Continúa el conflicto de los funcionarios de justicia en todo el país. Magistrados y fiscales también irán a la huelga a partir del próximo lunes si no se llega a un acuerdo en las negociaciones
Los paros de los funcionarios de la administración de Justicia para reclamar mejoras salariales y laborales han supuesto en su primer mes más de 500.000 juicios suspendidos y aplazados, y más de 30 millones de actuaciones judiciales paralizadas, ha informado este jueves el comité de huelga.
Un mes de paros
Es el balance de un mes de movilizaciones, que empezaron el 17 de abril con paros parciales diarios de tres horas y se convirtieron en huelga de 24 horas en días puntuales, con un total de ocho jornadas de huelga general hasta ahora. Si no reciben una propuesta económica «suficiente», los funcionarios harán huelga indefinida a partir del próximo lunes para aumentar su presión sobre el Gobierno.
Los sindicatos CSIF, STAJ, CCOO y UGT, convocantes de los paros, exigen subidas salariales de entre 350 y 430 euros brutos al mes, así como la paralización de la tramitación de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa, pues consideran que afecta «radicalmente» a sus derechos laborales.
Están llamados a la huelga 45.000 funcionarios de los cuerpos generales y especiales de la administración de Justicia, el equivalente al 93 % de la plantilla de juzgados y tribunales.
El comité de huelga pide respeto al colectivo
«Somos quienes hacemos el trabajo que otros cobran», asegura el comité de huelga en un comunicado, en el que pide «reconocimiento», «respeto» y un «papel esencial en cualquier reforma de la administración de Justicia».
En una protesta este jueves frente al Congreso de los Diputados, el responsable de CSIF, Javier Jordán, ha calificado de «insultante» que un Gobierno que se dice progresista y socialista trate de forma «desigual» a los trabajadores que menos cobran, tras haber firmado en marzo un acuerdo de subida retributiva de hasta 450 euros brutos al mes con los letrados de la administración de Justicia y estar negociando actualmente con jueces y fiscales.
Al hilo, el comité de huelga se pregunta por qué el Ejecutivo no previó un «plan de contingencia para atender las reivindicaciones que, sin ninguna duda, se iban a plantear desde el resto del personal de la oficina judicial (jueces, fiscales y resto de funcionarios/as de Justicia)» tras el acuerdo con los letrados.
La ciudadanía afectada
«Era ‘de cajón’ que el acuerdo con el comité de huelga de letrados cerraba en falso un conflicto en la administración de Justicia», añade, y responsabiliza al Gobierno de los perjuicios a la ciudadanía.
Para Jordán, es «sorprendente» que, en plena campaña electoral, el Gobierno «esté paralizando y colapsando la administración de Justicia» de millones de ciudadanos mientras pide su voto.
Según los sindicatos, el seguimiento de la huelga «supera el 85 % de las plantillas y sigue creciendo cada día», mientras que el Ministerio cifró este miércoles -última jornada con datos- en el 19,97 % en las comunidades que no tienen transferida la competencia de Justicia: Murcia, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Baleares, Ceuta y Melilla.
