El PP canario pide al Estado acabar con el uso «abusivo» de las Unidades de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil

El PP ha indicado que este problema «no es un caso aislado, sino el reflejo de un modelo mal diseñado»

El PP ha indicado que este problema "no es un caso aislado, sino el reflejo de un modelo mal diseñado"
Diputado del PP de Canarias en el Congreso, Juan Antonio Rojas.

El diputado del Partido Popular de Canarias en el Congreso Juan Antonio Rojas ha advertido este sábado de la «preocupante deriva» en el uso que el Ministerio del Interior «está haciendo» de las Unidades de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC) de la Guardia Civil. Del mismo modo, pide al Gobierno central garantizarles condiciones de trabajo «dignas, seguras y respetuosas» y no ser una solución «improvisada» para «cualquier servicio».

Según Rojas, estas unidades, concebidas como recurso de refuerzo para situaciones excepcionales y de alta intensidad operativa, han pasado a ser utilizadas como unidades polivalentes. Todo ello, para cubrir «cualquier necesidad, incluidas intervenciones que requieren una preparación y medios muy específicos que no siempre se les facilitan».

Compensaciones económicas

En los últimos meses, detalla, estas unidades han sido movilizadas en numerosas ocasiones a distintos puntos de la geografía nacional para operaciones de elevada exigencia y riesgo. «En ocasiones, con escaso margen de aviso, sin apoyo logístico suficiente y con compensaciones económicas claramente insuficientes, lo que obliga a muchos agentes a adelantar gastos de su propio bolsillo», según ha precisado el diputado popular en una nota.

Continúa que la situación «más preocupante» es la de la USECIC de Santa Cruz de Tenerife, donde informes de la Oficina de Prevención de Riesgos Laborales alertan de un «deterioro grave» del clima laboral.

Episodios documentados

Y cita algunos episodios documentados: acoso laboral, humillaciones públicas y trato degradante, entre otros. Además de represalias contra quienes ejercen derechos sindicales, vulneración del derecho a la desconexión digital y cambios arbitrarios de turnos que impiden el descanso adecuado.

Indica el diputado que este problema «no es un caso aislado, sino el reflejo de un modelo mal diseñado y mal gestionado que debe revisarse de forma urgente».

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