El gobierno de Canarias está pendiente de como puede afectar la normativa europea sobre la emisión de CO2 a las navieras
El consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, se reúne en Bruselas con la responsable de Mercados de Carbono y Movilidad Limpia de la Dirección General de Movilidad de la Comisión Europea. Imagen de archivo
El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha planteado a la Comisión Europea la preocupación por el régimen de comercio de derechos de emisión de CO2 y como afectará al tráfico marítimo en los puertos.
El gobierno de Canarias teme la perdida de competitividad en favor de otros destinos. Por esta razón, ha presentado una serie de propuestas a la responsable de Mercados de Carbono y Movilidad Limpia de la Dirección General de Movilidad de la Comisión Europea, Beatriz Yordi, para que tengan en cuenta al archipiélago canario.
En esta reunión europea, han estado presentes también la directora general de Transportes y Movilidad, María Fernández, y los presidentes de las autoridades portuarias de las dos provincias. Rodríguez ha señalado que la nueva directiva europea «resta competitividad y conectividad al archipiélago» y ha avanzado que Canarias trabajará con el resto de regiones ultraperiféricas para «lograr que se adapten estas políticas europeas». Por su parte, “la tasa que pagarán los buques por contaminación afectará a nuestra economía y a nuestra supervivencia, por lo que perderemos conectividad en beneficio de otros puertos de terceros países», ha afirmado Calzada, quien ha insistido en que «nuestro avituallamiento y nuestros suministros están en peligro».
El presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Suárez, ha comentado la importancia de continuar defendiendo las especificidades del archipiélago, y asegurar un tráfico marítimo internacional.
El 3 de diciembre se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. En Canarias siguen habiendo queja por la tardanza en reconocer la discapacidad
La Diputada del Común, Lola Padrón, recuerda en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad que igual que en otras regiones, “las personas con discapacidad se enfrentan desafíos en los que las organizaciones locales, las instituciones públicas y la sociedad debemos trabajar para facilitarles el acceso a los derechos fundamentales. Hay que actuar con urgencia y no podemos esperar a estudios ni diagnósticos, hay que poner una solución ya”.
Imagen de recurso de un hombre en silla de ruedas/EuropaPRESS
Aunque se han realizado avances en la promoción de la inclusión y los derechos de las personas con discapacidad en el Archipiélago, todavía existen áreas donde mejorar. Por ejemplo al reconocer la discapacidad. Padrón afirma que “tenemos que acelerar el proceso burocrático, desde la Administración Pública. No podemos permitir que se tarden cuatro años en reconocer una discapacidad, tenemos que facilitar la accesibilidad universal”.
Las quejas que la Diputación del Común recibe por estos retrasos suelen centrarse en la burocracia excesiva, la falta de personal especializado, la demora en la valoración de las solicitudes y la falta de transparencia en el proceso.
Aumentan las quejas por el reconocimiento de la discapacidad
El área donde la Diputación del Común tramita más quejas es la de discapacidad, con un número de quejas que va en aumento año tras año. (125 en 2019, 144 en 2020, 208 en 2021, 274 en 2022, 310 en 2023, 563 quejas a 3/12/2024). El motivo principal es la demora en la resolución del grado y revisión del grado de discapacidad, “que supone la puerta de entrada para ejercitar otros derechos y beneficios inherentes”.
Otros motivos se refieren a la accesibilidad y las dificultades que imponen a las personas con discapacidad las barreras físicas, sensoriales y cognitivas; además de la necesidad de plazas residenciales y de atención a las personas con discapacidad.
El reconocimiento de la discapacidad debe resolverse en seis meses según la ley
El procedimiento para reconocer la discapacidad debe resolverse en 6 meses según el Real Decreto 888/2022, de 18 octubre. Sin embargo en la práctica el proceso puede demorarse hasta cinco años. Estos puede perjudicar al usuario por ejemplo para obtener la tarjeta de estacionamiento para el transporte de personas con discapacidad que presenten movilidad reducida.
Otro grupo a los que perjudica esta situación es a los menores de edad escolarizados, que precisan del reconocimiento para acceder a terapias y adaptaciones para desarrollarse adecuadamente. García comenta que “para todas estas personas los plazos de demora suponen un sufrimiento añadido a su situación y una pérdida de oportunidades difícilmente reparable”.
