ANPE pide a la administración educativa tomar medidas para proteger al profesorado y personal directivo que ha recibido cartas intimidatorias por parte de colectivos antivacunas
ANPE Canarias denuncia este martes que el personal docente de los colegios que participan en el programa piloto de vacunación, de menores de 5 a 12 años contra la covid-19, está recibiendo amenazas de colectivos antivacunas.
El sindicato revela que dos asociaciones contrarias al proceso de vacunación y al uso de mascarillas han enviado a los centros cartas intimidatorias. En ellas se los acusan de estar cometiendo graves delitos. Amenazan al personal directivo con iniciar acciones legales en su contra, como ya hicieron con trabajadores sanitarios.
Para la central sindical, estas prácticas de presión e intimidación resultan «completamente inaceptables«. Por ello reclama a la administración educativa que tome todas las medidas que sean necesarias. Medidas para proteger al personal directivo y al conjunto del profesorado que se está viendo envuelto en esta situación.
“La misma motivación que nos llevó a oponernos a la vacunación en los colegios es la que nos lleva ahora a rechazar de manera tajante y contundente estas amenazas». «Tanto en las formas como en el fondo, y no es otra que la de defender y proteger al personal docente, al alumnado y a toda la comunidad educativa» indica ANPE.
Pedro Crespo, presidente de ANPE Canarias, recalca que no es admisible que se pretenda coaccionar al profesorado tratando de infundir miedo sobre el proceso de vacunación.
ANPE es el único sindicato que rechaza la vacunación en centros escolares
ANPE Canarias dice que es el único sindicato que ha mostrado su rechazo a la experiencia piloto de vacunación en centros escolares. Una iniciativa puesta en marcha por la Consejería de Educación. Su rechazo es por motivos muy diferentes a los argumentos «anticientíficos» esgrimidos por los colectivos negacionistas y antivacunas.
La central sindical sostiene que no debe ser el profesorado quien asuma la carga burocrática de gestionar las autorizaciones con las familias. Tampoco de organizar el procedimiento de vacunación.
Advierte de que vacunar en los centros en horario escolar no es lo más conveniente para facilitar la presencia de los padres, las madres o los tutores legales que deseen acompañar al alumnado. Tampoco para garantizar la confidencialidad requerida y evitar la estigmatización de quien no se ponga la vacuna.
Defiende que lo más adecuado es que la vacunación a menores de 5 a 12 años se realice en instalaciones sanitarias o en espacios específicamente habilitados para ello.
