Sesión plenaria en el Parlamento de Canarias donde se ha convalidado el decreto de residencialización con el apoyo de los grupos que apoyan al Gobierno canario
El Pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado este martes, con los votos a favor de los grupos del cuatripartito –CC, PP, ASG y AHI– y el rechazo de la oposición, la convalidación del decreto-ley de residencialización que suspende las sanciones y abre la puerta al cambio de uso para que las viviendas afectadas no sean turísticas.
Asimismo, se ha rechazado la opción de que se tramite como proyecto de ley.
La consejera de Turismo, Jessica de León, ha admitido que es una «problemática compleja» derivada de la «grave inacción» de los últimos años y ha preguntado a los diputados si estarían dispuestos a «prevaricar».
«Proteger» a los afectados
Ha comentado que «ningún inspector va a por nadie» y que hay «denuncias cruzadas» y ahora se trata de suspender las sanciones en curso para «proteger» a los afectados mientras los ayuntamientos adaptan sus planeamientos.» Es una medida de respiro», ha indicado.
Además ha cargado contra las fuerzas que «miraron para otro lado en el Gobierno» y les ha afeado que «no vengan a buscar votos con el sufrimiento de la gente» cuando los propietarios «llevan 13 años desprotegidos».
A su juicio, si se derogara la ley habría hasta 10.000 empleos afectados por la unidad de explotación. «Mirar para otro lado nos ha costado 3.500 millones de euros, nos ha costado 943 millones en recaudación fiscal y 88.000 puestos de trabajo», ha señalado.
Raúl Acosta, portavoz del Grupo Mixto (AHI), ha comentado que el Gobierno trata de dar respuesta a un problema «muy complejo» que ha generado «muchas distorsiones, temores y dudas» entre los propietarios y entiende que no se puede «mirar para otro lado».
Ha indicado que el decreto es una «oportunidad» para personas que están «en un limbo» y ayudará también a paliar la falta de vivienda y ha solicitado al Ejecutivo que abra una oficina de apoyo para resolver dudas y acompañar a los afectados en el proceso.
Melodie Mendoza (ASG) ha valorado que el decreto aumenta la seguridad jurídica al habilitar un marco legal que permite a los ayuntamientos definir la especialización de uso y suspender las sanciones.
Ha defendido que se logra un «equilibrio razonable» entre la «persecución» a los propietarios y la ordenación del uso del suelo. «Este decreto camina en la buena dirección», ha explicado.
Vox dice que se crea un «galimatías»
Paula Jover (Vox) ha reprochado a la consejera que no haya firmado el decreto y que el Consejo Municipal de Canarias no ha sido consultado cuando San Bartolomé de Tirajana, por ejemplo, se puede enfrentar hasta unas 16.000 reclamaciones.
Ha criticado al Parlamento por no «posponer» el debate y acusado al Ejecutivo de generar un «galimatías» jurídico cuando era preferible derogar artículos.
«Es la cuarta vez que usted tiene la oportunidad de estar a la altura de demostrar que el Gobierno lo está en materia de urbanismo y de conciliación del urbanismo con la ciudadanía, y no lo han hecho», ha espetado a De León.
Además ha comentado que su grupo no va a participar de la «trampa» de este «decretazo», que ha tildado de «sinsentido».
Esther González (NC-BC) ha mostrado su «decepción e indignación» con el decreto porque «condena» a los afectados con una «separata» de la ley de alquiler vacacional «más perversa y lesiva» para los propietarios.
Ha comentado que durante su mandato «solo ha logrado dos manifestaciones y una huelga en Semana Santa» y el decreto «no suspende nada» porque se siguen incoando los expedientes y se obliga a los propietarios a que acudan a su ayuntamiento a declararse «ilegales» y pedir el cambio de uso de toda la parcela.
Reproches al ‘Pacto de las Flores‘
David Morales, del Grupo Popular, ha reprochado al ‘Pacto de las Flores’ que iniciara los procedimientos de sanción en plena pandemia sanitaria por importe de hasta 9.000 euros y defendido que el decreto interviene con «precisión quirúrgica, jurídica y legislativa» para resolver el problema, al suspender las sanciones y eliminar el riesgo de expropiación.
José Miguel Barragán, portavoz del Grupo Nacionalista, ha comentado que los ayuntamientos están informados porque la medida también se incluye en la ley de alquiler vacacional y sostiene que el decreto es una «buena forma» para resolver el problema.
Ha comentado que no entiende las «algarabías» de algunos grupos cuando muchas personas «compraron sabiendo que compraban en un complejo turístico» que se dividió en apartamentos «y allá se las componga el que compre».
El PSOE dice que el decreto «nace muerto»
Gustavo Santana (PSOE) se ha preguntado si el Gobierno gobierna para «determinados sectores económicos», ha subrayado que el decreto «nace muerto» y es una «locura» y no entiende como el Ejecutivo sigue adelante, al tiempo que ha cuestionado la «carga» que se coloca a los ayuntamientos.
