carácter retroactivo porque los trabajadores van a cobrar del paro unos días que en realidad han estado trabajando . Señala que esta práctica es generalizada y que habrá que estudiar cómo se recuperan esos días. Respecto a los pagos, apunta que hay bancos que han llegado a un acuerdo con el SEPE para adelantar el pago del 10 de mayo a los trabajadores que lo necesiten y que es un procedimiento que está “en marcha”.



Algunas empresas que por sus características pueden seguir trabajando durante la crisis, también han prestando ERTE, aunque en este caso los presentan por causas productivas, porque aunque pueden seguir con su actividad ha bajado mucho su facturación, como en el caso de los medios de comunicación. Algunos de estos ERTE los han impugnado los trabajadores. Este tipo de expedientes requieren negociación y, en general, según Pérez, se está llegando a acuerdos con las empresas.



Desde CC.OO añaden que “es previsible, que posteriormente se tenga que aplicar un nuevo ERTE, esta vez por causas de producción, derivadas del Covid19”, y creen que en ese nuevo expediente tiene que ser fundamental la participación de los representantes de los trabajadores y las organizaciones sindicales. Por eso piden un cambio legislativo por el que sea necesario el acuerdo para la aprobación de este tipo de ERTE y así garantizar mejoras para los trabajadores, ya que ahora en la práctica supone que el empresario decida de forma unilateral las condiciones.



Sin despido ni ERTE



Por otra parte, desde el sindicato CC.OO denuncian también la “situación de abandono” en la que se encuentran trabajadores de muchas empresas que han encontrado sus lugares de trabajo cerrados y no obtiene respuesta de sus empleadores. “Siguen dados de alta pero no han cobrado, no hay ERTE ni carta de despido ni liquidación”, dice Francisco Martínez. Se trata de pequeñas empresas de todos los sectores que aseguran a su trabajadores que están tramitando los papeles de ERTE o de despido, “pero los trabajadores no reciben nada” y se escudan en el colapso del Servicio Canario de Empleo o en que las gestorías están desbordadas. El sindicato pide a las patronales “que demuestren su compromiso social en esta crisis y que no vuelvan a ser los trabajadores los que soporten nuevamente la peor parte”.



Aplazamientos



El Consejo de Consumidores y Usuarios, por su parte, ha solicitado tanto al Banco de España como a la Asociación Española de Banca y la Asociación Hipotecaria Española, que mejoren las condiciones de las medidas de moratoria de las hipotecas anunciadas por el Gobierno.



Los consumidores solicitan que estos organismos aporten información semanal “para gestionar mejor las posibilidades de obtener dichas moratorias”. Piden que las entidades bancarias vayan “más allá” de los tres meses brindados por el Gobierno, acordando con sus clientes plazos más amplios, que podrían ser de seis meses y que se contemple la condonación del interés remuneratorio durante ese periodo, “reanudándose la amortización tras el cese de la moratoria si el deudor ha conseguido recuperarse, u ofreciendo, en caso contrario la posibilidad de líneas de crédito extraordinarias para financiar la devolución de las cantidades aplazadas.

Uno de los colectivos que ve peligrar su futuro con la crisis del coronavirus es el de los abogados. La casi nula actividad en los juzgados ha reducido al mínimo su actividad y, aunque pueden trabajar desde casa, ven por delante un futuro poco alentador.



En Canarias hay aproximadamente unos 9.000 abogados, de los cuales la mayoría son autónomos. Están pasando un momento de incertidumbre porque, como todos, no pueden trabajar. La casi inactividad de los juzgados y el confinamiento obligatorio hacen que vean esta situación con pesimismo.



En la provincia de Santa Cruz de Tenerife hay 3.900 abogados, de los que 2.500 ejercen como tal. El resto, unos 1.400, están colegiados pero no ejercen. Todos ven con incertidumbre su futuro.



«La mayoría de los abogados que ejercen son autónomos, así que les está afectando muy gravemente esta situación. La actividad judicial está prácticamente paralizada», asegura el presidente del Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, Jose Manuel Niederleytner.



Toda la actividad judicial se paralizó en el momento que se decretó el estado de alarma. El cierre ha provocado que todos los asuntos queden pendientes y no saben cuando podrán retomarlos.