Escasez de personal para reconocer la discapacidad
Los Equipos de Valoración y Orientación (EVO), encargados de realizar la valoración y calificación del grado de discapacidad, soportan un volumen de demanda muy superior al que pueden gestionar con el número actual de personal. Esto provoca unas listas de espera de años, que van más allá de lo aceptable.
La Diputada del Común indica que “se ha iniciado una investigación de oficio para dimensionar adecuadamente el personal con que cuentan los EVOs y la Dirección General de Discapacidad. También se estudiará la demanda real y listas de espera que existen en dicho servicio.
Para mejorar la satisfacción de los usuarios y reducir la sensación de incertidumbre y el estado de los plazos, Padrón indica que ampliar los recursos humanos, revisar y simplificar los procedimientos administrativos. También habría que promover la coordinación entre los diferentes servicios implicados e informar claramente a los solicitantes sobre el estado de sus solicitudes”
Canarias es la segunda comunidad con mayor tasa de personas con discapacidad
Según el Instituto Nacional de Estadística, Canarias es la segunda comunidad autónoma con mayor tasa de personas con discapacidad, con 115 por cada mil habitantes. Se estima que alrededor del 10% de la población tiene algún tipo de discapacidad, lo que equivale a unas 212 mil personas. De estas 212 mil, aproximadamente el 56% son mujeres y el 44% hombres. Desde la Diputación del Común y tras reunirse con varias organizaciones del tercer sector, “han comprobado que es necesario tener subvenciones estables para mantener el desempeño de sus funciones”.
Lola Padrón aboga por preservar un marco de estabilidad y financiación sólido por derecho con las ONG que forman parte del sistema de garantías sociales de la Comunidad. La Diputada del Común afirma que» sin una financiación estable y duradera no se pueden consolidar servicios y proyectos fundamentales que nos ayuden a paliar desigualdades y prevenir vulnerabilidades”.
Datos preocupantes
En cuanto al nivel de estudios, se estima que alrededor del 40%de las personas con discapacidad en Canarias tienen formación académica básica. Mientras que un porcentaje significativo no ha completado la educación secundaria. En términos de empleo, las personas con discapacidad siguen enfrentando dificultades para acceder al mercado laboral.
Aproximadamente el 30% de las personas con discapacidad en están desempleadas en Canarias una tasa superior a la de la población general. Lola Padrón afirma que “estos datos horrorosos reflejan la importancia de trabajar por la inclusión, la accesibilidad y la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad en las islas”.
Según el Obecan el mayor porcentaje según el tipo de discapacidad lo ocupan personas con discapacidad física, un 27%. Las personas con dificultad sensorial (auditiva y visual) representan cerca del 16% y las personas con discapacidad intelectual alrededor del 14%. También la personas con discapacidad mental representan cerca del 7% y otras discapacidades alcanzan un 36%.
Según la consejera de Sanidad, la hospitalización a domicilio estará alrededor del centenar en 2025
Esther Monzón, consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias. Archivo
La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, ha declarado que las cifras de hospitalización a domicilio en las Islas estarán alrededor del centenar en 2025. Ante estos datos, el portavoz de Vox, Nicasio Galván, quien preguntó por este asunto en comisión parlamentaria, los ha tachado de «muy pobres» y «poco ambiciosos«.
Según Galván, la alternativa de la hospitalización a domicilio, cuando es posible, «es una alternativa buena para los pacientes», ya que están en su casa y con su entorno familia. Asimismo, señala que con esta medida el Servicio Canario de la Salud se ahorra unos 400 euros por paciente y día en el coste de la cama hospitalaria.
Por su parte, Monzón aclaró que no se ahorra nada, puesto que las camas hospitalarias no se cierran, sino que se liberan para otros pacientes, por lo que en todo caso lo que se consigue es dar más y mejores servicios a los pacientes, no reducir costes.