En su opinión, «los afectados que tienen pruebas suficientes para decir que lo que está haciendo el Gobierno es recaerle con todo su fuerza ejecutiva y normativa para hacerle ceder incluso en su dignidad personal y económica y social».
Asimismo ha criticado a la consejera por su «desconocimiento» de la planificación urbanística de San Bartolomé y ha augurado que los afectados se defenderán «hasta el final» y no van a cumplir el decreto porque sería «vender su dignidad».
Condonación de deuda
El vicepresidente y consejero de Economía del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, ha dicho este martes que la «falsa condonación de deuda« anunciada por el Gobierno central «no sirve para nada» ya que no libera crédito para poder invertir en la mejora de los servicios públicos de las islas.
En respuesta a una pregunta del Grupo Popular en la sesión de control del Pleno del Parlamento ha señalado también que hay que tener «mucho cuidado» con que desde el Estado se entienda que Canarias «no está infrafinanciada» al contar con el Régimen Económico y Fiscal (REF).
Ha indicado que el REF «no se puede incorporar» al sistema de financiación autonómica, algo que sospecha que puede ocurrir al fijar a Canarias un límite del 50%.
Domínguez ha precisado que Canarias ya tiene «la mejor posición en el mercado» por lo que aunque se dejen de pagar intereses, los recursos sobrantes se incorporan al remanente de tesorería para pagar la deuda a los bancos.
Juan Manuel García Casañas, presidente del Grupo Popular, ha afirmado que Canarias «sale muy perjudicada» con el acuerdo ya que «los canarios van a pasar de tener una deuda por persona de 2.900 euros a más de 3.300 euros«.
Ha criticado también que se haya «desechado» el último acuerdo del Parlamento de Canarias en torno a la deuda y el «desprecio» al REF.
Seguridad para los territorios RUP
Manuel Domínguez ha afirmado también este martes que, en lo relativo a decisiones futuras en materia de defensa, Canarias tiene que anticipar su posición «como región de paz» y en todo caso de colaboración pero «sin profundizar mucho».
De esta manera ha respondido el vicepresidente regional en el pleno del Parlamento canario al portavoz de Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo, quien le ha preguntado por el planteamiento a la UE para que se dé seguridad a los territorios ultraperiféricos ante el nuevo escenario de rearme europeo.
Al respecto Manuel Domínguez ha subrayado que en el encuentro de Regiones Ultraperiféricas (RUP) que se está celebrando en Reunión se ha incorporado la defensa en los asuntos previstos para el debate, junto a la vivienda, el agua, la competitividad y la energía.
Y ante todo, lo primero que tienen que hacer las RUP es solicitar información sobre este asunto «porque no tenemos la suficiente como pronunciarnos respecto a las acciones de cara al futuro ni el papel de Canarias» en concreto, ha admitido el vicepresidente.
Sin embargo, ha subrayado, es sumamente importante que Canarias tome una posición sobre esta cuestión y que uno de los objetivos dentro de la nueva estrategia de las RUP sea el de colaborar en este ámbito pero, ha afirmado, «sin profundizar mucho».
Pobreza
El vicepresidente de Canarias y también consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos ha dicho este martes que la pobreza baja en las islas debido a las acciones del Gobierno canario, mientras que la diputada del grupo Socialista, Tamara Raya, ha indicado que se debe a las del Ejecutivo central.
En el pleno del Parlamento de Canarias, Tamara Raya ha preguntado a Manuel Domínguez por la política económica que ha llevado a cabo el Gobierno regional para reducir los niveles de pobreza en Canarias, a lo que el vicepresidente y consejero ha respondido que el informe Arope señala ese descenso en las islas.
Los datos son mejores que en 2014 y los marca en parte la política transversal del Gobierno de Canarias, ha insistido Manuel Domínguez.
Tamara Raya ha recordado que el informe Arope no es el definitivo, y ha añadido que en el provisional se dice que el descenso de la pobreza se debe a cuestiones como el aumento de las pensiones, algo que no depende del Ejecutivo canario, y también apunta a la política de vivienda.
La diputada del Grupo Socialista ha manifestado que, además, en el informe Arope se recomienda al Gobierno canario que complemente el Ingreso Mínimo Vital (IMV).
El vicepresidente y consejero ha replicado que si bien la diputada «saca pecho» de la política de vivienda las protestas en las calles son por las acciones realizadas por el anterior Ejecutivo canario, del PSOE.
Menores migrantes solicitantes de asilo
Manuel Domínguez ha anunciado que su Ejecutivo prepara una iniciativa para solicitar al Gobierno central que compense a Canarias por los gastos asumidos durante un año «de manera injusta e innecesaria» por la atención de 1.008 menores migrantes solicitantes de asilo, a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo.
En respuesta a una pregunta del Grupo Socialista en la sesión de control del Pleno del Parlamento ha acusado al Gobierno central de hacer «sufrir» al archipiélago al no hacerse cargo de la tutela de los menores, hasta el punto de que llegó a recurrir la sentencia que luego retiró por la «presión» ejercida desde las islas.