Canarias acabó la Semana Santa con 195.183 empleados afectados por los 26.267 expedientes de regulación temporal de empleo presentados en las islas desde que se declaró el estado de alarma, cifra que equivale al 25,4 por ciento de todos sus afiliados a la Seguridad Social.



La Dirección General de Trabajo del Gobierno de Canarias ha hecho pública este lunes la última cifra disponible sobre los ERTE solicitados en el archipiélago por causas de fuerza mayor debido al impacto en todos los sectores económicos de la epidemia de coronavirus, cuyos datos corresponden al viernes 10 de abril.



El 98,1 % de las solicitudes, que son tramitadas por centro de trabajo, corresponde a empresas de entre 1 y 50 empleados, con 25.458 expedientes.



Solo las empresas de entre 1 y 5 trabajadores acumulan 19.448 solicitudes, el 74,98 % del total.



«Este volumen de solicitudes en menos de un mes demuestra la efectividad de la flexibilización y agilización de los ERTE de fuerza mayor a la hora de proteger el empleo y a las empresas, pues de no haberse aplicado ahora podríamos estar hablando de más de 190.000 puestos de trabajo destruidos, no suspendidos temporalmente», señala la consejera de Economía y Empleo del Gobierno de Canarias, Elena Máñez (PSOE), en un comunicado.



Máñez aboga por ello por «dar ahora un paso más y prolongar en el tiempo los ERTE por causa de fuerza mayor vinculados al sector turístico» incluso después de que se levante el estado de alarma, como ha pedido formalmente el Ejecutivo canario al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.



Por actividad económica, en Canarias hostelería y comercio acogen el mayor número de expedientes, con el 32,15 % y el 25,94 % del total, respectivamente, seguidos por otros servicios (7,81 %), transporte y almacenamiento (6,76 %); y actividades artísticas recreativas y de entretenimiento (4,02 %).



A continuación aparecen las actividades administrativas y servicios auxiliares (4 %), actividades sanitarias y de servicios sociales (3,97 %), construcción (3,58 %), industria manufacturera (3,25 %) y educación (3,13 %).



En cuanto a la forma jurídica de la empresa, un 44,92 % de las que han presentado ERTE en Canarias son sociedades de responsabilidad limitada; un 38,08 %, personas físicas; un 6,22 %, empresas de ámbito de la Unión Europea; un 3,57 %, personas físicas extranjeras residentes; y un 2,44 %, sociedades anónimas.



Máñez subraya que las actividades directa e indirectamente relacionadas con el sector turístico «concentran en Canarias la mayor parte de los ERTE por causa de fuerza mayor».



Y recuerda que este sector supone el 35 % del PIB de la comunidad autónoma y un 40,4 % de sus empleos, lo que muestra «el especial impacto que tendrá la crisis de la COVID-19 en las islas».



Además, la consejera advierte de que el turismo «no se va a recuperar de un día para otro», sino que necesitará «medidas de acompañamiento específicas mientras dure su recuperación».



Por ello, el Gobierno de Canarias defiende prolongar la duración de los ERTE por fuerza mayor en el turismo más allá del estado de alarma: «Es una cuestión clave y una reivindicación estratégica del archipiélago para mitigar el impacto económico y social de esta emergencia en nuestro territorio», argumenta Elena Máñez.

Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado (FCSE) han realizado 296 detenciones en Canarias por incumplimiento de las restricciones a la movilidad establecidas por el estado de alarma declarado por el Gobierno de España mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, para hacer frente a la crisis sanitaria por el coronavirus COVID-19.



Asimismo, desde que entró en vigor el estado de alarma y hasta la pasada medianoche, los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional han cursado un total de 26.899 propuestas de sanción (denuncias) por este motivo en toda Canarias.



En el conjunto del país, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han llevado a cabo 4.547 detenciones y 527.173 propuestas de sanción.



Desde Delegación del Gobierno, junto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, se sigue trabajando para garantizar la salud y seguridad de los ciudadanos, así como el cumplimiento de las restricciones a la movilidad tras la vuelta a la actividad presencial de los servicios no esenciales.

