El gobierno aprueba en la Conferencia Sectorial de la Infancia una aportación de 22 millones a las comunidades autónomas, 8,5 para Canarias, para atender a menores migrantes no acompañados
La Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, celebrada este viernes en Madrid, aprobó la distribución del crédito destinado a las comunidades autónomas para la atención de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, por importe de 22 millones de euros. De esa partida, Canarias recibirá un total de 8,5 millones de euros. El gobierno canario considera que este dinero no cubre las necesidades de las islas.
“Esta aportación resulta claramente insuficiente teniendo en cuenta que Canarias ya soporta un déficit de 140 millones de euros en la atención de menores migrantes no acompañados. Por eso hemos insistido en el seno de la Conferencia en que la financiación se amplíe, no por un año, sino por todo el periodo hasta la mayoría de edad del menor, que es la única forma de que podamos garantizarles una atención adecuada”, enfatizó la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, tras la salida de la Comisión Sectorial.
El acuerdo de distribución del crédito destinado a las Comunidades Autónomas contempla, además de los 8,5 millones de euros para Canarias, una partida de 2 millones de euros para la Comunidad Autónoma de Illes Balears. También 7 millones de euros para la Ciudad de Ceuta y 4,5 millones de euros para la Ciudad de Melilla.
Urgencia en los traslados
Otro de los asuntos destacados en este reunión sectorial fue el de los traslados de menores no acompañados a otras comunidades autónomas. Delgado indicó que “se sigue avanzado en el proceso para la aplicación definitiva del Real Decreto Ley y el Real Decreto que lo desarrolla”.
El próximo paso será llevar nuevamente al seno de una segunda Conferencia Sectorial de Infancia prevista para julio la financiación de los traslados de menores. “Desde Canarias, seguimos exigiendo al Estado celeridad para el inicio de los traslados”.
“Eso sí, lo que no podemos es a esperar a septiembre, ya que es justo en esas fechas cuando se producen repuntes de llegadas de embarcaciones a las islas”, aseguró la consejera del área. Delgado indicó que “esperar a septiembre es totalmente inviable para un sistema totalmente colapsado como el que soportamos en Canarias, con la atención de un total de 5.685 menores migrantes no acompañados tutelados por el Gobierno canario”.
Delgado insistió en el traslado urgente a los más de 800 menores migrantes con protección de asilo, “que ya llega muy tarde”.
Por su parte, el Gobierno ha empezado ya a dar los primeros pasos para el cumplimiento del acuerdo Canarias-Estado sobre la tutela de los los 827 menores con protección internacional que hay en Canarias. El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha confirmado se hará de manera individualizada.
Rechazo de 11 comunidades autónomas
Once comunidades autónomas han llevado la norma ante el Tribunal Constitucional. Castilla-La Mancha, comunidad gobernada por el PSOE, ha lamentado que no se haya abordado un incremento de financiación. Asegura que ve «difícil» que el traslado de los menores pueda comenzar en agosto, un mes «bastante inhábil» para las administraciones. Lo ha precisado la consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, Bárbara García Torijano, tras la reunión.
García Torijano calificó la financiación de 100 millones de euros de «low cost». Avisa de que «son alrededor de 250 millones de euros los que hacen falta para atender esta crisis». Por eso, pidió a la ministra que «ponga pie en pared» y hable con Hacienda y el Gobierno.
Por su parte, las comunidades gobernadas por el PP han mostrado su rechazo al real decreto para la reubicación y el traslado de menores migrantes y piden más financiación.
En concreto, la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, insistió en la situación de «tensionamiento y colapso» que viven los centros de acogida de menores migrantes no acompañados en la comunidad. Se trata de una queja que llevan trasladando «desde hace casi dos años».
Dávila ha criticado al Gobierno central porque «no está planteando ningún plan» para revertir la situación y para «coordinar a las comunidades autónomas».
Además, tal y como había avanzado antes de entrar en la reunión, el real decreto ley que se pretendía desarrollar en la Sectorial de este viernes «está recurrido por 11 comunidades autónomas ante el Tribunal Constitucional (TC)», que representan «el 70% de la población del país».
Asimismo, el gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, Ángel Val, reiteró en la Sectorial de Infancia su rechazo a la reubicación de menores migrantes. El principal argumento que esgrime es la «posible inconstitucionalidad» del primer real decreto ley. Entiende que «invade competencias autonómicas» y que vulnera tanto «los derechos de los extranjeros en España» como «los derechos de los menores».
En cuanto a la distribución de un crédito de 22 millones de euros destinados a los territorios que padecen una mayor presión migratoria, cuestión que ha contado con el voto favorable aragonés, Val ha advertido de que esta dotación es «insuficiente» tanto para estas comunidades como para el resto.
Igualmente, desde el Gobierno de la Región de Murcia muestran, una vez más, su rechazo al reparto de menores migrantes. Aseguran que se trata «de un atentado contra los derechos de protección de los niños, niñas y adolescentes que llegan a la Región, esperando ser atendidos en unas condiciones dignas y adecuadas dada su especial vulnerabilidad».
Así lo ha expuesto este viernes la consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz. Mostró su malestar porque el Ministerio de Juventud e Infancia «siga sin reconocer a la Región de Murcia como zona especialmente afectada por la crisis migratoria». Quieren que se reconozca «a los 300 menores extranjeros que llegaron el pasado año procedentes de Canarias «a través del campamento que ha instalado el propio Gobierno central en Cartagena». Insiste en que tienen un sistema de protección «tensionado por encima del 200 por ciento de su capacidad».
Asimismo, criticó que «una acogida sin recursos, ni financiación, pone en riesgo los derechos de los menores». Un acto que ha calificado de «inhumano» por parte del Ejecutivo central.
En la misma línea, la vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, insistió en que la reubicación de menores migrantes no acompañados es una «imposición» del Gobierno central. Señaló que no ha ofrecido información a las autonomías sobre cuántos podrían ser trasladados. Además asegura que el Ejecutivo regional recurrirá también el Reglamento que desarrolle el Real Decreto Ley.
Así, aunque la consejera reitera la voluntad de Castilla y León de ser solidaria, advierte de que esta colaboración debe surgir «desde el diálogo, el acuerdo, el consenso y la igualdad entre todas las comunidades autónomas». También recordó que, pese a que desde Castilla y León se remitieron criterios, datos y aportaciones, la Comunidad fue «ignorada».
