Este martes el Gobierno se reúne con las comunidades autónomas para determinar el reparto de menores migrantes no acompañados antes de la Conferencia Sectorial
El Gobierno comienza a preparar el reparto de menores en la reunión de esta tarde con las autonomías. La Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia mantendrá un encuentro con técnicos y directores generales de las comunidades autónomas para tener todo a punto en la Conferencia Sectorial.
Una reunión presidida por el Secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez. Los temas centrales serán la capacidad ordinaria de los sistemas de acogida de las comunidades y el reparto de fondos para la asistencia.
El límite fijado es de 32 menores por cada 100.000 habitantes, según la última información aportada por el Ministerio.
Reparto según el real decreto ley
El Ministerio ha estimado el traslado de un máximo de 3.975 menores extranjeros no acompañados que están bajo la tutela de Canarias, Ceuta y Melilla.
A esta cifra, habrá que restar los alrededor de 850 chicos que finalmente serán acogidos por la red estatal de protección internacional al ser solicitantes de asilo. En este sentido, para cumplir con la orden emitida por el Tribunal Supremo el pasado mes de marzo.
Según el plan de distribución del Gobierno, las comunidades que más jóvenes acogerían serían Andalucía, 677 jóvenes; Madrid, 647; y Comunidad Valenciana, 571 .
En el otro extremo, País Vasco y Cataluña no tendrían que acoger ningún joven pero la segunda ya ha anunciado que atenderá voluntariamente a 31 chicos.
Reparto de fondos
El plan del Gobierno incluye un fondo de 100 millones de euros para cubrir los traslados de los jóvenes y los gastos de acogida durante al menos los tres primeros meses.
Según estos datos, Canarias sería la que más recursos recibiría, 24.268.200 euros, y después iría Madrid, con 15.803.550 euros, y Andalucía, con 8.834.850.
Los detalles sobre cuántos menores deberá acoger cada territorio han encontrado el rechazo frontal de comunidades como Castilla-La Mancha, Cantabria, Comunidad de Madrid, Baleares, La Rioja, Comunidad Valenciana y Galicia.
La mayoría de las autonomías, casi todas las presididas por el PP y Castilla-La Mancha, gobernada por el PSOE, se han opuesto desde el principio a este mecanismo de acogida obligatorio, que está recurrido por los gobiernos de once territorios ante el Tribunal Constitucional.
