La medida entra este martes en vigor y Favapa denuncia que está generando inseguridad jurídica en el registro para el 90% de los pequeños arrendadores de vivienda vacacional
La Federación de Asociaciones de Propietarios de Alquileres Vacacionales y Temporales (Favapa) alerta de que el registro de alquiler de corta duración, que es obligatorio desde este martes 1 de julio, es «un monstruo jurídico» que expulsa del mercado al 90% de los pequeños arrendadores mientras beneficia a fondos de inversión.
Reunión de urgencia
La federación ha solicitado una reunión de emergencia con el Ministerio de Vivienda «para abordar la inseguridad jurídica sin precedentes» que aseguran que genera la puesta en marcha de este registro. La queja está relacionada con lo que califican de «un escenario de arbitrariedad que perjudica gravemente a los pequeños propietarios y vulnera principios legales fundamentales».
Según ha afirmado, los registradores de la propiedad están aplicando interpretaciones divergentes del real decreto. Denuncian que están excediéndose en sus funciones al analizar aspectos urbanísticos y turísticos que competen exclusivamente a ayuntamientos y comunidades autónomas.
Esta práctica contradice expresamente el informe técnico emitido por el Colegio de Registradores. Este documento limita su labor a la verificación de circunstancias que dimanan del registro de la propiedad. agregan.
Todo ello está generando rechazos injustificados de inscripciones basados en criterios subjetivos, ignorando sentencias judiciales y normativas autonómicas vigentes.
Impidiendo la actividad
Además, según la federación, existen miles de casos en toda España en los se está impidiendo el ejercicio de la actividad. Por ejemplo, rechazan este ejercicio cuando la vivienda no está inscrita en el registro de la propiedad o cuando hay una divergencia entre la constancia registral y la realidad.
Asimismo, alertan de que se está creando un caos territorial. Relatan que propietarios de distintas regiones se enfrentan a requisitos contradictorios para un mismo trámite.
Para la Federación de Asociaciones de Propietarios de Alquileres Vacacionales y Temporales se incurre en graves vulneraciones legales, como la duplicidad ilegal, ya que impone la obligatoriedad de solicitar un número de inscripción en el registro de la propiedad.
También consideran que se produce una invasión competencial, pues usurpa las competencias exclusivas de las comunidades autónomas en turismo y vivienda, ya denunciada por Andalucía, Valencia, Canarias y Murcia mediante recursos judiciales, así como por la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional.
Por ello, han reclamado la suspensión inmediata del real decreto hasta resolver los recursos judiciales interpuestos que actualmente se tramitan ante el Tribunal Supremo.
«No permitiremos que la improvisación ahogue a miles de familias», han zanjado.