Domínguez ha defendido que el Gobierno de Canarias es la administración que más «ha antepuesto» los derechos de los menores a cualquier otro, por encima del Gobierno central y la UE.
Votación del decreto ley para la distribución de menores migrantes
La presidenta del Grupo Socialista, Nira Fierro, ha preguntado a Domínguez «qué van a hacer» los seis diputados del PP canario en la votación del decreto ley que reforma de la ley de extranjería y ha ironizado con que los canarias van a «agradecer» más a los siete diputados de Junts que a los populares.
Ha criticado al vicepresidente porque «se agarran a la sentencia del Supremo como tabla de salvación» cuando lo que se vota este jueves en el Congreso «es una respuesta integral», no de los solicitantes de asilo.
Fierro ha solicitado a los populares canarios que «voten sí» porque si no se estará «ratificando» que el compromiso de Domínguez con Canarias «es papel mojado» y su palabra en política «no vale nada».
De hecho, ha descrito al vicepresidente como el «mejor soldado» del PP, que antepone los intereses del partido a los de Canarias cuando muchos de sus compañeros como Carlos Mazón, Isabel Díaz Ayuso, Jorge Azcón o Marga Prohens «abofetean» a las islas al negarse a acoger a más menores migrantes o interponer recursos ante el Tribunal Constitucional.
Tierras raras
Manuel Domínguez, también en la sesión plenaria de este martes, ha solicitado a todas las fuerzas parlamentarias que se unan para pedir que se modifique la ley estatal de minas, que data de 1973, para «proteger» a Fuerteventura de una eventual extracción de tierras raras.
En respuesta a una pregunta de NC-BC en la sesión de control del Pleno del Parlamento ha vuelto a reiterar que «no se va a mover en ni un centímetro de tierras» al tiempo que ha ironizado con que la formación nacionalista quiere despertar al «león dormido» de Bruselas para que la decisión se tome por un órgano supraregional y después «buscar un culpable en el Gobierno de Canarias».
Decreto ley para proteger Fuerteventura
Natalia Santana (NC-BC) ha comentado que no hay «garantía alguna» de que Fuerteventura no aparezca en el futuro en la estrategia de tierras raras de la UE, una de las líneas futuras del continente para «disminuir» la dependencia de China.
Ha valorado la negativa del Gobierno canario de rechazar las prospecciones si bien solo se quedan en la mera «intencionalidad» dado que no se ha cumplido el mandato de la Cámara de aprobar un decreto ley «que cerraría la puerta sin ambigüedades» a sacrificar a Fuerteventura «al servicio de intereses económicos ajenos».
Hoy, un año después, no hay decreto, no hay avances y tampoco hay explicaciones, lo único que tenemos es su inacción», ha espetado al vicepresidente, quien utiliza en política el «modo Domínguez» de «dejar que el tiempo pase, evitar el conflicto y si nadie hace ruido mirar para otro lado».
No obstante, ha precisado que la ciudadanía de Fuerteventura «sí hace ruido y lo que exige no es poesía política ni proclamas con fecha de caducidad, sino garantías jurídicas».
Ejecución presupuestaria
La consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Matilde Asián, ha achacado la inejecución presupuestaria de 2024 a la «incertidumbre» generada por el Gobierno central y la no presentación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), con una prórroga de que no aclaró las entregas a cuenta hasta el mes de septiembre.
En respuesta a una pregunta del Grupo Socialista en la sesión de control del Pleno del Parlamento se ha mostrado dolida porque el diputado Manuel Hernández haya dicho que a Canarias «no se le debe dar más dinero» porque no lo sabe ejecutar por lo que ha reclamado la «unidad suficiente para aparcar determinados problemas» y exigir que lleguen recursos para educación, sanidad y servicios sociales.
Hernández ha hablado de «fracaso anunciado» porque el presupuesto de 2024 tenía «engaños» y «trampas», con un incremento «desequilibrado» que se ha traducido en 1.329 millones de euros.
«Han roto tristemente su propio récord. El Gobierno más caro de la historia de Canarias convertido en el más ineficaz e ineficiente, con el peor grado de ejecución de los últimos 12 años», ha explicado.
Ha comentado que «la incertidumbre siempre ha existido», lo mismo que la regla del gasto que «aprobó como diputada y que podía haber modulado con políticas fiscales justas y progresivas, las contrarias a las que han aplicado».
PSOE critica la mala ejecución presupuestaria
Hernández ha constatado el «descalabro» económico del Gobierno mientras «busca el enfrentamiento» con el Gobierno central «pidiendo más recursos cuando son incapaces de ejecutar de los que disponen».
En esa línea ha comentado que las operaciones de capital se han ejecutado en 293 millones de euros menos que en el año 2023 lo que deja un superávit de 537 millones cuando se partía en la formulación del presupuesto de un déficit cero.
«O ustedes mintieron o no sabían lo que se traían entre manos y no sé qué es peor», ha espetado a Asián, a quien ha afeado que el Ejecutivo «practique el trilerismo presupuestario» y no tenga una «hoja de ruta que cumpla y que gestione».
