El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, declara que la petición del Ayuntamiento capitalino se decidirá a la vista de los informes «de unos y de otros»
El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha garantizado que el ejecutivo responderá «con rigor» a la petición del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria sobre su declaración como zona de vivienda tensionada. Sin embargo, ha advertido de que no va a aprobar ninguna medida que lleve a la disminución de la oferta.
Durante su comparecencia en el pleno del Parlamento de Canarias, Rodríguez afirmó que es el Gobierno canario el competente para declarar zonas tensionadas. Aunque, lo que plantea el ejecutivo es que haya un protocolo para que los ayuntamientos solicitantes sean los que presenten sus informes.
Ese protocolo se incorporará al nuevo decreto sobre vivienda que prepara el Gobierno de Canarias, para que tenga rango legal o reglamentario.
Los informes serán determinantes
En el caso de la petición del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para ser declarada como zona tensionada, se decidirá a la vista de los informes «de unos y de otros», del Ayuntamiento y del Gobierno. También se va a dar trámite de exposición pública a la petición para que haya participación.
Después se analizarán todos los factores con rigor porque «no vamos a aprobar nunca ninguna medida» que lleve a la disminución de la oferta.
El consejero repasó las políticas sobre viviendas puestas en marcha por el Gobierno de Canarias para un problema que se ha agravado desde la crisis financiera de 2007-2008. Una situación que ya no afecta solo a los más vulnerables y a los jóvenes, sino al conjunto de la población.
«No hay una única causa detrás de este problema y, por tanto, tampoco hay una sola solución, sino varias», comenta Pablo Rodríguez. Asimismo, ha detallado que un tercio de los inscritos en el registro de demandantes de vivienda solicitan vivienda pública en régimen de alquiler, unas 10.000 o 11.000 personas.
Pero además, la mitad de los inscritos demandan en régimen privado, ya sea en alquiler o en compraventa, de manera que no solo se demanda vivienda pública. Por eso es necesario construir vivienda pública para los más vulnerables, pero también vivienda protegida en régimen de alquiler y compra-venta.
Construcción de vivienda
Rodríguez ha recordado que hace un año se aprobó el decreto de emergencia habitacional y que gracias a eso en 2024 se están construyendo 1.000 viviendas y en 2025 se iniciarán otras 1.000.
Otras medidas del decreto están enfocadas a incentivar al sector privado para la construcción de vivienda protegida, según mencionó el consejero.
Algunas medidas del decreto tienen más recorrido que otras y por eso se ha encargado un estudio de evaluación de cada una en colaboración con los ayuntamientos, ha indicado.
Ha insistido en que «nunca antes» se habían movilizado tantas herramientas para solucionar el problema de la vivienda. A su juicio, esto ha permitido «reactivar un sector que estaba prácticamente dormido, el de la construcción de vivienda protegida».
Pablo Rodríguez mencionó otros instrumentos para incrementar la oferta del parque de viviendas. Entre ellos detalló los convenios con cooperativas, la Hipoteca Joven Canaria y bonificaciones fiscales para propietarios de viviendas vacías.
Plan de Vivienda 2026-2031
En su comparecencia, Rodríguez anunció que este año se aprobará el Plan de Vivienda 2026-2031, que será «más realista para evitar frustraciones».
También se está preparando un nuevo decreto ley para agilizar la obtención de licencias urbanísticas. Este nuevo decreto incluirá el desarrollo de la figura de la vivienda asequible incentivada, destinada a familias con ingresos superiores a los requisitos de la vivienda pública pero que tienen dificultades para acceder al mercado libre del alquiler.
El nuevo decreto contará con más incentivos para que el sector privado construya vivienda protegida, ha adelantado el consejero.
Por los grupos parlamentarios, Patricia Hernández (PSOE) ha recordado que ayuntamientos como el de Las Palmas de Gran Canaria han pedido la declaración de zona de vivienda tensionada para que bajen los precios. Aunque, se ha producido sin que haya respuesta del Gobierno de Canarias, por lo que ha acusado al ejecutivo de no aportar soluciones.
José Javier Pérez (CC) aseguró que el problema de la vivienda procede del anterior mandato. De esta manera, se une el «fracaso» de la Ley Estatal de Vivienda. Jennifer Curbelo (PP) coincidió en el fracaso de la Ley estatal de Viviendas y del anterior Gobierno de Canarias.
Carmen Hernández (NC) ha recordado que entre 2009 y 2019, con CC al frente del Gobierno de Canarias, solo se construyeron 34 viviendas públicas. Después el pacto de las flores puso en marcha el plan canario de vivienda y ahora de nuevo CC «lo está haciendo peor», comentó.
Paula Jover (Vox) garantizó el apoyo de su partido a la política de vivienda del Gobierno de Canarias, aunque el ejecutivo siga desoyendo sus propuestas.
Melodie Mendoza (ASG) defendió aplicar más medidas, como actualizar las medidas fiscales o dar más facilidades a la autoconstrucción.
La Ley de Vivienda
El artículo 18 de la Ley de Vivienda 2023 establece que la Administración competente en Vivienda será la encargada de decidir cuando se declara una zona como tensionada. En el caso de Canarias, es por tanto la propia Comunidad Autónoma, es decir, el Gobierno de Canarias.
La propia ley establece que para ser declarada como zona tensionada se deben cumplir, al menos, uno de los cuatro requisitos. El precio del alquiler medio sumado a los gastos de suministros de la casa, como luz, agua o internet no deben superar el 30% de la renta media. Lo mismo ocurre con el precio medio de la hipoteca y con los precios del alquiler. Estos no deben de haber aumentado en los últimos cinco años un 3% más que lo ha hecho el IPC General.
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria asegura que cumple con los tres primeros requisitos de estas cuatro condiciones. Sin embargo, el Ejecutivo canario ha dejado claro que serán sus técnicos los que tengan la última palabra.
