El Parlamento de Canarias convalida, con la abstención de Vidina Espino, un decreto ley para prorrogar el tipo cero del IGIC para las mascarillas
El Pleno del Parlamento de Canarias ha convalidado este jueves, con la abstención de la diputada del Grupo Mixto, Vidina Espino, un decreto ley que, entre otras cosas, prorroga el tipo cero del IGIC para las mascarillas y productos sanitarios vinculados a la lucha contra la COVID-19.
La Cámara también ha rechazado tramitar el decreto como proyecto de ley con la abstención de Espino.
El consejero de Justicia, Seguridad y Administraciones Públicas del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha comentado que el decreto incluye cuatro medidas, entre ellas prorrogar el tipo cero del IGIC para los productos sanitarios relacionados con la COVID-19.
Ha dicho que esta medida demuestra que la pandemia aún no ha terminado -la prórroga llega ahora hasta el 30 de junio- y ha incidido en que el decreto también extiende la exención de IGIC a la compra de casas prefabricadas con destino a la isla de La Palma tras la erupción volcánica y por parte de los afectados.
La tercera decisión del decreto incluye que las ventajas fiscales para adquisición de solares -bonificación en el impuesto de sucesiones y donaciones- se limiten solamente a las personas que van a construir una vivienda habitual y la cuarta corrige las diferencias entre parejas de hecho inscritas y no inscritas y las armoniza fiscalmente.
Espino: «El decreto es un parche»
Vidina Espino, diputada del Grupo Mixto, ha dicho que el decreto «es un parche» y no lo apoya en «señal de protesta» dado que el Gobierno sigue aprobando decretos en lugar de impulsar una «ley del volcán» que reclaman los afectados.
Ha criticado la «pachorra» del Gobierno para resolver la reconstrucción de la isla pues siguen sin entregar los 30.000 euros comprometidos por pérdida de vivienda al tiempo que ha cargado contra el «discurso cansino» del Ejecutivo de vincular los problemas del archipiélago a sucesivas «desgracias».
Ha apuntado también que el Gobierno se enriquece gracias a la inflación con una recaudación «récord» mientras la cesta de la compra sigue subiendo y los servicios públicos no han mejorado. «Hay que bajar el IGIC a todos los productos», ha indicado.
Para Espino, el ‘Pacto de las Flores’ ha quedado para «recaudar, recaudar y recaudar» mientras deja de ejecutar un media de 600 millones cada año.
Por su parte, Jesús Ramos (ASG) ha destacado que el Consejo Consultivo avala el decreto-ley y cree que la prórroga de la exención para material sanitario «es manifiesta» porque están aumentando los casos y la mascarilla sigue siendo obligatoria en los transportes públicos.
Ha apoyado también el IGIC cero para las casas prefabricadas y los solares y ha pedido al Gobierno que «siga trabajando en esta línea» porque se ha cambiado la vida de los canarios aunque aún queda una Canarias «por construir y con un reparto de riqueza más equitativo».
Sí Podemos: mejor un decreto que una ley
Manuel Marrero, portavoz de Sí Podemos, ha dicho que este decreto es el «reflejo» de un Gobierno que responde de manera «ágil» para resolver los problemas que se están presentando y ha reivindicado la forma de analizar la realidad con decretos frente a las leyes «escritas en piedra».
Ha comentado que los problemas de La Palma se han ido resolviendo «poco a poco» gracias a los decretos-leyes, la colaboración entre administraciones y el esfuerzo de las personas.
Esther González (NC) ha apuntado que el Parlamento ya ha convalidado 57 decretos en esta legislatura lo que demuestra la actuación «urgente» del Gobierno para resolver todos los problemas que se han suscitado.
Ha dicho que aún es necesaria la exención fiscal para material sanitario dado que están aumentando los fallecidos por covid-19 y sobre La Palma, ha apoyado la exención de IGIC para compra casas prefabricadas y solares que se destinen a vivienda habitual.
En su opinión, este decreto revela el «compromiso» del Gobierno por facilitar y acelerar la reconstrucción de la isla al tiempo que ha advertido de que no aprobar este decreto supone «perjudicar» a los palmeros.
Fernando Enseñat, del Grupo Popular, ha pedido que se amplíe el plazo del tipo cero para productos sanitarios hasta que la OMS declare el final de la pandemia. «No sea rácano con los canarios y salga de esa mediocridad de ir de seis en seis meses», ha espetado al presidente canario, Ángel Víctor Torres.
Ha apuntado que «en cuanto puedan» van a volver a recuperar el IGIC y en un momento donde la administración «no tiene problema de dinero», con la mejor recaudación «de la historia», que después no se gasta en virtud al nivel de ejecución presupuestaria.
Ha apoyado todas las medidas fiscales incluidas para la reconstrucción de La Palma lo mismo que la armonización fiscal de las parejas de hecho.
Dávila (CC-PNC) critica «la fiesta» del Gobierno con la recaudación
Rosa Dávila, del Grupo Nacionalista, ha comentado que el tipo cero del IGIC se debería fijar hasta que se acabe la pandemia pero se dedica a «hacer seguidismo» del Gobierno central, que también lo hace cada seis meses.
Ha pedido al Ejecutivo que deje la exención de forma indefinida y revise el IGIC para hacer frente a la inflación, más aún cuando tiene una recaudación récord de más de 2.000 millones en los primeros once meses del año. «Se están dando una fiesta en el Gobierno», ha agregado.
