La nueva Ley por el Derecho a la Vivienda regulará diferentes aspectos del sector inmobiliario, con especial incidencia en el alquiler
Tras catorce meses atascada en su tramitación parlamentaria, la negociación de la Ley por el Derecho a la Vivienda se desbloqueó finalmente con un acuerdo político entre el PSOE, UP, ERC y Bildu.
Esta ley regulará diferentes ámbitos del sector inmobiliario y está centrada en la parte del alquiler de inmuebles e incluirá medidas para ayudas al acceso a la vivienda, regulación de los desahucios o la limitación de los precios del alquiler en “zonas tensionadas”.
El acuerdo incluye que la subida de todos los alquileres de vivienda en la renovación anual de los contratos se limitará al 3 % en 2024 y se desvincula del IPC. Para 2025, se estudiará un nuevo índice para actualizar los alquileres.
Resumimos los aspectos más destacados del proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda que aprueba este jueves la Comisión de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana en el Congreso de los Diputados.
Zonas tensionadas
Las condiciones para definir una “zona tensionada” se facilitarán en la nueva normativa. La declaración de un barrio o un municipio como «zona tensionada» dependerá de cada comunidad autónoma, incluyendo la revisión al Ayuntamiento del municipio donde se estén estudiando estas zonas.
Las “zonas tensionadas” en este sentido pueden hacer referencia a espacios muy concretos o incluso a grandes áreas que podrían afectar a toda la comunidad autónoma.
Las comunidades podrán declarar un área tensionada si la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler más los gastos y suministros básicos supera el 30 % de la renta media de los hogares o si el precio de compra o el alquiler de la vivienda ha aumentado al menos tres puntos por encima del IPC en los cinco años anteriores.
Actualización de los alquileres
Los alquileres quedarán desvinculados del Índice de Precios al Consumo (IPC). A partir de enero de 2024, las actualizaciones de los alquileres se verán limitadas a un máximo de un 3%. Para 2025, se establecerá un nuevo índice de actualización del precio de los alquileres.
Otros aspectos sobre el alquiler
Además de la desvinculación del IPC en la actualización de los contratos de alquiler, los gastos y honorarios inmobiliarios producidos por el alquiler de un inmueble correrán siempre a cargo del propietario. Asimismo, se eliminan las cláusulas que permitían la no aplicación de las medidas que contiene la Ley de existir un acuerdo entre las partes.
Para los pequeños propietarios la ley prevé que la primera vez que saquen su vivienda al mercado de arrendamiento tendrán que aplicar el índice de precios, mientras que en los nuevos contratos de inmuebles ya alquiladas con anterioridad no podrá superarse el precio del contrato anterior y los caseros recibirán bonificaciones fiscales si bajan el precio.
Regulación de los alquileres en “zonas tensionadas”
Los precios de los alquileres de los nuevos contratos de alquiler estarán regulados y topados. El principal objetivo de esta medida es contener y reducir el precio de las viviendas de alquiler. Esta medida no se aplicará en zonas no declaradas tensionadas.
Esta medida se aplicará teniendo en cuenta la modalidad del contrato y las características del propietario.
Gran tenedor
Grandes tenedores serán las personas físicas o jurídicas que tengan en propiedad cinco o más viviendas. El resto quedará definido como pequeño propietario.
Desahucios
La nueva normativa tiene varias medidas para alcanzar la protección contra los desahucios, la más significativa de todas es poner fin a los desahucios sin fecha predeterminada. Deberá ser obligatorio establecer una fecha y una hora para llevarlos a cabo.
Además, otra medida importante dentro de este apartado es que se incluyen nuevas prórrogas en los procedimientos de lanzamiento, que aplazarán los procesos más de dos años.
