El nuevo documento, en formato digital o físico, gratuito y multilingüe, está llamado a reactivar el turismo dentro de la UE porque los Veintisiete se comprometen de salida a no imponer cuarentenas o test adicionales
El pleno del Parlamento Europeo ha mostrado este martes su apoyo mayoritario a la aprobación del Certificado COVID de la UE porque facilitará los viajes de los turistas europeos vacunados, con anticuerpos o con un test negativo reciente; si bien muchos eurodiputados lamentan la falta de claridad por parte de los gobiernos nacionales en cuanto al uso que se le dará y critican que las PCR no sean gratuitas porque creen que discrimina a quienes no estén vacunados.
El pleno votará a última hora de este martes la aprobación necesaria para que el certificado pueda entrar en vigor plenamente el próximo 1 de julio, aunque el resultado no se anunciará hasta primera hora del miércoles, cuando se da por hecho que se constatará el apoyo mayoritario a la iniciativa.
Emisión de los certificados
La Comisión Europea, por boca de su comisario de Justicia, Didier Reynders, ha instado a las autoridades nacionales a iniciar «desde ya» la emisión de certificados en los países ya preparados a nivel técnico, para evitar riesgos de colapso cuando arranque formalmente en julio.
El nuevo documento, en formato digital o físico, gratuito y multilingüe, está llamado a reactivar el turismo dentro de la UE porque los Veintisiete se comprometen de salida a no imponer cuarentenas o test adicionales en destino a los titulares de este título, que acreditará que han sido vacunados, tienen anticuerpos o un test negativo.
«Establecerá seguridad jurídica, la no discriminación y la protección de los Derechos fundamentales», ha celebrado el jefe negociador de la Eurocámara para este reglamento y eurodiputado socialista, Juan Fernando López Aguilar.
El eurodiputado, también presidente de la comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior en la Eurocámara, ha destacado que la nueva norma permite «acotar en derecho europeo la competencia reivindicada» por los Estados miembros de poner imponer restricciones a la libre circulación.
De este modo, ha añadido, los ciudadanos podrán «invocar ante los tribunales» sus derechos para reivindicar los principios de proporcionalidad y necesidad si algún país de la UE decide imponer medidas adicionales, algo previsto solo en casos de emergencia «en aras de la preservación de la salud pública» y con la condición de notificarlo antes a la Comisión Europea y al resto de socios en el bloque, así como informar adecuadamente a los viajeros.
En el debate celebrado durante la primera sesión que el pleno celebra en Estrasburgo (Francia) desde que se declaró la pandemia en la UE hace más de un año, los eurodiputados han acogido con satisfacción la creación del certificado porque creen que ayudará a restablecer el derecho fundamental a la libre circulación que asegura Schengen, pero que la mayoría de países de la UE ha suspendido durante la crisis del coronavirus de manera descoordinada.
Claridad de los países
«Los europeos tienen que saber exactamente qué esperar en cada frontera, los Estados miembro deben concretar sus medidas», ha dicho el portavoz del grupo del Partido Popular Europeo (PPE) en el debate, el holandés Jeroen Lenaers.
En la misma línea, la también ‘popular’ Dolors Montserrat ha apuntado la falta de armonización y de información por parte de los países como un «obstáculo», al tiempo que ha reivindicado que las pruebas diagnósticas necesarias para obtener el certificado sean gratuitas «para que no se genere desigualdad entre europeos».
Los Socialistas y Demócratas (S&D) también han expresado su apoyo al certificado pero han señalado a las capitales a las que han exigido «aclaraciones» sobre la aplicación práctica del sistema, en palabras de la representante del grupo en el debate, Birgit Sippel.
En cuanto al grupo de los liberales, Renovar Europa, la eurodiputada Sophie in’T Veld ha defendido que «no es el virus el que ha quitado la libre circulación sino las legislaciones divergentes» de los Veintisiete, por lo que ha subrayado también que la reapertura de las fronteras sigue dependiendo de lo que decidan los países.
El eurodiputado de Ciudadanos José Ramón Bauzá, por su parte, ha destacado que el certificado se haya definido en base «a criterios sanitarios y no políticos», pero ha llamado a la Comisión y al Consejo a ir de la mano para presionar a Reino Unido para que siga la misma estrategia y permita a sus nacionales viajar a la Unión Europea. Así ha apuntado que Reino Unido es «el principal emisor de turistas» a la UE, por lo que el «continuo bloqueo» del Gobierno británico sobre los viajes al exterior supone un «enorme problema» para el sector en Europa.
Discriminación por no gratuidad de los test
«La libertad de movimiento dependerá de la situación económica de las personas y eso es discriminatorio», ha criticado durante el debate la eurodiputada finlandesa de La Izquierda Silvia Modig, en un mensaje de malestar que comparte la mayoría de la Eurocámara.
También se ha quejado de la discriminación que a su juicio plantean las condiciones del certificado el eurodiputado de Vox Jorge Buxadé, quien considera que el documento europeo «favorece claramente a los vacunados» sobre quienes tienen anticuerpos o quienes presentan un test negativo.
«¿Por qué las pruebas PCR son obligatorios si no son gratuitas? ¿No habíamos quedado en que se garantizaba la libre circulación y el derecho a ser vacunado o no», ha criticado Buxadé, tras recordar que el certificado para quienes han superado la enfermedad caducará a los 180 días.
La Eurocámara tenía en su mandato para negociar el Certificado COVID con los Veintisiete exigir la gratuidad de las pruebas de PCR o antígenos que fueran vinculadas a la emisión del documento, ya que consideran que de otro modo habría diferencias entre quienes son vacunados de manera gratuita y quienes tienen que pagar un test para poder viajar.
Finalmente no logró esta exigencia, pero hubo un compromiso de destinar más fondos a la compra de pruebas diagnósticas para reducir su precio y asegurar que fueran «asequibles» en todos los países de la UE.
