El expresidente francés cumple una condena de cinco años y denuncia un “escándalo judicial” que, según él, humilla a Francia
El expresidente de Francia Nicolas Sarkozy ingresó este martes en la prisión parisina de La Santé para cumplir una condena de cinco años de cárcel por la financiación ilegal de su campaña electoral con dinero del régimen de Muamar Gadafi. Se trata del primer expresidente francés que entra en prisión, en una jornada calificada como histórica y controvertida.
Sarkozy abandonó su vivienda a primera hora de la mañana, acompañado por su esposa, Carla Bruni, y sus abogados. El convoy, escoltado por fuertes medidas de seguridad, recorrió el breve trayecto hasta la cárcel, donde el exmandatario ingresó para comenzar a cumplir la pena dictada por el tribunal de París.
Una condena aún no firme y una defensa desafiante
El exlíder conservador afronta cinco años de prisión por asociación de malhechores, aunque la sentencia aún no es firme. El juez ordenó su ingreso inmediato, mientras su defensa ha solicitado libertad provisional a la espera de que el caso sea revisado en segunda instancia.
Sarkozy ha negado reiteradamente las acusaciones y sostiene que es víctima de una “persecución política”. En un comunicado difundido este martes, el exmandatario afirmó: “No es un expresidente quien está siendo encarcelado, sino un hombre inocente”. También denunció un “escándalo judicial” y un “calvario” de más de una década. Insistió en que todo se basa en “un documento falso y un caso sin fondos reales”.
“No tengo ninguna duda. La verdad triunfará. Pero el precio será demoledor”, subrayó Sarkozy en su nota, en la que pidió no sentir compasión por él, sino por Francia, que, en su opinión, “ha sido humillada por la venganza y el odio”.
Reacciones políticas y respaldo institucional
La condena ha provocado una ola de apoyo desde sectores conservadores, así como gestos de respeto institucional. El presidente Emmanuel Macron recibió a Sarkozy el pasado viernes en el Palacio del Elíseo, un encuentro que calificó como “normal desde el punto de vista humano”, subrayando su reconocimiento personal hacia uno de sus predecesores.
Por su parte, el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, anunció que visitará a Sarkozy en prisión y defendió la actuación del Ejecutivo. A través de la red social X, afirmó que “la seguridad de un expresidente es un deber del Estado”. Igualmente aclaró que esta medida “no afecta la independencia de los jueces”, sino que responde a su obligación constitucional de vigilancia según el artículo 20 de la Carta Magna.
Sarkozy, presidente entre 2007 y 2012, ya había sido condenado previamente por corrupción y tráfico de influencias en otro proceso judicial.
