El Gobierno aprobará hoy la reforma de la ley de extranjería para la distribución de menores migrantes

La demanda del Gobierno de Canarias para la reforma de la ley de extranjería llegará al Congreso de los Diputados

El Gobierno aprobará este martes en el Consejo de Ministros por decreto la modificación de la ley de extranjería para articular un mecanismo permanente de reubicación de los menores migrantes no acompañados que llegan a zonas tensionadas como Canarias a otras comunidades autónomas.

La reforma de la Ley de Extranjería llegará al Congreso de los Diputados / Archivo Europa Press
La reforma de la Ley de Extranjería llegará al Congreso de los Diputados / Archivo Europa Press

Según han confirmado fuentes de la negociación, una vez que Junts ha mostrado su apoyo a la iniciativa y, por lo tanto, existe una mayoría suficiente para su convalidación en el Congreso de los Diputados, el Gobierno aprobará este mismo martes la reforma del artículo 35 de la ley.

Reacciones desde Canarias

Una de las primeras reacciones que se han conocido este martes ha sido la del portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello. En el programa de La Radio Canaria ha afirmado que «aún no tiene la letra pequeña del documento», pero que en principio «puede ser una buena noticia».

Por su parte, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha asegurado que el texto definitivo sobre el reparto de los de 4.000 menores migrantes no acompañados lo desconoce aún pero consideró una «magnífica noticia» que el Gobierno de España apruebe, en Consejo de Gobierno, un real decreto temporal para ello tras alcanzar un acuerdo el Ejecutivo central y Junts.

Clavijo indicó que la confirmación de ello se la dieron la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, así como el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, tras unas negociaciones que han durado «hasta última hora», según expuso en el programa ‘Más de uno’ de Carlos Alsina en Onda Cero.

«El texto definitivo no lo tengo. Hemos trabajado muchos textos porque desde Canarias ha salido tanto la modificación del artículo 35 como el reparto extraordinario de los 4.400 menores, pero tendremos que ver el texto definitivo porque ha habido negociaciones hasta el último minuto», apuntilló. Para agregar que si bien «no» quiere entrar a valorar hasta tener el texto, sí que consideró que es una «magnífica noticia» que las tesis mantenidas desde Canarias, excepto Vox, de la necesidad de que fuese un decreto ley y la posibilidad de la modificación del artículo, «al final, por fin, se van a plasmar».

«Una buena noticia para todos»

Clavijo subrayó que esto es «una buena noticia para todos«, ya que matizó que «hoy le toca a Canarias y a Ceuta pero pasado mañana le puede tocar a Andalucía o a la propia Valencia, a Baleares o a Melilla«.

En este sentido, consideró que de lo que se está hablando es que España «afronte una situación que va a perdurar en el tiempo», ya que incidió en que la inmigración «va a continuar en el tiempo» y se puede afrontar con los instrumentos «adecuados de mecanismo de distribución de solidaridad en la ley».

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Clavijo aprovechó para apuntar que si el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, o de cualquier otra comunidad autónoma «no quiere cumplir la ley, tiene dos opciones: o recurrirlo, que visiblemente lo recurrirán, pero mientras la ley sea ley, si la incumplen tendrán que pagar por ello», de tal forma que serán los tribunales quienes tengan que determinar cuál va a ser la pena por incumplimiento de la norma.

Clavijo: «Junts no ha engañado a nadie»

Por otro lado, el presidente canario subrayó que Junts «no ha engañado a nadie», ya que «ha mantenido sus principios y hace valer sus votos», por lo que dijo que él «no» es «nadie para juzgar eso».

Sin embargo, puntualizó que mientras a algunos «se les llena la boca hablando de la España, de la solidaridad y del país, probablemente no voten este decreto ley». Por lo que admitió que se queda «con la parte positiva», al tiempo que resaltó que «siempre» que ha hablado con Junts, «se han manifestado colaboradores y participativos a la hora de ser solidarios con Canarias».

Al respecto, matizó que él «no» es independentista y en ese aspecto están «muy alejados», pero incidió en que a él «jamás» le han engañado. «A veces no es políticamente correcto decirlo pero a mí me da igual porque me gusta ser honesto. En todo este proceso que hemos estado negociando y hablando, Junts siempre se ha puesto al teléfono y Junts siempre ha tratado de buscar soluciones para una distribución solidaria de los menores en todo el territorio nacional», apostilló.

En relación con ello, al ser cuestionado porque Vox también mantiene sus principios, Clavijo consideró que estos «no son solidarios» y «no son respetuosos con los derechos internacionales de los menores», además de entender que lo que hacen es «mezclar inseguridad con menores extranjeros no acompañados». Cuestión que el presidente canario subrayó que «no» comparte porque aseguró que «no hay una relación directa de inmigración con inseguridad», ya que defendió que hay datos que «lo avalan».

