Así lo expone la memoria institucional de Cáritas del pasado año, presentada este martes y que muestra un año marcado por la pandemia

La crisis derivada de la pandemia de la covid-19 disparó en 2020 la acción social de Cáritas en Canarias, donde asistió a 65.000 personas -45.000 en Las Palmas y 20.000 en Santa Cruz de Tenerife-, si bien los hogares atendidos en la provincia oriental subieron un 83 % y en la occidental, un 22%.

Así lo han dado a conocer este martes los obispos y responsables de Cáritas en las islas, única región española en la que sigue creciendo la pobreza, según el último informe Foessa, de 2019, un estudio que explica el gran impacto que ha tenido esta crisis en un Archipiélago que antes de ella tenía al 30 por ciento de su población; esto es, a 617.000 personas, en situación de «vulnerabilidad, precariedad, desigualdad y empobrecimiento».

Una brecha social que la pandemia no ha hecho más que agrandar, con grandes diferencias entre las dos provincias canarias, ya que las secuelas socioeconómicas percibidas por esta institución han sido más flagrantes en Las Palmas, de acuerdo con los datos que facilitados por la ONG de la Iglesia.

Así se desprende de la memoria institucional de Cáritas Diocesana correspondiente al año 2020, que ha sido presentada en rueda de prensa este martes.

El director de Cáritas Diocesana de Canarias (al cargo de la provincia de Las Palmas), Gonzalo Marrero, achaca esta realidad al mayor peso que tiene la economía sumergida en la provincia oriental y al volumen de personas que han visto empeorar sus condiciones de vida hasta llegar a perderlo todo y verse en la calle por el cero turístico, así como a las trabas administrativas insalvables con las que se han topado las personas sin recursos y sin acceso a la tecnología a la hora de solicitar ayudas públicas como el Ingreso Mínimo Vital por la única vía que la Administración ha ofrecido: la telemática.

A ello se ha sumado el tiempo que muchos trabajadores sujetos a un ERTE se han visto sin ingresos debido a las demoras que ha habido en el abono de las prestaciones correspondientes.

«Canarias es un paraíso, pero el 30 % de su población no se ha enterado. Hay que tener cara, y dura, para hacer propuestas públicas e impedir su acceso por unos requisitos que las personas vulnerables no pueden cumplir», ha denunciado Marrero.

Además de agradecer a los 1.247 voluntarios y 143 trabajadores de Cáritas en Las Palmas el esfuerzo realizado «para afrontar este reto y propiciar que las aguas no se desbordasen, aun estando al límite», y las personas y empresas que han dedicado su tiempo, dinero y entrega en un año duro, como ha sido 2020, el obispo de la Diócesis de Canarias, José Mazuelos, ha recalcado que la ONG es «subsidiaria, y no responsanble de la atención a los más vulnerables».

Tanto su director, Gonzalo Marrero, como su secretaria general, Caya Suárez, han subrayado la necesidad de que las administraciones públicas diseñen políticas, no tanto de choque como integrales y de acompañamiento, ya que son estas las que de verdad pueden ayudar a las personas más vulnerables a salir de su inseguridad y transitar hacia la recuperación paulatina de su autonomía, de ahí que demanden una mayor planificación acorde con las circunstancias de vida «de los invisibles o los últimos».

Por primera vez acuden a Cáritas

En Las Palmas, 4 de cada 10 personas que acudieron a Cáritas en 2020 lo hicieron por primera vez y, del conjunto de personas asistidas, el 73 % carecía de empleo, el 43,5 % no tenía ingreso alguno y solo una de cada diez tenía su vivienda pagada, mientras que el 31 % fueron migrantes en situación administrativa irregular, un colectivo que integraron 5.800 personas de Colombia, Cuba y Marruecos, en su mayoría.

En la Diócesis Nivariense Cáritas llevó sus diferentes servicios el pasado año a 42.000 personas, de las que 15.175 pertenecientes a 6.018 familias recibieron asistencia básica.

Aunque el número de personas ayudadas por la institución en la provincia occidental creció un 22 %, hubo zonas, como el área metropolitana o municipios del sur, eminentemente turísticos, y también Icod, donde ese incremento superó el 50%.

El director provincial de Cáritas, Juan Rognoni, ha atribuido ese aumento a los nuevos demandantes de ayuda que ha generado la pandemia, principalmente trabajadores en ERTE o con actividad relacionada con la economía sumergida, un colectivo que ha confiado que deje de recurrir a esta ONG conforme mejore la actividad turística y de servicios, un proceso que será «largo» y podría durar «años», ha estimado.

Inclusión social y empleabilidad

Peores son las perspectivas para las capas sociales más desfavorecidas y con menos posibilidades de inclusión social y empleabilidad, a las que ni la vacunación ni la reactivación económica van a rescatar, ha anotado Rognoni, quien ha aludido así a las personas sin hogar, una realidad que la crisis sanitaria de la COVID-19 ha sacado a relucir, pues las unidades móviles de atención a este colectivo pasaron de atender de entre 200 y 300 personas a 969.

El obispo de la diócesis Nivariense, Bernardo Álvarez, ha destacado que, al igual que la precariedad, se ha incrementado la solidaridad de las personas, las administraciones y las empresas, de forma que las aportaciones económicas a la ONG en Santa Cruz de Tenerife pasaron de 5,1 a 6 millones de euros, según ha precisado Rognoni, mientras que el presupuesto en Las Palmas ha aumentado de 2,5 a 5,5 millones.

Tanto Juan Rognoni como Bernardo Álvarez han hecho hincapié en la atención que se ha prestado a los inmigrantes, más allá de los africanos que llegan a las costas canarias en patera, que, según el obispo, apenas representan el 12 % de la población inmigrante en España, pese a que en Canarias hay una mayor sensibilidad por el repunte en la llegada de estas embarcaciones y la concentración de estas personas en los campamentos habilitados.

La mayoría procede de Latinoamérica y Europa, a los que Cáritas presta «acompañamiento», pero el problema vendrá cuando los menores no acompañados que acoge la ONG cumplan la mayoría de edad, ya que se verán «abocados a vivir en la calle y de la limosna», pese a que se trata de «gente joven, con capacidad de trabajar».

El secretario general provincial, Ricardo Iglesias, ha estimado que entre los retos de futuro debe estar ofrecer la mayor dignidad posible en el «acompañamiento» a las personas que lo necesiten, por ejemplo, sustituyendo el reparto directo de comida por