Nueve comunidades autónomas, entre ellas Canarias han realizado cambios en las leyes que permiten agilizar los proyectos sin tener suficientemente en cuenta los criterios ambientales, según estas organizaciones.
Las reformas de legislación urbanística en diversas comunidades bajo el argumento de reactivar la economía, tras el confinamiento provocado por la Covid-19, abre la puerta a un nuevo “ladrillazo” que esquive los criterios ambientales, según varias ONG ecologistas consultadas por EFE.
Las organizaciones conservacionistas WWF, Greenpeace y Ecologistas en Acción critican que tras la crisis del Covid-19 estos cambios efectuados en al menos nueve CC.AA –Cataluña, Islas Baleares, Islas Canarias, Andalucía, Murcia, Castilla y León, Castilla La Mancha, Madrid y Galicia- agilicen proyectos urbanísticos sin tener suficientemente en cuenta los criterios ambientales.
Greenpeace ha detectado que, desde el pasado abril, estas nueve comunidades autónomas (a quienes están transferidas las competencias de urbanismo) han hecho modificaciones en cuestiones de participación pública, excusándose en la necesidad de reactivar la economía tras el confinamiento.
“Están basando una supuesta recuperación económica en la urbanización, lo que nos llena de pena, ya que se están siguiendo los mismos criterios que nos condujeron a la gravísima crisis del 2008, explica a EFEverde la adjunta a la dirección de Programas de Greenpeace, María José Caballero.
Una oportunidad para cambiar
Desde esta organización ecologista plantean un nuevo paradigma basado en el uso público y sostenible del suelo, protegiendo siempre la biodiversidad, y consideran “absurdo” el antiguo modelo, ya que “el cuidado de la naturaleza está directamente relacionado con la salud”.
Una visión que WWF comparte: “nosotros pensamos que los planes de recuperación son una oportunidad única para virar y cambiar el modelo que tenemos de desarrollo económico y social hacia uno sostenible y respetuoso con el medioambiente», afirma el director de Conservación de la ONG, Enrique Segovia.
Además, alerta de que nuestros ríos están “exhaustos”, los acuíferos “contaminados”, los humedales “secos” y los bosques son “pasto para llamas”, por lo que estamos ante un momento decisivo “para apoyar las medidas de conservación de la biodiversidad y restauración del entorno natural”.
Intereses privados
Segovia hace hincapié en que esta vuelta del “ladrillazo”, no atiende a “razones objetivas y necesarias de creación de empleo o regeneración económica”, sino a objetivos determinados de constructoras y promotoras- aliadas con las administraciones correspondientes- que están esperando su momento para dar el “pelotazo”.
Ecologistas en Acción también opina que estos proyectos urbanísticos no van en favor del interés general: “no tienen ninguna justificación más allá de seguir beneficiando a un sector inmobiliario que está agonizando desde 2008”, sostiene la responsable del área de urbanismo de la organización, María Ángeles Nieto.
Desde esta ONG están buscando apoyo parlamentario para interponer un recurso de inconstitucionalidad en la Comunidad de Madrid y en la Región de Murcia, aunque necesitan 50 diputados o senadores para poder sacar adelante la demanda.
Transformar el modelo turístico
Las tres organizaciones ecologistas han subrayado a EFEverde la importancia del turismo en el PIB español y la necesidad de mejorar, con la nueva normalidad, los puestos de trabajo de un sector tan precarizado.
Greenpeace afirma que “todo lo que tiene que ver con la protección de la naturaleza lleva asociado un fomento del empleo y de la riqueza del patrimonio” y sugiere limitar el número de nuevas camas, aumentando su calidad, para fomentar así puestos de trabajo dignos.
Advierten de que, por ejemplo, “las Islas Baleares tienen la mayor densidad de plazas turísticas del planeta”.
WWF alega que “se nos ha caído el turismo y la presión sobre la costa no debería ser más ladrillo”, ya que lo “lógico” es aprovechar los fondos de recuperación europeos para “cambiar de visión” y orientar la reconstrucción en base a permeabilizar el territorio y adaptar la costa al cambio climático.
“Es el momento de invertir en tirar edificios y recuperar zonas costeras”, sentencian.
Ecologistas en Acción también reitera que es “absurdo” seguir agilizando trámites urbanísticos si el turismo está estancado, y opinan que es el momento de diversificar y crear empleo con mano de obra cualificada en sectores que están bastante “abandonados” como la gestión biomédica, la agricultura ecológica, la gestión de residuos o el compostaje de materia orgánica.
Insisten en que actualmente el turismo en España genera “pura explotación” y que se debe apostar por otros sectores “necesarios” que “no abusen ni del trabajador, ni del planeta”.