Añadió que lo que se busca en el caso del menor de inmigrante no acompañado es «el interés general superior del menor, es que se puedan integrar, que puedan aprender el idioma, que puedan formarse y que puedan formar parte luego de Canarias o de España» porque, añadió, el propio crecimiento vegetativo de Canarias y de España «va a requerir esos menores, esos niños y esas niñas, y que integren parte de la sociedad española y de la canaria».

Acuerdo del Gobierno con Junts

JxCat ha llegado a un acuerdo con el Gobierno que «limita la llegada de menores no acompañados destinados a Cataluña», que recibirá entre 20 y 30 de los 4.000 que se encuentran actualmente en Canarias, mientras que Madrid acogerá a más de 700.

Según ha informado JxCat en un comunicado este martes, el acuerdo, que se aprobará hoy en el Consejo de Ministros, prevé que el reparto de menores entre comunidades se lleve a cabo «teniendo en cuenta el peso poblacional, pero también el esfuerzo hecho por Cataluña a lo largo de los últimos años».

El pacto con JxCat permitirá al Gobierno aprobar el decreto de modificación de la ley de extranjería para articular un mecanismo permanente de reubicación de los menores migrantes no acompañados que llegan a zonas tensionadas como Canarias. Con los siete votos de Junts, existe una mayoría suficiente para su convalidación en el Congreso.

En el comunicado, Junts especifica que el reparto se llevará a cabo entre aquellas comunidades autónomas «que hasta ahora no han acogido o han hecho un esfuerzo muy menor en comparación al esfuerzo que ha realizado Cataluña». «Esto quiere decir que, del total de menores que habrá que distribuir por el conjunto de la península (unos 4.000), a Cataluña llegarán entre 20 y 30 y a Madrid más de 700», agrega el comunicado de Junts.

«Compensación económica adecuada»

Este acuerdo también prevé «una compensación económica adecuada» para aquellas comunidades autónomas que han estado por encima de la media de plazas estructurales para estos menores, como es el caso de Cataluña.

La vía para materializar este reparto será la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería, que PSOE, Sumar y Coalición Canaria ya intentaron modificar en julio del año pasado sin éxito, ya que la falta de apoyo del PP, Vox y JxCat llevó a su fracaso en el primer paso de la tramitación parlamentaria. Ahora, con el acuerdo alcanzado con Junts, el Gobierno se asegura una mayoría para convalidar en el congreso este real decreto ley para modificar la ley de extranjería. 

Las comunidades del PP no acogerán menores si el Gobierno no lo financia

Todas las comunidades gobernadas por el PP se negarán a acoger a menores inmigrantes «si no hay capacidad para alojarlos con respeto y garantías» y si el Gobierno no pone medios ni financia su acogida, han informado fuentes de Génova.

Las mismas fuentes han acusado al Ejecutivo de «pasar de mercadear con leyes a hacerlo con menores de edad» y han subrayado que los menores inmigrantes son personas a atender «no paquetes a recepcionar».

De la misma manera, han asegurado que el pacto en la Comunidad Valenciana con Vox no es racista en materia de inmigración y es consecuente con la postura del PP «suscrita por Alberto Núñez Feijóo y por el presidente canario, Fernando Clavijo». Han insistido también en que «es insolidario» condenar a los menores a estar hacinados en centros sobresaturados, como también lo es repartir a los inmigrantes llegados a las costas españolas de manera asimétrica y siguiendo solo criterios partidistas, según han afirmado.

El PP ha recordado que ellos establecieron una serie de condiciones muy razonables para modificar la Ley de Extranjería pero el Gobierno ha preferido negociar un decreto con Junts antes que una ley con el PP refiriéndose al acuerdo que han alcanzado el Ejecutivo con la formación de Carles Puigdemont y que este martes ratificará el Consejo de Ministros.

Ayuso dice que llevará a los tribunales y a la UE el pacto con Junts

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso (PP), ha avisado este martes de que recurrirá en los tribunales y en la Unión Europea el acuerdo entre el Gobierno y Junts que limita la llegada de menores no acompañados a Cataluña, que recibirá entre 20 y 30 de los 4.000 que se encuentran actualmente en Canarias, mientras que Madrid acogerá más de 700.

«Ni Cataluña, ni Madrid, ni Canarias. No se puede fomentar la inmigración irregular masiva», ha expresado Díaz Ayuso en la red social X, donde ha acusado al Ejecutivo de Sánchez de «usar a los menores como arma política«.

Este acuerdo permitirá al Gobierno aprobar el decreto de modificación de la ley de extranjería para articular un mecanismo permanente de reubicación de los menores migrantes no acompañados que llegan a zonas tensionadas como Canarias.

Díaz Ayuso ha calificado de «lamentable» el acuerdo, que «se llevará a tribunales y a la UE, que ha de entender que la política migratoria de Sánchez es un lastre para todos: para España, para Europa, y para los mismos inmigrantes, en manos de mafias». «Se usa a estos menores de arma política. Lo pagan ellos y cada ciudad donde son enviados de manera desalmada», asegura la presidenta madrileña en esa entrada de X.

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