Alrededor del 90 % de las solicitudes de asilo de menores son rechazadas, siendo Mali uno de los países de origen más comunes entre los casos aprobados
De los 950 menores migrantes que el Estado debía acoger desde el inicio de la crisis, al menos 200 han renunciado a su solicitud o han alcanzado la mayoría de edad, quedando fuera del sistema. Algunos de ellos han optado por quedarse en las Islas sin acogerse al traslado oficial, una decisión que, aunque les deja en situación más precaria, responde en muchos casos al deseo de permanecer en territorio canario.
El Ministerio del Interior ha acelerado en las últimas semanas la revisión de expedientes, que hasta hace poco avanzaba con lentitud. Desde el inicio de la crisis migratoria solo se habían revisado 19 casos. No obstante, en el último mes se han tramitado ya 150 expedientes, de los cuales 70 han sido denegados. Este dato confirma la tendencia habitual: alrededor del 90 % de las solicitudes de asilo de menores son rechazadas, siendo Mali uno de los países de origen más comunes entre los pocos casos aprobados.
Mientras tanto, casi todos los menores actualmente alojados en el centro de tránsito Canarias 50 están siendo preparados para su traslado a la Península.
Denuncias por malos tratos en Quorum Social 77
Un ex trabajador de Quorum Social 77, ha denunciado públicamente haber sido testigo de malos tratos a menores migrantes. Las inspecciones a estos centros se anuncian con antelación, lo que, a su juicio, limita su efectividad. Varias ONGs han respaldado esta preocupación, señalando que las visitas deberían ser más frecuentes y espontáneas.
Desde la Fiscalía General del Estado se recuerda que las inspecciones deben notificarse con al menos 24 horas de antelación. Una excepción es si existen indicios claros de mal funcionamiento o si se trata de Centros de Acogida Inmediata. Sin embargo, aclaran que en Canarias se ha habilitado dispositivos de emergencia, que no requieren las mismas condiciones.
Por su parte, la Dirección General del Menor asegura que, desde 2024, realiza inspecciones específicas por su cuenta. Aun así, tanto el denunciante como las ONGs coinciden en que el control actual sobre estos centros es insuficiente, y reclaman mayor supervisión.
