Una de las principales reivindicaciones para convocar la huelga de los transportistas de la provincia de Las Palmas es la actualización salarial
Los transportistas de la provincia de Las Palmas han iniciado este lunes una huelga que, entre otras reivindicaciones, demandan una actualización salarial. Los sindicatos convocantes de la huelga del transporte discrecional y de mercancías no han llegado a un acuerdo en la reunión mantenida en el Tribunal Laboral Canario e inician este lunes la huelga prevista, según un comunicado conjunto Comisiones Obreras Canarias, UGT e Intersindical Canaria.
Según los sindicatos, el 80 % de los trabajadores llamados a la jornada de paro la han secundado. Las principales concentraciones se han llevado a cabo en el puerto de La Luz y de Las Palmas y en el aeropuerto grancanario.
En el caso del transporte de mercancías, las partes acordaron volver a reunirse este martes, 3 de octubre, una vez comenzada la huelga, para que la patronal presente una propuesta de actualización salarial a 31 de diciembre de 2022, sobre la que se negociará los incrementos salariales a partir del 1 de enero de 2023, ya que este es uno de los puntos que han llevado a la huelga.
En este encuentro el comité de huelga presentará una propuesta de actualización salarial de 2007 al 2022, conforme a la suma de los IPC de Canarias en dichos años.
Respecto al transporte discrecional, la patronal presenta una propuesta de incremento salarial para el año 2023 de hasta el 6 por ciento, para el año 2024 de hasta el 8, hasta el 6 por ciento para 2025, hasta el 5 por ciento para 2026 y del 3 por ciento para 2027.
Actualización salarial
La actualización salarial se limita a incrementar la diferencia de los salarios del 2011 en relación con el mínimo interprofesional, que no afecta a todas las categorías profesionales.
Para concretar la propuesta y valorar la suspensión de la huelga, las partes han acordado, a propuesta del TLC, volver a reunirse este martes. De todos modos, los sindicatos han asegurado que recurrirán ante la justicia los servicios mínimos «abusivos» decretados «unilateralmente» por la Consejería de Educación del Gobierno canario para el transporte escolar, que establecen un 100 por 100 de la cobertura «sin dignarse, siquiera, a escuchar a los sindicatos».
Recuerdan que en ocasiones anteriores los tribunales ya han concedido la suspensión cautelar de estos servicios por su carácter manifiestamente contrario a la ley. Para los sindicatos estos servicios mínimos contrastan con los de la Dirección General de Transporte para el resto de modalidades, que son el resultado de las conversaciones mantenidas con los sindicatos y la patronal.
