La patronal asegura que la patronal siempre está dispuesta al diálogo y que no se opone a un pacto de rentas, que exigiría un «acuerdo de país»
La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero (d), y el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi (i). Imagen EFE
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha asegurado este jueves que la patronal no se opone a un pacto de rentas, que en su opinión exige un «acuerdo de país», siempre y cuando se incluyan las pensiones y sueldos públicos.
Garamendi ha reiterado la postura de la patronal, opuesta a que se indexen los salarios a la inflación. Esta posición es la que también defienden el Banco Central Europeo (BCE) o el Banco de España.
En cierta medida, ha dicho, «eso es lo que reclaman los sindicatos, una cláusula de garantía salarial a través de la inflación», algo que la mayoría de empresas no puede asumir.
«El pacto de rentas, en caso de haberlo, no sólo afecta al empleo privado, empresarios sindicatos y trabajadores, porque eso es el acuerdo nacional de convenios, hay que hablar de funcionarios, de impuestos, qué pasa con las pensiones», ha afirmado.
Es algo que «va mucho más allá, afecta al dialogo social y a toda la clase política, es un acuerdo de país». Garamendi señaló que no es una obligación de empresarios o trabajadores, es del conjunto de la sociedad empezando por el Gobierno y los partidos.
Dispuesta al diálogo
La CEOE «nunca se va a negar a estar sentados», ha querido aclarar Garamendi. El presidente de la CEOE ha rechazado que «los empresarios no aceptan, nunca hemos hablado de cifras, esas cifras que se dice que no hemos aceptado no son tales».
La patronal siempre está dispuesta al diálogo, y «no nos levantamos de la mesa de negociación», ha señalado, al tiempo que ha destacado que «en ningún caso decimos que no hay que subir salarios, habrá que hacerlo pero no indexándolos al inflación«.
«Estamos abiertos al diálogo y seguimos hablando, pero cuando la postura de los sindicatos es la que es, indexar los salarios a la inflación, con el apoyo de la ministra de Empleo, sabemos que es un error», ha añadido.
Garamendi se ha referido también al salario mínimo, «una facultad del Gobierno, no un tema de acuerdos». En los últimos tres años ha subido un 30 %, y puede haber provocado pérdidas a algunas empresas, apuntó.
El principal problema de España, además de los tres millones de parados, es la inflación, «en buena medida a causa de la guerra en Ucrania», y las medidas que se adopten debe ir encaminadas a que esa inflación sea coyuntural y no estructural.
Las personas detenidas están acusadas de delitos de organización criminal, robo con fuerza y tráfico de drogas
Detenidas 21 personas en Gran Canaria por pertenecer a organizaciones criminales
Agentes de la Policía Nacional han detenido en San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria, a 21 hombres de edades comprendidas entre 27 y 58 años, en su mayoría con antecedentes policiales. Fueron detenidos como presuntos autores de delitos de organización criminal,robo con fuerza y tráfico de drogas.
Las organizaciones perfectamente coordinadas y especializadas, utilizaban equipos especializados para el seguimiento y localización de sus objetivos y potenciales víctimas. Utilizaban balizas gps, inhibidores de frecuencia, mini cámaras y prismáticos entre otras herramientas. En los registros realizados fueron incautados diversas joyas y relojes de alta gama. También 21.980 euros en efectivo, 39 kilogramos de polen de hachís, 920 gramos de anfetaminas, 494 gramos de cocaína y 26 gramos de heroína.
Desde comienzos del año pasado, se recibieron varias denuncias de robos con fuerza en domicilios y establecimientos del sur grancanario. La Policía Nacional comenzó la investigación. Se pudo averiguar cómo dos grupos organizados de personas realizaban seguimientos a sus potenciales víctimas,. Utilizaban medios como balizas gps para los vehículos y así determinar sus rutas, hábitos y horarios.
Utilizaban medios de transmisión para sus comunicaciones. Llegaban incluso a manipular los cuadros de luz de los lugares objetivos y se disfrazaban como operarios de compañías eléctricas o servicios de limpieza. Todo ello para acceder a las viviendas o establecimientos y poder obtener información. Su objetivo era el robo de joyas, dinero en efectivo, relojes de alta gama y cajas fuertes.
Detención y registros en Gran Canaria
Una vez identificados los presuntos miembros de las dos organizaciones, se localizó y detuvo a todos sus miembros. Además se registraron los lugares objetivo de la investigación.