Sobre La Palma ha lamentado que la exención de IGIC a casas prefabricadas llega tarde, aparte de que «es una vergüenza» que «hayan metido a la gente en esas casas un año después», y ha reclamado que se aplique ya la rebaja del 60% en el IRPF a todos los palmeros.
Iñaki Álvaro (PSOE) ha afeado a los grupos de la oposición «que están en campaña» y siempre demandan bajada de impuestos para resolver problemas cuando el Gobierno actual ha hecho las mayores de la historia.
Ha afirmado que cuando están en el Gobierno «les entra amnesia selectiva» y les ha reprochado también que «no quisieron mancharse las manos» en la negociación del presupuesto sin advertir de donde se recorta -extremo negado por Dávila-.
Ha censurado la «demagogia» de las fuerzas de la derecha que genera una «desafección» de la población hacia la política y ha insistido en que aunque la recaudación es récord hay muchos retos que afrontar en las islas.
11.924 familias beneficiarias de la PCI recibirán un complemento de 250 euros
El Parlamento de Canarias ha convalidado también este jueves el Decreto Ley por el que se aprueba el abono de una prestación extraordinaria de 250 euros a las personas titulares de la Prestación Canaria de Inserción (PCI), para compensar el aumento de los precios de los productos básicos durante el año 2023.
La consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, indicó que este complemento llegará a 11.924 familias beneficiarias de la PCI, de las cuales 4.504 cuentan con personas menores a cargo.
Además, anunció que se traerá a la Cámara un nuevo Decreto Ley para que durante el primer trimestre de 2023 esta bonificación extraordinaria también sea ingresada a los 43.000 canarios y canarias con pensiones no contributivas.
La cuantía y pago de la prestación citada se fija en 250 euros por unidad de convivencia, que se abonará mediante un pago único y se realizará de oficio por la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias a las unidades de convivencia beneficiarias de la PCI.
El abono de este complemento se justifica en el incremento de los precios de los productos básicos que, según datos aportados por el Instituto Canario de Estadística (ISTAC), han aumentado en un 15,9% solo en lo referente a los alimentos.
Reacciones parlamentarias. Espino critica que «tan solo suponga 20 euros más al mes»
Por el Grupo Mixto, la diputada Vidina Espino criticó que este decreto tan solo suponga 20 euros más al mes para las familias beneficiarias, cuando el 38% de la población canaria está en riesgo de pobreza y exclusión social, es decir, más de 600.000 personas, la mitad niños y niñas, o que el 47% de los menores son ya pobres o están en riesgo de serlo.
Por su parte, el diputado popular Poli Suárez afirmó que este decreto llega «tarde» porque la inflación lleva meses «haciendo estragos» en la vida de los canarios, pues 6 de cada 10 tienen dificultades para llegar a final de mes. Lamentó, además, que este complemento supone solo 68 céntimos al día, cuando una barra de pan cuesta 85 céntimos y la cesta de la compra se ha encarecido más de un 18%.
Suárez aseguró, también, que esta medida es un «mal parche» porque solo llega a 12.000 familias, cuando hay más de 800.000 personas en Canarias en riesgo de pobreza y 335.000 en situación de pobreza severa, lo que supone un tercio de la población canaria. «¿Es esto para estar orgullosos?», se preguntó.
Cristina Valido, del Grupo Nacionalista Canario, censuró que los grupos que sustentan al Pacto de las Flores se feliciten por dar 250 euros «puntuales» a las personas más pobres. «Esa es la prueba de que el escudo social no funciona», manifestó Valido, quien también criticó que la consejera anuncie un nuevo decreto ley para repartir dinero a las personas más pobres justo antes de las elecciones.
Reacciones parlamentarias. Mendoza recalca la importancia de este decreto ley
La diputada Melodie Mendoza, Agrupación Socialista Gomera, resaltó que este complemento extraordinario llegará a más de 11.400 familias, de las cuales más de 4.500 tienen menores a cargo. Por tanto, consideró que queda más que acreditada la importancia de esta norma cuya finalidad, recordó, es atender la carencia de recursos básicos.
Por parte de Sí Podemos Canarias, María del Río celebró que se sigan dando pasos importantes para proteger a las familias más vulnerables y minimizar una inflación que está afectando sobre todo a los más vulnerables. «Estamos muy orgullosos por dar este tipo de pasos», insistió la diputada, quien quiso recordar que es la tercera vez que se da esta ayuda extraordinaria.
El portavoz del Grupo de Nueva Canarias, Luis Campos, quiso dejar claro que frente a los recortes, el Gobierno del cuatripartito ha estado «colocado al lado de la gente», y si bien admitió que estas medidas resultan insuficientes, sí tienen un valor importante y no suponen ningún tipo de trámite por parte de los beneficiarios.
Por último, la diputada socialista Patricia Hernández puso en valor que la consejera de Derechos Sociales se encontró con menos de 6.000 perceptores de la PCI cuando llegó al departamento y ha logrado duplicar esta cifra. Asimismo, reconoció que esta medida no soluciona la pobreza, pero criticó que la oposición pretenda, con propuestas como la bajada del IGIC, que haya menos dinero para afrontar estas políticas.
