El Congreso de los Diputados aprueba este miércoles el nuevo Pacto, que recoge 462 medidas que pretenden ser la hoja de ruta contra las violencias machistas en España en los próximos cinco años

Tipificar como delito las violencias económica y digital contra las mujeres, reforzar la protección de niñas y niños víctimas de la violencia vicaria, mejorar el trato a las víctimas y profundizar en la especialización de las justicia son algunas de las medidas más relevantes del nuevo Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Las claves del nuevo Pacto de Estado contra la Violencia de Género:

Violencia vicaria

Se insiste en garantizar el reconocimiento directo como víctimas de los hijos e hijas menores de las mujeres maltratadas para evitar que se acuerden o mantengan convivencia o visitas con un padre agresor, en mejorar protocolos educativos y sanitarios de detección precoz y diseñar mecanismos seguros para que los menores puedan denunciar situaciones de violencia.

También se solicita que las redes asistenciales les presten ayuda, protección y reparación especializadas, formar a todos los profesionales que tratan con ellos y perfeccionar los sistemas de evaluación de su riesgo.

Violencia económica

Se incluirá como delito de violencia de género en el Código Penal. Esta violencia no se limitará al impago de pensiones, también abarcará conductas como el alzamiento de bienes, estafas, apropiaciones indebidas o administración desleal.

Violencia digital

Se tipificarán como delito los supuestos de ciberdelincuencia de género. Se pretende castigar con cárcel a quien recurra a la inteligencia artificial para crear pornografía falsa no consentida, esto es, sancionar a quienes, sin consentimiento de la persona afectada, difundan o exhiban su imagen corporal o su voz simulando situaciones de contenido sexual o gravemente vejatorias.

Mayor protección

Aumentar los efectivos policiales destinados a la lucha contra la violencia de género, exigir formación evaluable y obligatoria a la judicatura y ampliar los criterios de riesgo para la concesión de órdenes de protección.

Reformas penales

Suprimir las atenuantes de confesión y de reparación del daño en violencia machista, enjuiciar todos los procedimientos relativos a la misma víctima en un único órgano judicial o que se pueda dictar prohibición de aproximación cuando haya un quebrantamiento de pena.

Explotación sexual

Se insiste en aprobar una ley integral contra la trata. También se pide desincentivar el consumo de prostitución, promover cambios legales para «combatir la publicidad de prostitución en todas sus formas», luchar contra el proxenetismo, castigar al proxeneta y prestar atención integral a las víctimas.

Violencia de género de segundo orden

El Pacto propone reconocerla y proteger a quienes la sufren. Por ella se entiende la violencia física o psicológica, las represalias, las humillaciones y la persecución ejercidas contra las personas que apoyan a las víctimas, incluidas las profesionales.

Sanidad

Se articulan una veintena de medidas para que el sistema sanitario sea la puerta de entrada a la protección de las víctimas, con instrumentos para la detección precoz, la atención psicológica a huérfanos y también a agresores que lo soliciten de forma voluntaria.

Financiación

500 millones de euros de dotación para cinco años, un 50 por ciento más de presupuesto que el Pacto anterior. Del total, 800 millones se destinarán a las comunidades autónomas; 500 millones, a la Administración General del Estado y 200 millones, a las entidades locales.