Un total de 21 personas fueron detenidas entre las dos organizaciones. Están acusados de presuntos autores de delitos de organización criminal, robo con fuerza y tráfico de drogas.
Se realizaron en total 8 entradas y registros donde les fue intervenido numeroso material utilizado para los robos. Material como un inhibidor de frecuencia y varias antenas para inutilizar los sistemas de alarmas de seguridad. Además de tres balizas (sistemas GPS), nueve equipos de comunicación, mini cámaras y prismático o dos pistolas simuladas. También una máquina de copiado de llaves magnéticas.
Además se les incautó diversas joyas y relojes de alta gama. También 21.980 euros en efectivo, 39 kilogramos de polen de hachís, 920 gramos de anfetaminas, 494 gramos de cocaína y 26 gramos de heroína.
Se esclarecieron un total de 20 hechos delictivos Sin embargo la investigación policial continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones. Los detenidos pasaron a disposición de la Autoridad Judicial competente, decretándose el inmediato ingreso en prisión de 4 de ellos.
Fue en marzo cuando se lanzó este programa, gestionado por la empresa pública Turismo de Islas Canarias, con el objetivo de reactivar al sector empresarial de La Palma. Un sector fuertemente afectado tras las pérdidas ocasionadas por la erupción del volcán.
La consejera de Turismo, Yaiza Castilla, recuerda que el uso de estos bonos se multiplicará durante estos meses de verano. La época en la que los canarios y los peninsulares disfrutan de sus vacaciones. “Además, no podemos olvidar que esta iniciativa tiene un efecto multiplicador, pues al dinero aportado por las instituciones hay que sumar la cantidad económica que añaden los beneficiarios”, afirma Castilla.
El 6 de julio se realizó el quinto sorteo de otras 4.234 tarjetas virtuales entre 179.299 solicitantes, tanto de Canarias como de la península. Los bonos cuentan con 250 euros que se pueden gastar en las casi 200 empresas turísticas palmeras adheridas al programa hasta el momento.
Alojamientos, restaurantes y empresas de turismo activo y de observación de cetáceos
“En esta iniciativa participan alojamientos, restaurantes, cafeterías y empresas de turismo activo y de observación de cetáceos. Una amplia oferta de actividades complementarias que hacen que el efecto tractor del programa llegue a todos los sectores de la economía local”, afirma la consejera.
En total, se repartirán 20.000 bonos dentro de este programa que tiene un presupuesto de 5,6 millones de euros.
Los sorteos, que arrancaron en marzo, se realizan el primer miércoles de cada mes. Se celebrarán hasta septiembre con el fin de repartir los 20.000 bonos. Cada tarjeta virtual tiene un valor de 250 euros. Permite al beneficiario destinarlo a servicios de alojamiento, restauración o actividades turísticas en La Palma siempre y cuando estén adheridos al programa.
Bermúdez expresa su rechazo a que Santa Cruz no esté en la propuesta de las 25 ciudades en la Presidencia española de la UE
Santa Cruz de Tenerife. Imagen Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha expresado su «sorpresa» porque la capital de Tenerife y co-capital de Canarias no ha sido incluida entre las ciudades propuestas por el Gobierno de España para albergar reuniones de la Unión Europea durante el segundo semestre de 2023, coincidiendo con la Presidencia española de la UE.
José Manuel Bermúdez ha explicado que va a remitir una carta a Moncloa para expresar su rechazo a que Santa Cruz de Tenerife no esté entre las 25 ciudades que albergarán reuniones de la Unión Europea en 2023.
«Esta propuesta demuestra la falta de conocimiento absoluto de la realidad de las Islas, de las diferentes sensibilidades y de la necesidad de mantener el equilibro entre los diferentes territorios que la componen», ha explicado Bermúdez.
El alcalde ha exigido además que el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, «del mismo partido que ha preparado la citada lista, plantee la misma propuesta en Madrid y que, como presidente de todos los canarios, garantice el equilibrio territorial en las Islas».
«Esta lista demuestra la falta de capacidad y el poco peso que el Partido Socialista de Tenerife tiene, no sólo en Canarias, sino en Madrid, pues han sido incapaces de hacer entender que en Canarias rige un exquisito equilibrio territorial, plasmado en nuestro Estatuto de Autonomía, que ha sido la base de nuestra convivencia desde su aprobación».
