La ministra ha acusado de «promover la cultura de la violación» en referencia a las campañas en las comunidades de Madrid y Galicia
La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha acusado este miércoles al PP de «promover la cultura de la violación que pone en cuestión la credibilidad de las víctimas» en referencia a sendas campañas en las comunidades de Madrid y Galicia dirigidas a la mujer para evitar agresiones sexuales.
Montero se ha expresado de esta manera durante la sesión de control al Gobierno en la que la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, le ha advertido de que esa expresión no era la adecuada y ha pedido respeto y contención en el lenguaje en el Pleno.
Ha sido en una respuesta a la pregunta del PP sobre la ley del «solo sí es sí», en la que diputada de ese grupo Belén Hoyo ha considerado que Montero debería dimitir porque «está regalando» reducciones de condena y excarcelaciones. «¿Es consciente de la gravedad de lo que está pasando? ¿se ha puesto en la piel de las víctimas?», le ha espetado a Montero.
Montero defiende la ley del «solo sí es sí»
La ministra ha tomado la palabra para defender la norma y ha enumerado varias de sus medidas más importantes para defender a las víctimas y reconocer sus derechos y reparación, tanto los del 8 % de las que presentan denuncia, como los del 92 % que no recurre a las administraciones y se mantienen en silencio por temor a no ser creídas.
En este punto, Montero ha hecho referencia a las campañas de sensibilización de las comunidades de Madrid y Galicia, gobernadas por el PP. A su juicio, responsabiliza a las mujeres de las posibles agresiones que puedan sufrir con eslóganes como «vigila tu copa» o «no debería pasar pero pasa».
«Ustedes promueven la cultura de la violación, que pone en cuestión la credibilidad de las víctimas», ha aseverado la ministra ante las sonoras protestas de la bancada del PP.
La presidenta de la Congreso ha pedido silencio a sus señorías en varias ocasiones. También se ha dirigido a Montero para afirmar que la expresión que ha utilizado «no es adecuada en términos parlamentarios» y ha pedido respeto en las expresiones y contención en el lenguaje.
Gamarra pide que asuma responsabilidades
Por su parte, la portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, ha pedido la palabra para «dejar muy claro» que es «altamente ofensivo» que una dirigente política que es responsable de las políticas de igualdad haya vertido esas afirmaciones contra un partido que «ha luchado y va a seguir luchando por la igualdad en este país».
Así, ha pedido a Montero que «asuma sus responsabilidades y sea más responsable, por lo menos, por respeto a las víctimas de las agresiones sexuales«.
Desde Vox, la diputada Inés Cañizares ha pedido también la dimisión de la ministra a la que ha acusado de «esconderse» y no asumir la responsabilidad de las rebajas de condenas a agresores sexuales tras la entrada en vigor de la ley, de la que ha dicho que «ejerce violencia institucional contra las mujeres».
La ministra ha afirmado que en el Parlamento y en la sociedad son más quienes quieren «más feminismo, más derechos y más democracia».
«A pesar de todas sus estrategias de violencia política vamos a seguir aquí legislando por los derechos de las mujeres», ha aseverado.
Polémica con la rebaja de condenas
La polémica sobre las rebajas de las condenas a algunos agresores sexuales tras la aprobación de la ley ha centrado buena parte de la sesión de control al Gobierno y también el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha salido en defensa de la misma.
«La ley del solo sí es sí piensa en las víctimas y cuando se tramitó en el Congreso lo único que escuché fue que la presunción de inocencia se rompía para el agresor», le ha espetado el ministro a la diputada del PP Macarena Montesinos, que ha denunciado el «dolor indescriptible» que esta ley está provocando en las víctimas.
Grande-Marlaska, que ha ironizado con que este partido lleva cuatro años y medio pidiendo su dimisión, sin éxito ha pedido al PP que no «cree alarma».
«Parece que están disfrutando», ha lamentado el titular de Interior, que ha considerado que la lucha contra los delitos que afectan a la libertad sexual en los que las mujeres son las principales víctimas «debe ser una política de Estado».