Sanidad tiene previsto incorporar más de 30 camas para 2025
De igual manera, Monzón señaló que el ejecutivo está estudiando la implementación de esta modalidad de hospitalización en El Hierro, una alternativa que ya se ofrece en La Palma. Mientras, en La Gomera, Fuerteventura y Lanzarote «cuentan con equipos consolidados con previsión de crecimiento».
La consejera indicó que este modelo es eficiente y mejora la continuidad asistencial, al actuar como puente entre la atención primaria y la especializada. También disminuye riesgos como las infecciones hospitalarias y fomenta la humanización de los cuidados.
El número de personas en paro en Canarias se sitúa en 158.885 tras los últimos datos de noviembre
Vídeo RTVC. Informan: Óscar Herrera/ Aday Déniz.
El paro registrado bajó en noviembre en Canarias en 613 personas. Un 0,38 %, lo que supone que este indicador ha descendido un 6,83 por ciento en términos interanuales. Esto es, en 11.649 personas, una bajada que deja en 158.885 el número de desempleados en las islas.
Los datos difundidos este martes por el Ministerio de Trabajo también reflejan que el desempleo ha caído en el último mes en 319 personas en la provincia tinerfeña, un 0,41 %, y en 294 en la oriental, un 0,36 %.
En términos interanuales, el paro registrado ha bajado en 6.457 personas. Un 7,30 %, en Las Palmas y en 5.192, un 6,33 %, en Santa Cruz de Tenerife.
Estas cifras elevan a 82.035 el número de desempleados de Las Palmas y a 76.850 el de Santa Cruz de Tenerife.
De los 158.885 desempleados del archipiélago 2.613 pertenecen a la agricultura, 5.817 a la industria, 14.097 a la construcción, 123.092 a los servicios y 13.266 son personas sin empleo anterior.
En todos los sectores ha disminuido el número de parados en el último mes. De forma que la agricultura ha registrado 38 menos, la industria 20 menos, la construcción 17 menos, los servicios han contabilizado 487 desempleados menos y el colectivo sin empleo anterior se ha reducido en 51 personas.
De este último grupo, formado por 13.266 personas, el grueso de ellas pertenecen al tramo de 44 años o más, al que pertenecen 5.466 desempleados.
Firma de nuevos contratos
El pasado mes de noviembre se firmaron en Canarias 65.326 nuevos contratos, 6.892 menos, un -9,54 % menos, que en el mes anterior y 217 más que en el mismo mes de 2023. Eso supone un aumento anual del 0,33 %.
El paro baja en 613 personas en noviembre en Canarias y en 11.649 en el último año.
De todos ellos, 27.884 fueron indefinidos -3.381 menos que en octubre, lo que supone una bajada mensual del 10,81 % que, en términos anuales es del 5,37 %- y 37.442 temporales. Modalidad que disminuye en 3.511 contratos, un -8,57 % en términos mensuales y crece un 5,05 respecto a noviembre de 2023.
El Ministerio de Trabajo también ha informado este martes de que en octubre de este año se presentaron en Canarias 29.155 solicitudes de prestaciones. De ellas 24.629 recibieron en alta en un plazo de 0,30 días.
El número de beneficiarios ascendió a las 89.757 personas. Y el gasto correspondiente a las prestaciones recibidas a los 90,6 millones de euros, a razón de una cuantía media mensual de 966,8 euros.
Formación para acceder al mercado laboral
En Lanzarote la Fundación Martínez lleva diez años apostando por proyectos educativos en el IES Zonzamas para que jóvenes de la isla mejoren su formación y puedan penetrar de forma más fácil en el mercado laboral.
Vídeo RTVC. Informan: José María de Páiz/ Laura Piñeiro
El Consejo de la Reserva de la Biosfera se opone a nuevas carreteras para promover la movilidad sostenible y el transporte público
Informa: RTVC.
Acuerdo unánime de la Junta rectora del Consejo de la Reserva de Biosfera para no construir más carreteras en Lanzarote. Coinciden en promover una isla más sostenible sin nuevas carreteras.
Samuel Martín, Consejero de Medio Ambiente del Cabildo de Lanzarote.
Mejorar las vías sin dañar el espacio existente. Una decisión que han tomado después de la presentación del informe “Territorio, movilidad y carreteras. Una nueva perspectiva para Lanzarote” de la Fundación César Manrique.