25 ciudades elegidas
La información hecha pública este miércoles indica la lista de 25 ciudades elegidas. Además, detalla que los contenidos de cada encuentro se consensuarán en un futuro encuentro con las Comunidades Autónomas.
José Manuel Bermúdez ha expresado su confianza en que esta decisión se corrija «de forma inmediata». Asimismo, espera que el resto de instituciones de Canarias, «sobre todo el Cabildo Insular de Tenerife y la Presidencia del Gobierno de Canarias, ambos dirigidos por el mismo Partido Socialista que ha dejado fuera a Santa Cruz de esta lista, sean capaces de modificar esta situación en los próximos días».
El Archipiélago lidera la compraventa de viviendas pero también lidera el aumento del precio del metro cuadrado. Canarias tiene el mayor incremento de todo el país con un 22,1 %
El precio del metro cuadrado creció en Canarias un 22 % / Europa Press
Canarias cerró el pasado mes de mayo como la comunidad autónoma española donde más ha crecido, un 34,8 % frente al 7,3 % de la media nacional, la compraventa de viviendas en el último año. El archipiélago está seguido de lejos, con un 16,1 %, por la Comunidad Valenciana, ha informado el Consejo General del Notariado. Esta subida ha sido del 42,5 % en el caso de las viviendas unifamiliares.
Mientras que el precio del metro cuadrado ha subido un 3,8 % en tasa anual a nivel nacional, en Canarias lo ha hecho en un 22,1 %, el mayor incremento del país, detalla este jueves el Consejo en un comunicado.
La constitución de nuevas sociedades ha decrecido un 4,0 % interanual a nivel nacional, si bien en Canarias ha aumentado un 13,9 %.
A nivel autonómico, los préstamos hipotecarios para la adquisición de vivienda crecieron en 10 comunidades, un 7,6 % en el caso de Canarias, donde su cuantía media subió un 8,3 % en tasa anual.
Los datos del Centro de Información Estadística del Notariado también revelan que en mayo de 2022 la constitución de sociedades retrocedió un 4,0% interanual, hasta las 9.274 nuevas sociedades, mientras que en Canarias creció un 13,9 %.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha multado con 203,6 millones de euros a seis de las mayores constructoras españolas por alterar durante más de 25 años la competencia en las licitaciones de construcción de infraestructuras
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha multado a seis de las mayores constructoras españolas por alterar durante más de 25 años (de 1992 a 2017) la competencia en las licitaciones de construcción de infraestructuras.
Las empresas sancionadas son Acciona Construcción (29,4 millones), Dragados (57,1 millones), FCC Construcción (40,4 millones), Ferrovial Construcción (38,5 millones), Obrascón Huarte Lain (OHL) (21,5 millones) y Sacyr Construcción (16,7 millones). Por su parte las actuaciones contra Lantania se han archivado, según ha anunciado este jueves la CNMC.
«Desde 1992, las compañías se reunían semanalmente y decidían los contratos públicos en que iban a compartir trabajos técnicos de sus ofertas», asegura la CNMC. El organismo también ha observado que «intercambiaban información sobre su estrategia de presentación» a convocatorias para licitar hospitales, puertos, aeropuertos y carreteras, entre otras infraestructuras de interés general.
Infracción muy grave
El organismo regulador considera tales prácticas una «infracción muy grave» de la Ley de Defensa de la Competencia y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. La CNMC señala que durante 25 años las principales constructoras españolas han «alterado miles de licitaciones públicas destinadas a la edificación y obra civil de infraestructuras».
«En este caso, se trata de prácticas cuyos efectos han sido especialmente dañinos para la sociedad, ya que afectaron a miles de concursos convocados por administraciones públicas españolas para la construcción y edificación de infraestructuras como hospitales, puertos y aeropuertos, carreteras, etc», subraya.
Entre las administraciones afectadas figuran fundamentalmente las pertenecientes al ámbito de fomento. Como administración afectada está incluido el Ministerio de Fomento (actual Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana), junto con sus organismos y entidades públicas empresariales dependientes.
Cómo actuaban las constructoras
La CNMC explica que el ‘modus operandi’ del «grupo» desde 1992 era reunirse semanalmente. En esos encuentros analizaban las licitaciones de obra pública que se habían publicado en diferentes plataformas de contratación del Estado.
En las reuniones, las empresas decidían los concursos en que iban a compartir -entre todas o en un subgrupo- una parte o la totalidad de los trabajos que compondrían las ofertas técnicas de las licitaciones. Los trabajos se encargaban conjuntamente a empresas externas.
