Migdalia Machín afirmó que “con esta modificación legislativa, el Gobierno de Canarias da un paso firme hacia una protección activa, garantista y sostenible del legado cultural del Archipiélago”
La Consejería de Cultura del Gobierno de Canarias, que dirige Migdalia Machín, impulsa una profunda modificación de la Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias. El objetivo es dotar a Canarias de un marco normativo más eficaz, moderno y ajustado a las necesidades reales de protección, gestión y transmisión de nuestro patrimonio, tanto material como inmaterial.

El proyecto de reforma se presentó ante el Consejo Autonómico de Patrimonio Cultural, avanzando así en su tramitación con plena participación técnica y sectorial, que pretende abordarse mediante Decreto-ley por el estado de necesidad y urgencia que requiere la protección del patrimonio.
Para Machín, “con esta modificación legislativa, el Gobierno de Canarias da un paso firme hacia una protección activa, garantista y sostenible del legado cultural del Archipiélago. Es, en definitiva, una apuesta decidida por la memoria, la identidad y el futuro cultural de nuestra tierra”.

Reforzar la dimensión social y comunitaria del patrimonio
Machín destacó la importancia de reformar la Ley en varios puntos, especialmente en lo referente a los instrumentos, medidas y mecanismos de protección, para asegurar una protección eficaz de los bienes. “Esta reforma no solo mejora la operatividad administrativa y la seguridad jurídica, sino que refuerza la dimensión social y comunitaria del patrimonio, situando a la ciudadanía en el centro de las políticas públicas”.
El texto responde a la necesidad de corregir disfunciones detectadas por las administraciones públicas y operadores jurídicos, mejorando la eficacia de los procedimientos, fortaleciendo las garantías jurídicas y facilitando la cooperación entre instituciones y ciudadanía.
“Preservar el patrimonio no es solo conservar el pasado, sino preparar el terreno donde puedan enraizar la creatividad, el conocimiento y el sentido de pertenencia de las generaciones futuras. Apelamos, por tanto, a la corresponsabilidad institucional y al rigor parlamentario en esta tarea colectiva de cuidar lo que somos”, destacó la consejera.