El Consejo de la Reserva de la Biosfera se opone a nuevas carreteras para promover la movilidad sostenible y el transporte público
En este estudio destaca el interés por preservar la isla de más asfalto y apostar por el transporte público como alternativa.
El técnico urbanista, Alfonso Sanz, uno de los coautores del estudio desgranó algunos de los aspectos más relevantes, como que la isla “está hipermotorizada”. Una circunstancia que obliga, a cambiar la manera de desplazarse.
El consejero de Medio Ambiente y de la Reserva de la Biosfera, Samuel Martín, ha comentado los proyectos en los que están trabajando para conseguir algunos de esos objetivos.
Con esta medida las actividades parlamentarias y de los partidos quedan prohibidas y los medios de comunicación estarán bajo vigilancia
Yoon Suk Yeol, presidente de Corea del Sur. Europa Press
El presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, ha declarado la ley marcial al considerar que la oposición está llevando a cabo «actividades anti-estatales» y de afinidad con el régimen norcoreano de Kim Jong Un.
Yoon ha argumentado ante la opinión pública que ley marcial es necesaria para «proteger el orden constitucional» y acabar con las «fuerzas antiestatales» que han llevado al país «a la ruina» y «buscan derrocar el actual sistema».
La orden llega poco después de que la principal fuerza de la oposición, el Partido Democrático (PD), que tiene mayoría en la Asamblea Nacional (Parlamento), aprobara sin el apoyo del gobernante Partido del Poder Popular (PPP) de Yoon unos presupuestos generales para 2025 con múltiples recortes. Asimismo, el PD presentó mociones de destitución contra el fiscal general y el responsable de la Junta de Auditoría e Inspección, encargada de monitorizar las cuentas de los organismos públicos.
Las medidas de la ley marcial
El jefe del Estado Mayor del Ejército, Park An-su, ha informado de que todas las actividades parlamentarias y de los partidos quedan prohibidas, así como las protestas y las manifestaciones, mientras que los medios de comunicación estarán bajo estrecha vigilancia de las autoridades.
«Están prohibidas las noticias falsas, la manipulación de la opinión pública y la propaganda falsa» y «todos los medios y publicaciones están sujetos al control de la ley marcial», ha hecho saber el jefe del Ejército surcoreano.
Asimismo, la libertad de reunión y manifestación queda restringida y todas aquellas personas que se encuentren secundando algún tipo de huelga o movilización tienen un plazo de 48 horas para regresar a sus puestos de trabajo. «Los infractores serán castigados con la ley marcial», ha advertido.
Críticas de la oposición
La oposición ha rechazado la medida y ha acusado al presidente Yoon de haber declarado la ley marcial «sin ningún motivo» y en contra de la Constitución y del pueblo surcoreano. «Tanques, vehículos blindados y soldados con armas pronto controlarán el país», ha denunciado el líder del PD, Lee Jae Myung.
No obstante, no solo la oposición ha expresado su malestar. El líder del oficialista Partido del Poder Popular, Han Dong Hoon, ha calificado la medida de «ilegal» y ha anunciado que se pondrá del lado del pueblo para tumbarla.
«La declaración de ley marcial es ilegal e inconstitucional y la detendremos junto con el pueblo», ha dicho Han, quien ha asegurado que la decisión ha sido tomada a expensas del partido. «Trabajaré para proteger la democracia liberal», ha remarcado.
Imágenes emitidas por las cadenas de televisión han mostrado por el momento grupos de policías bloqueando el acceso a la Asamblea Nacional.
En octubre de 2022, ya habían presentado una demanda sobre diversos delitos a una veintena de cargos políticos y técnicos involucrados en la autorización del proyecto
La Asociación Ecologista Salvar La Tejita ha presentado una denuncia en la Fiscalía de Medio Ambiente de Santa Cruz de Tenerife. El motivo son los daños provocados en las obras de Cuna del Alma, en las inmediaciones del Puertito de Adeje, que ahora se han reiniciado.
Según la plataforma, la promotora Segunda Casa Adeje SL reanudó las obras el pasado 14 de noviembre tras dos años sin movimientos de tierra.