Al menos 90.000 personas se encuentran trabajando en la construcción y la industria en Canarias. Dos sectores que han reanudado su actividad este lunes y que en el caso de la construcción lo han hecho de modo escalonado y con una guía de actuación.



Tranquilidad en esta primera jornada de trabajo, de un sector que en las islas aglutina unos 50.000 puestos directos de trabajo. La mayoría de las obras han recortado su horario y han reducido también el número de trabajadores. Eso sí, han cambiado algunas costumbres. Nada de compartir el desayuno con otros compañeros ni formar corrillos.



Otros aspectos que se tienen que tener en cuenta, según la guía elaborada por patronal y sindicatos es contar con un termómetro, no compartir herramientas o protectores, así como reducir al máximo los viajes y las visitas a las obras.



El Real Decreto publicado en el BOE especifica que en el caso de las obras tienen que ser de nueva construcción, denegando el permiso en aquellas casas o edificaciones en las que haya habitantes, excepto si se trata de una obra considerada de urgencia debido a una avería.



Por otro lado, los trabajadores de la construcción tendrán que devolver las horas no trabajadas de las últimas 8 jornadas laborales.



Aunque se ha vuelto a la situación de los primeros quince días del estado de alarma, se mantiene los protocolos d distancia junto a las medidas de higiene y protección. El objetivo es reactivar paulatinamente la economía.

Los cabildos y los ayuntamientos canarios han reclamado este lunes que se les autorice a utilizar sus superávit presupuestarios para luchar contra los efectos económicos y sociales de la pandemia de coronavirus, así como que sean gestionados por estas administraciones.



En una reunión con el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, y algunos de los consejeros autonómicos, los presidentes de los cabildos han reiterado la necesidad de que se les autorice la utilización del superávit para articular medidas extraordinarias en el ámbito social y económico, dentro de una planificación conjunta entre las administraciones que evite duplicidades.



Los presidentes insulares, agrupados en la Federación Canaria de Islas (Fecai), consideran que cada administración debe gestionar su propio superávit dentro de una planificación conjunta con el Gobierno de Canarias y los ayuntamientos.



También debe haber «una planificación mancomunada de endeudamiento», según proponen los cabildos.



En el encuentro los cabildos expusieron las dificultades que aún padecen algunas islas para disponer de material de protección sanitaria.



Por su parte, el comité ejecutivo de la Federación Canaria de Municipios (Fecam) ha mostrado la preocupación de los ayuntamientos por contar con liquidez para atender las necesidades de la población.



Los municipios quieren «disponer y gestionar» el remanente de tesorería y el superávit, ha manifestado la presidenta de la Fecam, María Concepción Brito.



«La medida establecida por el Estado de permitir a los ayuntamientos liberar el 20% del superávit para gasto social es insuficiente», según Brito.



La Fecam reclama «desbloquear el total del superávit», unos 4.500 millones de euros en la liquidación de 2019, y flexibilizar la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.



«Es necesario ir pensando en el medio y largo plazo para recuperar el tejido productivo y la inversión pública, por ello hemos puesto sobre la mesa la necesidad de establecer planes de recuperación económica», ha manifestado Brito.

La Federación Canaria de Balonmano (FCBM) pondrá en marcha un curso on-line que tendrá carácter oficial y valor federativo para poder entrenar a equipos de balonmano playa, con el propósito de exigir a partir de la próxima temporada esta titulación a todos aquellos equipos que participen en competiciones de carácter oficial.



Está destinado a todas aquellas personas que estén en posesión del título de monitor como mínimo, y poder obtener el título de especialista en balonmano playa. Aquellas personas que quieran efectuar el curso sin contar al menos con dicha titulación mínima, recibirán al término un certificado de aprovechamiento.



Las inscripciones se podrán realizar desde este lunes hasta el próximo 19 de abril y el coste del mismo será de 25 euros para las personas con licencia federativa en vigor y de 75 euros para los deportistas sin licencia. Toda la documentación está disponible en el apartado de formación de la Federación Canaria de Balonmano (www.fecanbm.com).



El curso se desarrollará del 20 al 25 de abril y constará de 12 horas lectivas que se impartirán on-line de 16:00 a 18:00 horas.