Las empresas no podían modificar los trabajos generados en conjunto para presentarlos en sus ofertas sin el conocimiento y la aprobación del resto de miembros del grupo.
La única personalización admitida era la inclusión de ‘logos’ y denominaciones de cada empresa en el documento conjunto. Con esto se pretendía dar a las administraciones una apariencia de independencia en la presentación de las ofertas.
La CNMC ha constatado que las constructoras «desarrollaron unas complejas normas de funcionamiento que fueron evolucionando durante el tiempo que duró la conducta».
Además, en los encuentros semanales, intercambiaban información comercial sensible (diferente de la necesaria para compartir los trabajos). Datos como por ejemplo, su intención de concurrir o no a licitaciones, o la intención de formar UTE (Unión Temporal de Empresas) y los miembros que las integrarían.
Acuerdos en las ofertas técnicas
En el caso de los contratos de edificación y obra civil de infraestructuras de interés general (hospitales, carreteras, aeropuertos), durante el periodo investigado la oferta técnica era en muchas ocasiones la variable competitiva con mayor importancia.
Esta llegaba a alcanzar el 70 % de la puntuación del concurso, frente al 30 % correspondiente a la puntuación económica.
Los trabajos que compartían las constructoras eran siempre objeto de puntuación por la administración como parte de la oferta técnica. En algunos casos, en torno al 5 %, las empresas llegaron a compartir el proyecto de licitación que iban a presentar a la administración.
El hecho de compartir las ofertas técnicas y los intercambios de información entre licitadores incumplen los deberes de proposición única y de secreto de las proposiciones. Además eliminan la independencia exigida a las empresas en los procedimientos de contratación pública.
Las empresas disolvieron el grupo en el año 2017. Manifestaron expresamente que estos acuerdos podían ser contrarios a las normas de defensa de la competencia.
Efectos de las conductas
La CNMC considera que los acuerdos sancionados han derivado en una menor variedad y calidad de las ofertas técnicas presentadas. También que las empresas competidoras concurrieron a los contratos públicos en desventaja competitiva, ya que tuvieron que acometer un mayor coste para la preparación de las proposiciones técnicas.
Además, al no disponer de la misma información estratégica que las empresas de este grupo, se alteraron los términos de competencia leal entre todos los oferentes.
El regulador recalca además el «efecto agregado» de estas prácticas, debido al gran número de obras, el elevado importe y la prolongada duración en el tiempo.
La CNMC recuerda que contra estas resoluciones podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional. Se podrá hacer en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su notificación.
Los hechos ocurrieron de madrugada. A pesar de las maniobras de reanimación del personal del SUC no consiguieron recuperarlo
Sala del 112 Canarias en Las Palmas de Gran Canaria / Archivo
Un hombre de 64 años ha muerto esta madrugada al caer por unas escaleras de un centro comercial del municipio grancanario de Mogán, según ha informado el 112.
El suceso ha tenido lugar a las 00.11 horas en la calle Timanfaya, situada en la zona alta del núcleo turístico de Puerto Rico.
El 112 activó los recursos de emergencia necesarios y, a su llegada al lugar, el personal del SUC comprobó que el afectado se encontraba en parada cardiorrespiratoria. Le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar básicas y avanzadas que no dieron resultado, ante lo que se confirmó su fallecimiento.
Recursos policiales activados por el Centro Coordinador realizaron las diligencias correspondientes.
Subrayan que el pacto no debe ser exclusivamente de renta, y que debe incluir otras medidas, como la subida del salario mínimo interprofesional. Desde mayo, las cláusulas de garantía salarial han sido el elemento discordante entre sindicatos y patronal
RTVC
CCOO y UGT se han mostrado dispuestos a negociar un pacto de rentas, si no se centra exclusivamente en la contención salarial y todas las partes aportan algo. Debe incluir medidas fiscales sobre los beneficios empresariales y la subida del salario mínimo interprofesional (SMI).
En rueda de prensa, tras la reunión del Gobierno con los agentes sociales, la secretaria de Acción Sindical de CCOO, Mari Cruz Vicente, ha asegurado que es importante gravar los beneficios extraordinarios que está obteniendo las empresas para ayudar a quienes no llegan a final de mes.
Según señala, las empresas están obteniendo beneficios extraordinarios de trasladar a los precios finales todo el incremento del coste de la energía, mientras que los salarios están subiendo de forma moderada.
