Las autonomías piden más apoyo económico y plazos más amplios para reforzar la eficacia del mecanismo de eficiencia energética
Canarias y otras once comunidades autónomas han enviado una carta al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para proponer mejoras en el sistema de Certificados de Ahorro Energético (CAE). Este mecanismo, operativo desde 2023, impulsa la eficiencia y sostenibilidad energética, permitiendo a las empresas reducir consumo y rentabilizar sus inversiones mediante un mercado secundario de certificados.
La misiva, firmada por Canarias, La Rioja, Galicia, Andalucía, Cantabria, Comunidad Valenciana, Extremadura, Castilla y León, Madrid, Baleares, Aragón y Murcia, subraya el valor estratégico del CAE. Las autonomías destacan que esta herramienta canaliza inversiones hacia la eficiencia energética, alineadas con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y la Directiva Europea de Eficiencia Energética.
Costes de gestión y falta de financiación
Las comunidades señalan que la gestión del sistema genera una carga técnica y administrativa creciente, sobre todo en personal y verificación documental. El director general de Industria, Energía y Minas de Murcia, Federico Miralles, explicó que las tareas incluyen verificación de certificados, control de trazabilidad y coordinación con el Ministerio.
Miralles recordó que no existe financiación específica para cubrir los gastos indirectos de personal, asistencia técnica o sistemas de información. Por ello, las autonomías solicitan un presupuesto de apoyo con cargo al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, que garantice la continuidad y eficacia del sistema.
Más tiempo para emitir informes
Las comunidades también piden ampliar los plazos para la emisión de informes autonómicos, actualmente de 15 días para actuaciones estandarizadas y 30 para las singulares. Según Miralles, los gestores autonómicos deben revisar, validar y emitir los certificados de ahorro energético, un proceso complejo en momentos de alta carga administrativa o escasez de personal.
Por ello, las autonomías proponen extender los plazos a 30 días hábiles para las actuaciones estandarizadas y 45 para las singulares, con el objetivo de mejorar la calidad de la verificación y reforzar la seguridad técnica y jurídica del sistema CAE.
