El presidente canario, Fernando Clavijo, en el pleno del Parlamento de Canarias, ha asegurado que las islas presentan una evolución mejor que durante el anterior Gobierno
El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha defendido que es más probable que salga adelante la reforma del sistema de financiación autonómica que los Presupuestos Generales del Estado (PGE). En este contexto, ha destacado que Canarias parte de una posición favorable gracias a la negociación realizada y al reconocimiento de la desvinculación del Régimen Económico y Fiscal (REF) del nuevo modelo de financiación.
Durante la sesión de control del Parlamento de Canarias, Clavijo ha pedido evitar que la política autonómica se vea condicionada por la crispación y la tensión del escenario estatal. A su juicio, todavía queda legislatura y es necesario mantener preparada a Canarias ante los distintos escenarios que puedan producirse.
El presidente ha asegurado que las islas presentan una evolución mejor que durante el anterior Gobierno del Pacto de las Flores, con mejoras en el empleo y el paro juvenil, las listas de espera en dependencia y discapacidad, la reducción de la pobreza y un crecimiento económico superior a la media de España y de la Unión Europea. No obstante, considera que esta evolución podría ser aún más favorable si el Ejecutivo central aprobara los PGE o aplicara una deflactación del IRPF.
Problemas y retos
Entre los principales problemas, Clavijo ha situado la inflación, agravada por la guerra de Irán y la elevada dependencia de Canarias del transporte. Ha advertido de que el incremento de los costes tiene un impacto especialmente importante sobre las clases medias.
De cara a lo que queda de legislatura, el presidente ha fijado varios retos: aprobar los presupuestos autonómicos de 2027, mejorar el acceso a la vivienda, lograr un resultado favorable para Canarias en el próximo marco financiero plurianual de la UE, renovar el convenio de carreteras y aprovechar un superávit de unos 600 millones de euros.

‘Decreto Canarias’
Clavijo también ha señalado al denominado ‘Decreto Canarias’ como eje de las relaciones con el Estado, con el objetivo de avanzar en convenios específicos y en una fiscalidad diferenciada para las denominadas islas verdes.
Desde ASG, Casimiro Curbelo ha reclamado continuar trabajando en el nuevo Fdcan, el convenio de carreteras, las infraestructuras hidráulicas y educativas, así como en medidas frente al reto demográfico y para diversificar la economía.
El portavoz socialista, Sebastián Franquis, ha cuestionado la gestión del Ejecutivo y ha asegurado que las familias canarias viven peor que hace tres años, especialmente por el aumento del alquiler y las dificultades de emancipación juvenil. Ha reclamado un cambio de modelo para que el crecimiento económico reduzca la desigualdad.
Por su parte, el portavoz nacionalista, José Miguel Barragán, ha defendido que Canarias avanza gracias a la estabilidad, la búsqueda de acuerdos con el Estado y el consenso con cabildos, ayuntamientos y universidades.
Crisis migratoria
El presidente del Gobierno de Canarias ha criticado este jueves la «dejadez e indolencia» del Gobierno central en Ceuta al mismo tiempo que ha pedido a la UE abrir una «profunda reflexión sobre la gestión de la inmigración.
En respuesta a una pregunta del Grupo Popular en la sesión de control del Pleno del Parlamento ha mostrado el «apoyo y soporte» de su Ejecutivo a la ciudad autónoma porque Canarias ya ha pasado por ese «tránsito» pero remarca que ahora, la diferencia es que «está en juego» el nuevo reglamento de asilo que busca «retener» a los migrantes en territorios fronterizos.
Esto significa, según el presidente, que el triaje puede prolongar hasta seis meses a los adultos y se pregunta que podría ocurrir si hubiese una llegada a las islas como la de 2024, con más de 47.000 personas.
Por ello ha planteado que hay una «discusión» con el Estado sobre quien acomete el triaje.
El presidente ha reclamado «sosiego y sentido común» porque «habrá más muertes y más crispación» y defendiendo siempre los derechos humanos de las personas migrantes pero también los de «los canarios».
Juan Manuel García Casañas, presidente del Grupo Popular, ha resaltado el «apoyo» de su partido a Ceuta ante la «invasión» de más de 70.000 personas procedentes de Marruecos en medio de la «desidia, la mentira y la corrupción» del Gobierno.
Ha comentado que los ceutíes «siguen solos» y «encima tienen que aguantar» al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, encargado como «emisario» a Torres cuando sufren «problemas de convivencia, seguridad y molestias.
Ha instado a Torres a que «se dedique a trabajar por los canarios» y pedido que los «invasores» no sigan en Ceuta y vuelvan «caminando» a Marruecos.
‘Agenda Canaria’
El presidente canario también ha avanzado este jueves que se reunirá antes de que acabe el mes con el ministro de Hacienda, Arcadi España, para profundizar en el cumplimiento de la ‘Agenda Canaria’ y los aspectos que han quedado fuera del ‘Decreto Canarias’.
En respuesta a una pregunta del Grupo Mixto ha comentado que el decreto «es un avance pero no el final del camino» de ahí que no «da por cerrada la carpeta» y hay que «seguir trabajando» pues tras el cumplimiento con La Palma, que era «de justicia», ahora se trata de que sigan llegando las partidas procedentes de los PGE de 2023.
Raúl Acosta, portavoz del Grupo Mixto (AHI), ha indicado que «Canarias no está pidiendo privilegios» sino el «cumplimiento de compromisos» incluidos en el Estatuto de Autonomía, el REF o la ‘Agenda Canaria’.
Ha ironizado con que «parece que el decreto se llama Decreto La Palma» dado que tiene la mayor parte de las medidas si bien ha apostillado que «se lo merecen» porque «han sufrido bastante» tras la erupción pero no ha ocultado que «el resto» sigue esperando.
En esa línea ha afirmado que la propuesta inicial del decreto «era más ambiciosa» porque incluía el Posei adicional, obras en materia de aguas o una OSP La Palma-El Hierro por lo que su grupo mantiene la «exigencia» sobre los fondos pendientes y un trato diferenciado para El Hierro.
Acuerdo extrajudicial con hoteleros
El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, además ha defendido en el Parlamento de Canarias el acuerdo extrajudicial alcanzado con los hoteleros para cerrar 36 litigios que podían haber supuesto indemnizaciones cercanas a los 1.000 millones de euros. El pacto reduce esa cantidad a algo menos de 500 millones, de los que 261 millones ya fueron abonados en agosto, a la espera de que el resto de propietarios de suelo dé su conformidad. Clavijo ha subrayado que el acuerdo ha sido validado judicialmente.
El portavoz de NC-bc, Luis Campos, ha calificado el pacto de «rendición absoluta» y ha acusado al Ejecutivo de Canarias de beneficiar a los propietarios, que mantienen sus terrenos y sus derechos urbanísticos pese a recibir casi 500 millones. Campos ha rechazado además que las indemnizaciones sean consecuencia de las moratorias turísticas de 2001 y 2003, cuyas sentencias, según ha señalado, fueron favorables a la comunidad autónoma.
Clavijo ha situado el origen de los litigios en decisiones anteriores a la ley de medidas urgentes de 2009 y ha defendido como modelo la ley del suelo de 2017, que permite desclasificar terrenos urbanizables no desarrollados en cinco años. Ambos dirigentes se han cruzado acusaciones sobre la gestión económica y territorial de sus respectivos gobiernos.