(ARCHIVO) Activistas en la zona de donde se promueve la urbanización ‘Cuna del Alma’ PLATAFORMA SALVAR EL PUERTITO.
El Gobierno anterior emitió tres órdenes de paralización cautelar de obras
Los ecologistas recuerdan que en noviembre de 2022, el anterior Gobierno emitió tres órdenes de paralización cautelar de obras. Fueron por daño a flora protegida, ausencia de evaluación de impacto ambiental, así como daños a yacimientos arqueológicos.
Ahora, señalan, «las excavadoras han arrasado en estas semanas unos 9.000m2 de terreno que hasta el momento permanecían intactos».
RTVC. Declaraciones: Rubén Pérez, portavoz de Salvar La Tejita.
Un daño irreversible
Por ello, la asociación ecologista ha trasladado al ministerio fiscal la urgencia de paralizar cautelarmente las obras. «Con motivo de que se puedan estar consumando, una vez más, delitos contra el patrimonio arqueológico que están produciendo un daño irreversible«.
En la denuncia, los informes técnicos detallan como ya en 2022 se destruyó un yacimiento arqueológico de alto potencial, con grabados y estructuras de cabaña.
Un informe ocultado
Las obras comenzaron a pesar de los informes desfavorables del área de patrimonio del Cabildo de Tenerife y un informe de ARQUEOCANARIAS, S.L. en 2019. Este último fue ocultado a la administración, señalan los ecologistas.
En dicho informe se identificaba el yacimiento. El cual fue destruido posteriormente. Y, aún teniendo constancia de su existencia, la promotora permitió que las máquinas lo destruyeran.
Uno de los yacimientos fue destruido parcialmente en dos ocasiones
Además, denuncian que este informe ignoró la existencia de al menos tres paneles de grabados (los bienes arqueológicos de mayor rango de protección).
Este yacimiento también fue destruido parcialmente (por segunda vez) de manera intencionada por maquinaria pesada incluso después de haber sido vallado por la administración.
En su opinión, «estos gravísimos hechos sirvieron para que la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Canarias incoara un expediente sancionador frente a la promotora Segunda Casa Adeje, S.L. por la comisión de infracciones muy graves sancionables con una multa de 600.000€«.
La promotora «puede ser criminalmente responsable»
No obstante, el actual Ejecutivo autonómico, en un «claro gesto de connivencia«, ha dejado caducar el expediente sancionador, pero «los hechos delictivos no han prescrito».
Entienden que la promotora «puede ser criminalmente responsable por la comisión de un delito contra el Patrimonio Histórico de los previstos y penados en los artículos 323 y 324 del Código Penal».
En octubre de 2022, ya se presentó una demanda sobre diversos delitos a una veintena de cargos políticos y técnicos que estuvieron involucrados en la autorización del proyecto.
Complicidad entre Gobierno Canario y Ayuntamiento
Los ecologistas han trasladado al ministerio fiscal la «evidente complicidad» entre la actual Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento de Adeje y la empresa promotora.
«Para muestra de ello, durante el último año han levantado las tres órdenes de paralización de obras, han dejado caducar los expedientes sancionadores y han emitido informes favorables a la carta. Por si esto fuera poco, han aprobado actos inauditos en la historia de la democracia autonómica como, por ejemplo, que un ayuntamiento pueda atribuirse competencias en el manejo de especies protegidas o de declarar todo el suelo urbanizable del municipio como de ‘interés general’ ante la emergencia habitacional«, indican.
Con esta nueva denuncia quieren que «se haga justicia, que no quede ningún presunto delito sin ser castigado y, sobre todo, que se paralicen unas obras que están cometiendo un daño irreversible en el último rincón sin urbanizar del suroeste de Tenerife».
En octubre de 2019 aparece un cadáver sin identificar en la Sima de Jinámar, un tubo volcánico también conocido como «el agujero del horror»
Los investigadores pronto descubrirán que este hallazgo mezcla una banda criminal, una amenaza y una traición
La docuserie de Televisión Canaria ‘A Contraluz’ se remonta a un crimen que tuvo lugar en Gran Canaria hace unos años en su próximo capítulo de este jueves 5 de diciembre a partir de las 22:30 horas: «El caso de la Sima de Jinámar«.
