La corporación local se postula como titular de bienes jurídicamente protegidos vinculados a la causa de supuesta trama de corrupción urbanística
La Audiencia de Las Palmas ha reconocido la legitimación del Ayuntamiento de la capital grancanaria para personarse en el ‘caso Valka’ por la presunta existencia de un perjuicio patrimonial derivado de esta supuesta trama de corrupción urbanística ocurrida en mandatos anteriores.
Según ha informado este lunes el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, la Dirección General de la Asesoría Jurídica de la corporación municipal había apelado contra las resoluciones dictadas por el Juzgado de Instrucción número 2 de Las Palmas de Gran Canaria que investiga el caso y que entendía «prematura» la personación del Consistorio.
La sección primera de la Audiencia señala que la corporación local se postula como titular de bienes jurídicamente protegidos vinculados a la causa y que, de confirmarse la actividad delictiva, sería razonable que esta afectara negativamente al interés público representado por la corporación local, indica el comunicado.
Asimismo, entiende que más allá de consideraciones reputacionales, el posible daño patrimonial justifica plenamente la intervención procesal del Consistorio.
En defensa de los intereses públicos municipales
El concejal de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda, Mauricio Roque, ha manifestado que esta decisión judicial que permite la personación del Consistorio es «un importante reconocimiento del derecho del Ayuntamiento a defender los intereses públicos municipales».
Además, ha destacado que la admisión de la personación facilitará el acceso al sumario y le permitirá «colaborar activamente con la Justicia, como se ha hecho desde el inicio».
El ‘caso Valka’ indaga la posible comisión de delitos de prevaricación administrativa, prevaricación urbanística, tráfico de influencias, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, malversación de caudales públicos, falsedad en documento público y revelación de información privilegiada.
Los seis investigados en la causa son el excoordinador de Urbanismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria José Manuel Setién; el exjefe de Parques y Jardines del Consistorio Miguel Ángel Padrón; la gerente de Geursa, Marina Mas; el jefe de su oficina técnica de Movilidad y Obras, Carlos Cabrera; un empresario y un empleado público.
