El pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado este lunes por unanimidad emitir un informe desfavorable a que el diferencial fiscal en los incentivos a las producciones cinematográficas en la islas con respecto al resto de España se sitúe por debajo del 80 por ciento. Un pronunciamiento que comparte el Gobierno regional
Este informe preceptivo se emite a petición del Senado, ya que el proyecto de ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal que tramita la Cámara Alta altera en este punto el Régimen Económico y Fiscal (REF) de las islas. La respuesta negativa del Parlamento de Canarias supone que la tramitación de esa normativa queda de momento paralizada.
El informe desfavorable del Parlamento de Canarias llevará a que, por primera vez desde la reforma del Estatuto de Autonomía en 2018, la administración del Estado y la Comunidad Autónoma tengan que negociar las discrepancias sobre un cambio en el REF sin acuerdo canario, en el marco de la Comisión Bilateral de cooperación.
El plazo para esa negociación bilateral será de dos meses desde su iniciación y si no se alcanza acuerdo, el proyecto de ley «continuará su tramitación incluyendo las modificaciones y propuestas, en su caso, o de acuerdo con los trámites ordinarios previstos en la normativa de aplicación», según el Estatuto.
En ese proyecto de ley, se establece la deducción fiscal para las producciones cinematográficas en Canarias por hasta 12,4 millones de euros, en lugar de al menos 18 millones, como reclama la Comunidad Autónoma para que se mantenga el diferencial en un 80 por ciento superior al aplicado en la península, donde se pueden desgravar gastos por 10 millones de euros en el impuesto de sociedades.
Hasta mayo de 2020, el incentivo fiscal en Canarias, aumentado ahora a 12,4 millones de euros, era hasta ahora de 5,4 millones y había quedado desactualizado al aprobar el Gobierno de España en esa fecha un incentivo en el resto de España de 10 millones de euros.
Los grupos resaltan la unanimidad
Los grupos parlamentarios destacaron la importancia de esta unanimidad en la defensa del Régimen Económico y Fiscal, aunque mientras los representes de los grupos que apoyan al Gobierno autonómico enmarcaron este acuerdo en la defensa del REF por encima de los partidos los portavoces de la oposición acusaron al ejecutivo regional de haberse avenido «a rastras» a este acuerdo.
El diputado socialista en el Parlamento autonómico Iñaki Lavandera indicó que la ampliación del incentivo canario hasta 12,4 millones, introducido en Senado mediante una enmienda del PSOE, «es mejor» que haberlo dejado sin actualizar, pero es insuficiente, por lo que «es nuestra responsabilidad» defender el diferencial fiscal del 80 por ciento que establece el REF.
Rosa Dávila, de CC-PNC, acusó al presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, de débil o cómplice por haber aceptado «el atropello de los derechos de los canarios» durante un año y le instó a recurrir al Tribunal Constitucional cualquier modificación del REF por decreto sin informe previo de Canarias y al margen de las previsiones del Estatuto de Autonomía.
El diputado del PP Fernando Enseñat acusó al Gobierno de España de perpetrar un «ataque deliberado» contra la industria cinematográfica canaria, contra la diversificación económica y contra la creación de empleo y consideró muy alarmante la «pasividad» del ejecutivo canario desde que hace un año se vulneró lo establecido en el REF.
La diputada de Nueva Canarias Esther González destacó su «orgullo» por el «no rotundo y unánime» del Parlamento en la defensa del fuero canario, en lo que supone «un día histórico» porque por primera vez se activará el nuevo modelo de relaciones bilaterales con el Estado para resolver las discrepancias.
Francisco Déniz, de Sí Podemos Canarias, defendió que se consoliden el diferencial fiscal a las producciones audiovisuales y cinematográficas, un sector estratégico para diversificar la economía más allá del turismo, y señaló que es preciso consolidar los 12,4 millones de euros de incentivo para llegar a los 18 millones que corresponden.
El portavoz de ASG, Casimiro Curbelo, consideró que este acuerdo unánime debe servir para que España se entere de que «tiene una región ultraperiférica» cuyos fueros y leyes «tiene que respetar y cumplir» y alabó que el presidente Torres haya antepuesto el interés de los ciudadanos a la disciplina de partido.
La portavoz de Ciudadanos, Vidina Espino, dijo que el Ministerio de Hacienda ha tenido un año para actualizar el diferencial, pero el Gobierno de Canarias no ha hecho su trabajo y ahora «salva la cara por la mínima
