El Gobierno central ha hecho públicos los datos que «desmienten el bulo» de la supuesta inseguridad generada en Canarias por la inmigración -45 delitos cometidos desde noviembre por un colectivo de 11.000 personas- y ha anunciado que la Policía prepara un expediente para la Fiscalía por posibles delitos de odio en las manifestaciones de corte xenófobo.
«Me dirijo a la mayoría de la sociedad canaria, a sus instituciones, a las ONG: en situaciones como esta de crisis moral, en la que algunos se empeñan en degradar nuestros valores, no cabe la neutralidad. No hay neutralidad posible ante la xenofobia, no la hay ante quien propaga el odio al otro», ha señalado en rueda de prensa el delegado del Gobierno en las islas, Anselso Pestana.
El representante de la administración central en Canarias ha comparecido este jueves con los oficiales al mando de la Policía y la Guardia Civil en las islas para «desmentir el bulo que algunos intentan propagar de manera interesada» de que los miles de inmigrantes que ha recibido esta comunidad en los últimos meses en patera están generando un problema de seguridad ciudadana.
Pestana ha subrayado que los datos son claros: el año pasado llegaron a Canarias 23.023 inmigrantes, ocho veces más que en 2019 (+756 %), mientras que el número de delitos se redujo un 11,9 %.
El delegado ha admitido que esa reducción de la criminalidad cabe achacarla a las consecuencias de la pandemia de covid-19, en forma de menos movilidad y restricciones a todo tipo de actividades, por lo que ha pedido que se ponga el foco a lo ocurrido en los cuatro últimos meses del año, en los que llegaron a Canarias 19.090 inmigrantes en patera (el 83 % de los 23.023 de todo el año).
En ese periodo, se denunció en Canarias un número de infracciones penales muy parecido mes tras mes: 7.800 en septiembre (un 0,2 % más que en 2019), 7.790 en octubre (-1,0 % interanual), 7.629 en noviembre (-3,3 %) y 6.842 en diciembre (-18,8 %). El mes con menos delitos, diciembre, es justo el posterior a que llegaran a Canarias 8.157 inmigrantes en solo 30 días, cifra sin precedentes históricos.
A juicio de las Fuerzas de Seguridad, esa estabilidad en el número de delitos mes tras mes en un periodo en el que las islas recibieron casi 160 inmigrantes diarios no permite sostener que las pateras han disparado la inseguridad ciudadana en Canarias.
Anselmo Pestana ha invitado a poner la lupa aún más cerca, en concreto en los delitos cometidos por inmigrantes en situación irregular en Canarias desde el 1 de noviembre al 20 de enero.
Quedan en las islas en este momento, ha precisado el delegado, unos 11.000 inmigrantes (más de 2.000 son menores, entre ellos), que en su conjunto han cometido 122 delitos, de los cuales solo 45 tienen incidencia en la seguridad ciudadana, ya que el resto están relacionadas con otras cuestiones; por ejemplo, 60 son delitos de falsedad en documentos, que no generan «alarma».
«Estos datos desmienten totalmente el relato que se ha intentado introducir en la sociedad canaria de forma irresponsable para generar sensación de inseguridad», ha sentenciado el delegado, a veces propagando en redes sociales vídeos de hechos ocurridos en otros lugares (ha citado uno que circula estos días, que corresponde a Nápoles) o, incluso, a acontecimientos de «otros años».
Pestana ha expresado su preocupación por el hecho de que ese discurso «falso» haya calado en algunos ciudadanos, como se ha visto, ha reconocido, en actos de amenazadas a niños extranjeros en la calle, insultos a la población magrebí o manifestaciones en barrios contra la presencia de inmigrantes en Canarias.
Se ha dado el caso, ha señalado, de ciudadanos que llaman a la Guardia Civil o la Policía «simplemente» porque han visto a un inmigrante magrebí o subsubsahariano caminado por su calle; sin más motivo, solo por la sospecha que el denunciante deduce de su raza.
Preguntado por las al menos tres manifestaciones xenófobas que se han producido en los últimas semanas en Las Palmas de Gran Canaria -que siguen a otras anteriores en el sur-, Pestana ha precisado que ya se están tramitando al menos 20 denuncias por infracciones relativas a la covid-19 (eran congregaciones en la calle después del toque de queda, sin distancia y, a veces, sin mascarilla).
Pero, además, ha precisado que la Policía está «armando un expediente» para la Fiscalía con lo ocurrido en esas protestas callejeras por la posible comisión de delitos de odio, expediente que se uniría al que el propio Ministerio Público ya tiene abierto por los foros de Whatsapp de hace unas semanas con los que se intentaban organizar ataques en grupo a los inmigrantes.
El delegado también ha cargado contra el relato de «la isla cárcel» reiterado por dirigentes políticos, como el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, de NC, socio del PSOE.
A su juicio, es falso que se quiera convertir a Canarias en una «cárcel de inmigrantes». Pestana ha aludido, de nuevo, a las cifras: en los últimos 16 meses han llegado a las islas 27.600 inmigrantes en patera o cayuco, de los que permanecen en ellas unos 11.000.
La mayoría de los que faltan, o bien han sido trasladados a otras comunidades autónomas por su situación de vulnerabilidad o han viajado fuera por su cuenta, ha precisado.
En cuanto al supuesto cierre de los aeropuertos de Canarias a los inmigrantes, el delegado ha alegado que los controles policiales responden a los cierres perimetrales establecidos por algunas comunidades autónomas por razones de la pandemia, que exigen justificar el viaje a quienes pretenden acceder a su territorio.
Según Pestana, es falso que se impida a volar a los inmigrantes con pasaporte por el hecho de que no tengan visado, un requisito que no se exige en los vuelos dentro del espacio Schengen.
