El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria traslada a la Fiscalía presuntas irregularidades cometidas por técnicos de Geursa
Geursa, la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas de Gran Canaria, dependiente del Ayuntamiento de la ciudad, trasladará a la Fiscalía Anticorrupción las presuntas irregularidades que ha detectado en la compañía relacionadas con el denominado ‘caso Valka‘.
Según ha informado este miércoles el concejal de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda de la capital grancanaria, Mauricio Roque, «la información emanada del proceso de cumplimiento normativo pone en evidencia irregularidades que afectan al desarrollo propio de la entidad», cuyo consejo de administración preside.
En el marco del ‘caso Valka’, la justicia indaga la posible comisión de delitos de prevaricación administrativa, prevaricación urbanística, tráfico de influencias, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, malversación de caudales públicos, falsedad en documento público y revelación de información privilegiada.
Investigados
En la presunta trama figuran como investigados el empresario Felipe Guerra; el jefe del departamento jurídico de Geursa, Luis Pérez; el excoordinador de Urbanismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria José Manuel Setién; el exjefe de Parques y Jardines del Consistorio Miguel Ángel Padrón; el jefe de su oficina técnica de Movilidad y Obras, Carlos Cabrera; y como persona jurídica se investiga también a la propia Geursa.
Roque ha señalado que esta información recabada en el marco del proceso de cumplimiento normativo, que tiene como finalidad evitar riesgos derivados de actuaciones no sujetas a las normativas establecidas además de garantizar su buen funcionamiento, se pondrá ahora a disposición de la Fiscalía Anticorrupción para que continúe con sus pesquisas.
«Llegados a este punto, el propio proceso de cumplimiento nos ordena que debemos suspender el proceso iniciado, y poner las evidencias encontradas en manos del fiscal correspondiente», ha justificado Roque. Ha detallado que las irregularidades detectadas tienen que ver con «una serie de actuaciones que no se ajustan a la normativa reguladora de los procedimientos».
Ahora, será el fiscal Javier Ródenas, delegado de Anticorrupción en Las Palmas, el que determine si esas actuaciones bajo sospecha pueden incurrir o no en algún delito.
Cese de la gerente
Mientras, en lo que a Geursa se refiere -y después de que en noviembre se haya cesado a su gerente, Marina Más-, el concejal ha insistido en que adoptarán «todas las medidas previstas en el propio cumplimiento normativo para garantizar tanto la presunción de inocencia y las garantías de confidencialidad para los informantes como para el funcionamiento normal y adecuado de la entidad».
La entidad municipal, precisa un comunicado del Consistorio, ha incorporado a su funcionamiento cotidiano un proceso de cumplimiento normativo que aporta una mayor garantía de control sobre las actuaciones desarrolladas en esta entidad y que son objeto de los controles habituales en las administraciones públicas.
De este modo, el proceso de cumplimiento aporta a las entidades estabilidad y continuidad en las actividades que desarrollan, así como el cumplimiento de los fines y objetivos para los que fue creada.
Desistimiento judicial
Precisamente se ha conocido ya el primer varapalo judicial a las defensas de Felipe Guerra y José Setién, dos de los seis investigados en la operación Valka.
El juez instructor de la causa, ha aceptado la tesis del fiscal anticorrupción y desestima declarar nulos los registros realizados por la Guardia Civil en sus domicilios. En esos registros los agentes se incautaron de documentación y dispositivos electrónicos en los que se analiza ahora si hubo vínculo corrupto entre el empresario y el ex responsable de Urbanismo de Las Palmas de Gran Canaria.
