El presidente de los consultores ambientales critica la ausencia de información un mes después del incidente y alerta de sus consecuencias para la salud pública y la imagen turística.
Cinco de las 17 playas del litoral de Gran Canaria, afectadas por un vertido, continúan cerradas al baño mientras sigue sin conocerse el origen del episodio más de un mes después. La falta de información oficial mantiene la incertidumbre y ha motivado nuevas críticas desde el ámbito ambiental.
El presidente de la Asociación Empresarial Canaria de Consultores Ambientales, Juan Rumeu, ha pedido este jueves en De La Noche Al Día de La Radio Canaria «mayor transparencia» y la publicación inmediata de los resultados de las analíticas realizadas en las aguas.
Rumeu ha reconocido la gravedad del incidente y ha reclamado “responsabilidad” a todas las administraciones implicadas. Considera imprescindible abandonar “los discursos victimistas” y asumir el papel que corresponde a cada institución.
“Unas analíticas no pueden estar un mes sin aparecer en la prensa con todas las consecuencias. ¿Por qué empiezan con un discurso victimista? Responsabilidad tiene el Ayuntamiento de control, responsabilidad tiene Salud Pública”, ha asegurado.
El consultor ambiental ha subrayado que el problema afecta no solo a la salud pública, sino también a la economía de una empresa y a la imagen turística de la Isla. Asegura que la falta de datos oficiales alimenta la especulación, un escenario que considera “peligroso”.
“Después de un mes nadie ha confirmado nada. ¿Esto qué es? ¿En qué inseguridad vivimos? ¿Qué hacen nuestras instituciones para garantizar la salud pública y la tranquilidad de los ciudadanos? Lo tienen que explicar y no lo hacen. Hacen lo de siempre: dejar pasar el tiempo”.
Un problema que va más allá del episodio actual
Rumeu también ha recalcado la situación de los vertidos en el Archipiélago, recordando que de los 403 puntos de vertido catalogados, 291 no están autorizados.
“Están admitiendo que hay 291 delitos que se están cometiendo. ¿Qué están haciendo por erradicarlo?”, se ha preguntado.
El presidente de los consultores ambientales ha explicado, además, que tras un reciente cambio normativo el Gobierno de Canarias ha trasladado la responsabilidad en esta materia a los ayuntamientos, que —asegura— no cuentan con recursos económicos ni medios suficientes para afrontar un problema de esta magnitud.
