El Ministerio de Sanidad lleva este viernes al Consejo Interterritorial un nuevo documento que apruebe el plan de salud mental que rechazaron las comunidades del PP
Sanidad volverá a intentar este viernes que el Consejo Interterritorial apruebe el plan de salud mental que tumbaron las comunidades del PP. Lo harán presentándoles un nuevo documento que sigue apostando por un modelo más humanizado con un mejor uso de los psicofármacos.
Dotado con 39 millones de euros, el nuevo ‘Plan de Acción de Salud Mental 2025-2027’ cuenta con el consenso del comité técnico de la estrategia de salud mental. Ahí se incluye el de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental (SEPSM), que se desvinculó del primero por reticencias con algunas de las medidas referentes especialmente a la prescripción.
La primera versión, que sólo recibió el voto a favor de Asturias, Castilla-La Mancha, Canarias y Cataluña, cayó por el rechazo de los consejeros populares. Estos se ampararon en que el plan carecía de presupuesto y en la desvinculación de la SEPSM, pese a que el resto de sociedades científicas lo apoyaban tal y como estaba.
En busca de consenso
El comité técnico ha acordado algunas modificaciones del texto, con 8 líneas de acción. Entre ellas, se busca una mayor humanización del modelo de atención, un uso adecuado de psicofármacos en el país líder en consumo de benzodiazepinas, una mayor «prescripción social», alternativas a la institucionalización y la sujeción mecánica o la regulación de la psicoterapia.
Por su parte, Ministerio y comunidades tienen muchos otros asuntos, entre ellos, la derogación de una orden de 1987 que impedía la donación de órganos a personas con VIH o la modificación de las normas para garantizar la asistencia sanitaria transfronteriza.
Otros acuerdos
Sobre la mesa también están los acuerdos sobre el abordaje de esclerosis múltiple y la estrategia de enfermedades neurodegenerativas del SNS. Además, de la actualización del catálogo de pruebas genéticas de la cartera común de servicios.
Asimismo, estudiarán la creación de dos grupos de trabajo, uno para elaborar una propuesta de modificación del real decreto de bases generales sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios y otro de Depósitos de Reservas Estratégicas.
También debatirán sobre las recomendaciones de buenas prácticas en las relaciones de la administración pública sanitaria con la industria de las bebidas alcohólicas, el modelo de certificación médica de ausencia de enfermedad oncológica o la Guía Común del Sistema Nacional de Salud sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo
