Alrededor de 300 vecinos de Fuencaliente, afectados por la Ley de Costas, han decidido recurrir al Parlamento y al Tribunal Europeo en un esfuerzo por evitar el derribo de sus viviendas
Alrededor de 300 vecinos de Fuencaliente, afectados por la Ley de Costas, han decidido recurrir al Parlamento y al Tribunal Europeo en un esfuerzo por evitar el derribo de sus viviendas. Esta medida se toma tras las recientes resoluciones judiciales en España que han rechazado los recursos presentados por los residentes.
La mayoría de los afectados son familias que llevan décadas viviendo en la zona, sin otra propiedad donde trasladarse. «Esta vivienda fue construida por mi abuelo hace más de 60 años. No tenemos otro lugar a dónde ir», comenta uno de los vecinos afectados, quien reside con su esposa e hijo en la casa que está en peligro de demolición.
La estrategia de los vecinos se centra en retrasar al máximo los desalojos y derribos, con la esperanza de que cambios normativos futuros y nuevas sentencias judiciales en el ámbito europeo puedan ampararlos. La reciente transferencia de competencias entre el Estado y el Gobierno de Canarias es vista con optimismo, ya que podría permitir una adaptación de la Ley de Costas específica para Canarias, que podría beneficiar a los afectados.
Mientras tanto, la Dirección General de Costas mantiene abiertos cientos de expedientes similares en toda Canarias, lo que resalta la magnitud del problema y la urgencia de una solución adecuada que proteja los derechos de los residentes.