El programa que cada semana se adentra en la crónica judicial del Archipiélago en los últimos 20 años se sitúa en el mes de octubre del año 2019, momento en el que aparece un cadáver a unos 15 metros de profundidad en la Sima de Jinámar. Un tubo volcánico situado en el municipio de Telde que también es conocido como el «agujero del horror» por ser uno de los símbolos de la represión franquista en Canarias.
En los alrededores, durante las labores de recuperación del cuerpo realizadas por la Unidad de Subsuelo y Protección Ambiental, apareció un casquillo de bala, un hecho que resultó clave en la investigación a cargo de la Policía Nacional. Las pesquisas, junto a una denuncia por desaparición de un joven tinerfeño, llevaron a la identificación del cuerpo cuya autopsia reveló que recibió tres disparos en la cabeza.
Banda criminal, amenaza y traición
Semanas de investigación cerraron el círculo alrededor de uno de los familiares del asesinado. Ambos formaban parte de una banda que se dedicaba a robar en viviendas de todo el Archipiélago y el miedo a que éste rompiera el pacto de silencio fue, según la Policía, lo que motivó este despiadado crimen.
Testimonios que clarifican los hechos
Los testimonios del abogado de la acusación particular, Juan Sánchez Limiñana, los periodistas Fran Fajardo y Yasmina Ortega, el Policía Nacional, Roberto Gila, y distintos investigadores del cuerpo que han preferido mantener al anonimato, contribuyen a aclarar y presentar los detalles más importantes de un caso que concluyó con el juicio celebrado cuatro años después con un jurado popular.
Carmen Laucirica, presidenta Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad en Canarias (CERMI) exigió que se cumpla con la normativa en relación a las viviendas adaptadas
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad en Canarias (CERMI) ha reivindicado este martes, en el Día Internacional de la Discapacidad, más viviendas adaptadas a las necesidades específicas de estas personas para que puedan tener un proyecto de vida normalizado y vivir en comunidad.
Vídeo RTVC. Declaraciones de: Dulce María Gutiérrez | Directora General de Discapacidad del Gobierno de Canarias y Carmen Laucirica | Presidenta Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad en Canarias (CERMI)
Carmen Laucirica, indicó que lo que hace falta «sobre todo» es «exigir que se cumpla con la normativa, que partimos de que no se cumple con la normativa de base», porque «se dice que las viviendas son accesibles y no es real».
En el acto institucional celebrado por este día en la sede de Presidencia del Gobierno, Laucirica habló de una visita que realizó este lunes a un establecimiento en Tenerife. Allí, pese a la buena voluntad del dueño para que entrara una silla de ruedas que era más voluminosa, tuvieron que empujar dos personas. Carmen Laucirica recalcó que «eso no es accesibilidad, porque accesible sería si esa persona pudiera entrar sola».
El derecho a la vivienda es de todos
La presidenta del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad en Canarias, Carmen Laucirica recordó que «el derecho a la vivienda es un derecho que estamos reclamando todos y cada uno de los españoles». Sin embargo, afirmó que «cuando se reclama no se tiene en cuenta que en la discapacidad hay un empobrecimiento natural y familiar. Además, hay un problema de adaptación de las propias viviendas».
La presidenta de CERMI en Canarias ha recordado que la discapacidad es muy diversa y extensa, por lo que en función de la situación que presente esa persona se debe realizar una adaptación específica.
Representantes del CERMI en la sede de presidencia del Gobierno de Canarias/Gobierno de Canarias
Al mismo tiempo, ha reivindicado que esa adaptación y accesibilidad, que es un derecho, no sea solo del domicilio, sino también de su entorno, porque «las personas con discapacidad tienen derecho a vivir en comunidad».
Esa inclusión puede darse de distintas maneras, ha señalado, desde el modelo familiar, al individual, personas que lo que necesitan es una adaptación y apoyo o personas que están en este momento institucionalizadas y lo que requerirían sería tener un acceso a la vivienda.
