El Senado ha autorizado el traslado de 18 migrantes a Euskadi. Cuatro menores irán a Álava, siete a Bizkaia y otros siete a Gipuzkoa
La Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado ha autorizado este lunes el convenio firmado por Canarias y Euskadi para el traslado de 18 niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados entre ambas administraciones.
Lo ha hecho después de rechazar por unanimidad una iniciativa de Vox. Esta pedía revisar el pacto alegando que afectaba a competencias exclusivas del Estado.
En concreto, la propuesta de Vox, que finalmente ha sido rechazada, planteaba el Senado tuviera la última palabra sobre el convenio suscrito entre ambas comunidades autónomas. También, pedía que su tramitación pase por la propia Cámara Alta y, en su caso, también por el Congreso. De este modo, las Cortes Generales serían quienes decidieran si el pacto necesita o no autorización.
Migrantes en situación de desamparo y sin familiares
Canarias y el País Vasco habían acordado el traslado de menores migrantes en situación de desamparo y sin familiares que puedan asumir su guarda como modo de hacer frente a la «contingencia migratoria» que vive el archipiélago. En concreto, se había pactado llevar a cuatro menores a la provincia de Álava, siete a Bizkaia y otros siete a Gipuzkoa.
El Senado, en su condición de cámara territorial, tiene la potestad de autorizar o no los convenios a los que lleguen dos o más comunidades autónomas. Siempre que así lo proponga un grupo parlamentario.
En el caso de no presentarse propuesta alguna, el convenio se somete directamente a conocimiento del Pleno y no es necesario decidir si hace falta autorización o no.
ONGs piden personal especialista en infancia para atender a menores migrantes al llegar a Canarias
Varias ONGs han pedido la presencia de personal especialista en infancia en el momento del desembarco de menores migrantes no acompañados o la reseña policial.
Plataforma por la Infancia, Save the Children, Unicef y Amnistía Internacional solicitan también a la Fiscalía que no se realicen pruebas de edad sistemática, es decir, que no se realicen a menores en los que no cabe duda de que tienen menos de 18 años.