Cláusulas de garantía salarial
El vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Mariano Hoya, ha destacado que los salarios pactados en convenio colectivo se están incrementando de media un 2,4 % aunque ha reconocido que muchos están incluyendo cláusulas de «recuperación o actualización» salarial.
Las cláusulas de garantía salarial fueron el elemento discordante que impidió a principios de mayo un acuerdo entre sindicatos y patronal, ya que para CCOO y UGT eran imprescindibles, mientras que para la CEOE eran inadmisibles.
Ambos líderes sindicales no han concretado si estarían dispuestos a hacer algún tipo de concesión en este sentido cuando se reabra la negociación en septiembre. Aún menos sin conocer todavía las propuestas concretas que podrían formar parte de ese pacto de rentas.
Cruz Vicente ha confiado en que el Gobierno «sea capaz» de poner encima de la mesa «las medidas que el país necesita», para poder «ir negociando y encajando las piezas».
Ningún representante de la patronal CEOE-Cepyme ha salido en rueda de prensa a valorar la reunión.
Cientos de internautas compartieron la inusual imagen compartida por uno de los camareros que sirvió la comanda
El plato de camarones más viral.
Esto que ven son los restos de un plato de camarones servido en un bar de Las Galletas, en el sur de Tenerife. Está claro que se los comieron, que los disfrutaron, pero también que dejaron las sobras muy bien ordenadas.
Uno de los camareros subió la peculiar imagen a Twitter, donde cientos de internautas se carcajearon de la peculiar disposición. Hasta el momento acumula casi 9.000 retweets, 3.668 citados y 137.800 me gusta.
Los hechos tuvieron lugar en 2019, cuando el individuo grabó la agonía de su pareja diabética. Ahora se enfrenta a la prisión permanente revisable. Asimismo, el tribunal ha tumbado los intentos de la defensa por reducir la pena a dos años por homicidio imprudente
Prisión permanente para el hombre que dejó morir a su novia mientras grababa. RTVC
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha confirmado la prisión permanente revisable impuesta por la Audiencia de Barcelona a un hombre que dejó morir a su pareja diabética y que grabó su agonía con el móvil en junio de 2019 en Viladecans, Barcelona.
La Sala de Apelaciones Civil y Penal del TSJC ha tumbado el recurso presentado por la defensa del condenado Mariano Daniel Vásquez, que alegó supuestas infracciones de precepto constitucional o legal, del derecho a la presunción de inocencia y del derecho a un proceso con todas las garantías.
Además, la defensa de Vásquez había solicitado que se le condenara a una pena de dos años por homicidio imprudente, con las accesorias legales y responsabilidad civil correspondientes a tal delito.
El jurado popular atribuye al acusado un delito con ensañamiento
La sentencia de la Audiencia confirmada por el TSJC, en consonancia con el veredicto del jurado popular, atribuye a Mariano Daniel Vásquez un delito de asesinato con ensañamiento. También tres de maltrato en el ámbito de la violencia machista, uno de maltrato habitual y uno contra la intimidad de la mujer.
La Audiencia consideró probado que entre febrero y marzo de 2019 Daniel Vásquez mantuvo una relación de pareja sentimental, sin convivencia, con la mujer, y que con el tiempo se fue imponiendo a la víctima, controlándola y menospreciándola en público y en privado. De esta manera, provocó que ella se sintiese inferior, y que además la golpeó en varias ocasiones.
Dejó morir a la víctima y la grabó para mostrársela a terceros
La noche del 17 de junio de 2019 la mujer se encontraba muy mal y llamó a Mariano para que fuese a su casa a ayudarla, que cuando llegó la encontró muy deteriorada físicamente, con dificultad respiratoria y sin capacidad para hacer nada por su cuenta.
El condenado no le prestó ningún tipo de ayuda y estuvo contemplando cómo se iba deteriorando, perdía la consciencia y se le iba «apagando la vida», hasta que sufrió una hiperglucemia que le causó la muerte.
Según recogió la sentencia de la Audiencia, la muerte de la mujer «no se habría producido» si el hombre, al ver su estado, hubiese pedido auxilio de los servicios de emergencias médicas.
Además, la Audiencia también señaló que el acusado grabó con un teléfono móvil a la mujer en su progresivo deterioro «para mostrar las imágenes a terceros», para tratar de hacer ver que la cuidaba «y así construirse una coartada» en caso de que se investigara su muerte.