Una de cada 10 personas tiene discapacidad
Por su parte, la directora general de Discapacidad del Gobierno regional, Dulce María Gutiérrez, ha indicado que una de cada diez personas en Canarias tiene una discapacidad reconocida, que oscila entre el grado mínimo del 33 % y el 100 %.
Gutiérrez ha indicado que en las islas no hay suficientes viviendas adaptadas y que se requiere un «elenco de viviendas que permita a las personas con discapacidad poder acceder con todas las garantías».
La Directora General dijo que «es cierto que a nivel arquitectónico a la hora de construir se tienen en cuenta todas esas circunstancias que son de carácter técnico para garantizar que sean accesibles. Sin embargo la realidad es que cuando nos encontramos con los distintos colectivos que trabajan con las personas con discapacidad nos damos cuenta de que las barreras son muchísimo más amplias de lo que pensamos».
Durante el acto de lectura del manifiesto nacional de CERMI, el viceconsejero de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Francis Candil, ha señalado la importancia de «tener un mundo cada vez más accesible para las personas que viven con una discapacidad y que puedan acceder a un empleo y a una vivienda».
Candil ha añadido que, si bien estos problemas afectan también a otros sectores de la población, esto no impide que desde la Administración y las entidades sociales estén en «permanente recuerdo del compromiso que tenemos que tener con las personas con discapacidad», quienes «tienen derecho a tener un proyecto de vida normalizado».
Algunas personas con discapacidad también forman parte del mercado laboral en Canarias
Vídeo RTVC. Informa: Gema Padilla
Acceso a la educación universal
El consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, Poli Suárez, durante su intervención en el Parlamento de Canarias explicó que están realizando “enormes esfuerzos para garantizar el acceso a la educación de nuestro alumnado a la educación en igualdad».
El consejero de Educción del Gobierno de Canarias, Poli Suárez, en el Parlamento de Canarias/Gobierno de Canarias
Para garantizar esta accesibilidad universal, la Consejería de Educación colabora con otras regiones de España, Italia y Portugal, en el proyecto Technical Support Instrument (TSI), para combatir desigualdades en el acceso a la educación inclusiva y en el Programa de Cooperación Territorial de Educación Inclusiva.
El departamento También trabaja en mejorar la formación del profesorado a través del Plan Canario de Formación del profesorado no universitario para 2024-2027. Este plan contempla nueve líneas estratégicas que abordan la accesibilidad universal de manera directa o transversal. Incluido el desarrollo curricular, la actualización metodológica y didáctica, la atención a la diversidad y la educación inclusiva, el cuidado de la salud mental y el bienestar o la mejora de la convivencia y del clima escolar, la igualdad y la coeducación, entre otras.
Proyectos para mejorar la inclusión
Suárez también, destacó el proyecto piloto NEAE +21; la apertura de nuevas aulas Enclave (AE) y Centros de Educación Especial (CEE), que permitan la escolarización del alumnado en su entorno próximo. Así se facilita la participación de toda la comunidad educativa en su proceso de enseñanza aprendizaje, o la dotación de recursos tecnológicos para garantizar el acceso a la participación y comunicación a través del Área de Tecnología Educativa y de los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógicos (EOEP) específicos para discapacidad auditiva, visual y motora.
Por último, destaca la participación en el convenio de cooperación en materia educativa con la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) o la actualización de la normativa que regula la atención a la diversidad del alumnado, proceso en el que el departamento que dirige Poli Suárez está actualmente inmerso.
Centros accesibles
Muchas de esas medidas se vinculan, además, al Proyecto de Centros Accesibles, que se enmarca dentro de los ejes y objetivos estratégicos del Gobierno de Canarias relativos a mejorar la calidad y sostenibilidad de las infraestructuras educativas.
Para ello se pretende potenciar las condiciones de aprendizaje, promoviendo prácticas medioambientalmente responsables, y desarrollando espacios educativos polivalentes, transversales e innovadores que se ajusten a los desafíos y necesidades emergentes de la comunidad educativa a través de reformas, ampliación y mejora, y creación de nuevas infraestructuras educativas.
