La orden de arresto se dicta por parte del TPI por presuntos crímenes de guerra y contra la humanidad perpetrados en la ofensiva militar sobre la Franja de Gaza
El Tribunal Penal Internacional (TPI) ha dictado sendas órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el anterior responsable de Defensa, Yoav Gallant, por los presuntos crímenes de guerra y contra la humanidad perpetrados en la ofensiva militar sobre la Franja de Gaza.
La corte ha ordenado también la detención del jefe del ala militar de Hamás, Mohamed Diab al Masri, conocido como ‘Abú Deif’, después de que otros dirigentes islamistas señalados previamente, entre ellos Yahya Sinwar e Ismail Haniye hayan perdido la vida en los últimos meses en operaciones israelíes.
La Fiscalía del TPI había solicitado el arresto de todos ellos el pasado mes de mayo, por lo que el ámbito de los crímenes investigados irá desde el 8 de octubre de 2024 hasta el 20 de mayo de 2024, ha explicado el tribunal de La Haya en un comunicado.
Al líder de las Brigadas Ezzeldín al Qassam se le acusa de varios crímenes contra la humanidad –asesinato, exterminio, tortura, violación y otras formas de violencia sexual– y de guerra –asesinato, tratos crueles y tortura, toma de rehenes, atrocidades contra la dignidad personal, violación y otras formas de violencia sexual– que se remontarían a los atentados del 7 de octubre de 2023, en los que murieron unas 1.200 personas y otras 240 fueron secuestradas.
Ejecución de las órdenes
En cualquier caso, en el actual contexto parece complicado que se puedan ejecutar las órdenes de arresto dictadas este jueves, habida cuenta de que el TPI no dispone de elementos propios y depende de la colaboración policial de los Estados firmantes del Estatuto de Roma, dentro de los cuales no figura Israel ni tampoco su principal valedor internacional, Estados Unidos.
Así, Netanyahu técnicamente podría seguir viajando a otros países siempre y cuando no pisase uno de los 124 países que integran el TPI. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, sobre quien también pesa una orden de arresto por crímenes en Ucrania, llegó a visitar este año a Mongolia con la connivencia de las autoridades locales, que técnicamente sí debían acatar los dictámenes de la corte.
