El Gobierno de Canarias apoya dotar al tomate canario del distintivo europeo de calidad, con el que ya cuentan el plátano y el aguacate.
El Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), entidad adscrita al Gobierno de Canarias, ha mostrado su apoyo a la solicitud de la Federación Provincial de Asociaciones de Exportadores de Productos Hortofrutícolas de Las Palmas (Fedex) de tramitar la solicitud de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) para el tomate canario. Se trata de un distintivo de calidad europeo.
Bajo este distintivo quedarían amparadas, siempre que cumplan los requisitos de identificación y trazabilidad establecidos en el pliego de condiciones y controles de calidad realizados por el ICCA, todas las producciones de ‘Tomate Canario’ de las variedades redondo liso, oblongo o alargado y tomate cereza, destinadas a consumo en estado fresco después de su acondicionamiento y envasado cumpliendo el marco legal y reglamentario vigente.
Este organismo de la Consejería regional de Agricultura ha señalado este viernes que, gracias a este distintivo europeo, «se garantiza que la calidad o reputación del producto se debe al medio geográfico donde se produce». Se trata de un distintivo que ya han obtenido el plátano de Canarias o más recientemente el aguacate producido en el archipiélago.
Estándares del distintivo
Entre los factores que se tienen en cuenta para otorgar este distintivo, están los naturales y humanos atribuibles al origen. Por esta razón, se establece como marca diferenciadora respecto al resto de producciones de otras procedencias.
Con este sello, se busca impulsar la economía rural, especialmente en zonas con limitaciones naturales u otros condicionantes específicos. Afectaría a zonas de montaña hasta territorios alejados del continente, como es el caso de las regiones ultraperiféricas, colectivo de la que forma parte Canarias.
En este sentido, el área de agricultura del Gobierno de Canarias ha destacado que este tipo de regímenes de calidad «pueden contribuir y servir de complemento tanto a las políticas de desarrollo rural como a las de apoyo en la comercialización y de ayuda a la renta que se aplican en el marco de la Política Agrícola Común».
Segunda oportunidad para el tomate
Esta solicitud no es la primera vez que se pone sobre la mesa, ya que hace unos años tanto Fedex como Aceto ya lo habían contemplado sin que finalmente se hiciera efectiva por diversos factores.
En esta ocasión, con el auspicio y respaldo del Cabildo de Gran Canaria, al que se ha sumado ya la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabido de Tenerife y productores de Fuerteventura, la solicitud vuelve a la palestra sustentada en factores naturales, tradicionales, geográficos, demográficos, históricos, económicos, sociales y culturales.
140 años exportando tomate
Y la solicitud llega este 2025, año en el que el sector en Canarias celebra los 140 años de esta actividad exportadora, «un hito que subraya la profunda raigambre, la resiliencia y el valor patrimonial, social y cultural de este producto insigne del campo canario», indica el comunicado de Agricultura.
El procedimiento para lograr la inscripción en el registro europeo consta de una primera fase nacional en la que se establece un periodo de información pública que, una vez transcurrido, otorga protección al nombre de la indicación mientras dure la fase de tramitación en las instituciones comunitarias.
Posteriormente, el proceso entra en un segundo estadio de tramitación a nivel europeo que comprende la solicitud de inscripción en el Registro de la Unión Europea, realizada por el estado miembro, y desde ese momento, la Comisión Europea cuenta con un plazo máximo de seis meses para examinar la solicitud, comprobar la documentación presentada y, en su caso, requerir información adicional.
Finalmente, cuando la Comisión comprueba que se cumplen las condiciones establecidas por la legislación europea publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea el documento único, así como la referencia a la publicación del pliego de condiciones y a su posterior inscripción en el Registro de Indicaciones Geográficas de la UE, tras un periodo de información pública.