Concretamente, se busca con este proyecto “actualizar los centros educativos existentes a través de trabajos de reforma, ampliación y mejora. Priorizar el implemento de energías renovables y la eficiencia energética. Garantizar la eliminación total de amianto, modernizando las instalaciones eléctricas, impulsando la naturalización de los espacios, la accesibilidad en los centros y crear entornos educativos amables”.
Se trata de un proyecto que busca “eliminar las barreras arquitectónicas en las infraestructuras de los centros educativos para conseguir más centros accesibles, y el uso autónomo, seguro y cómodo de las infraestructuras educativas”.
Objetivo: fomentar la autonomía
Para ello, la primera actividad de este proyecto consiste en la visita a los centros educativos con preferencia para alumnado motórico por parte de los técnicos de las dos provincias, con todos los aspectos que la normativa vigente exige en cuanto a accesibilidad, con el fin de que la valoración sea lo más objetiva posible.
Una vez realizadas las valoraciones se propone buscar alternativas cercanas a los centros no accesibles, explicó el consejero. Suárez detalló detalló que “ya se ha creado en la Consejería un grupo de trabajo transversal entre las direcciones generales, para hacer una valoración de todos los centros preferentes para alumnado con discapacidad motórica y tomar decisiones sobre su elección y actuaciones a realizar”.
Poli Suárez explicó que “este equipo de trabajo pretende analizar el estado de la accesibilidad en los centros educativos de Canarias, valorar la continuidad, modificación o ampliación de los centros ordinarios de atención educativa preferente para alumnado con discapacidad motórica, así como establecer los requisitos técnicos necesarios para que el mayor número de centros educativos sea accesible”.
Entre las 121 personas migrantes que viajaban en la embarcación había siete mujeres y ocho menores. Ninguna de estas personas tuvo que ser trasladada al Hospital Insular
Rescatadas 121 migrantes en El Hierro. Informa: Redacción Informativos RTVC
Una embarcación de Salvamento Marítimo ha rescatado a 5 millas de El Hierro a 121 personas, entre ellas siete mujeres y ocho menores, que viajaban en un cayuco, y las ha transportado en la salvamar Adhara hasta el muelle de La Restinga.
Ninguna de estas personas necesitó traslado al Hospital Insular Virgen de los Reyes para su atención médica.
Según los servicios sanitarios y de emergencia, el cayuco partió hace cuatro días desde la capital de Mauritania, Nuakchot.
A bordo iban personas de diez nacionalidades diferentes: de Mauritania, Senegal, Gambia, Malí, Guinea-Conakry, Costa de Marfil, Burkina Faso, Camerún, Comoras y Pakistán.
Los tripulantes de este cayuco pasarán al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), en el pueblo de San Andrés, municipio de Valverde. Los miembros de la ONG “Corazón naranja-Ebrima Sonko” los atenderán y permanecerán bajo custodia policial hasta su derivación a otros recursos fuera de la isla.
Salvamento Marítimo ha rescatado este martes con su embarcación Salvamar Adhara a 121 personas que viajaban en un cayuco . Imagen EFE / Gelmert Finol
Negociación sobre la ley de extranjería
El Gobierno de Canarias espera que en la nueva negociación sobre la reforma de la ley de extranjería para distribuir entre todas las comunidades autónomas la acogida de los menores llegados en patera impere «el sentido común» sobre los «objetivos de las políticas partidistas».
En declaraciones a los periodistas, el viceconsejero de Bienestar Social del Gobierno canario, Francis Candil, ha subrayado que para las islas «es irrenunciable» que se acometa esa reforma legal, porque aporta «la única solución realista que existe para la atención de los menores migrantes».
Declaraciones: Francis Candil, viceconsejero de Bienestar Social del Gobierno de Canarias
«Esperamos que en esta ocasión lo que se ponga encima de la mesa sean el sentido común y el respeto a los derechos de los menores y no los objetivos de las políticas partidistas, que en muchas ocasiones nos meten en el fango y nos hacen olvidar que estamos hablando de niñas y niños que tienen derechos», ha remarcado.
Candil ha demandado que, «por una vez y de verdad», en la reunión que celebran este jueves los Gobiernos de España, Canarias y Ceuta y el PP el debate lo guíe «el interés superior del menor» en lugar de «los objetivos partidistas que nos distraen»
