La fiscal general del Estado ha decidido que Anticorrupción siga investigando el contrato de las mascarillas por el que cobró el hermano de la presidenta madrileña
La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha decidido que la Fiscalía Anticorrupción siga investigando el contrato de mascarillas por el que cobró el hermano de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en lugar de remitir las pesquisas a la Fiscalía Europea.
Según han informado a Efe fuentes fiscales, Delgado ha tomado esa decisión tras la reunión de la Junta de Fiscales, la cúpula de la carrera, que ha respaldado por unanimidad al fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, contrario a ceder la investigación.
Posible delito de malversación de fondos
La fiscal general ha firmado un decreto en ese sentido tras decidir sobre este conflicto de competencias abierto a raíz de que la Fiscalía Europea reclamara la investigación ante la posible comisión de un delito de malversación de fondos europeos en ese contrato, por el que el hermano de Ayuso cobró 55.000 euros.
El decreto afirma que «lo que se dirime en la investigación de la Fiscalía española es el correcto desempeño de las actividades públicas desde la perspectiva de una Administración prestacional al servicio de los intereses generales y plenamente sometida a la ley y al derecho, conforme a los principios que ordenan su funcionamiento, recogidos en el artículo 103 de la Constitución española».
«Se trata de comportamientos que afectan directa y esencialmente a intereses nacionales, lo que sitúa estas conductas en la órbita del correcto funcionamiento de la Administración española y, por consiguiente, debe ser la Fiscalía nacional la que determine la suficiencia indiciaria para la eventual incoación de un procedimiento penal», añade.
La acusación la mantendrá el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón
Sostiene el escrito que la investigación de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada «no se encuentra indisociablemente vinculada con los delitos de fraude a la Hacienda Europea, malversación y cohecho asumidos por la Fiscalía Europea en virtud de Decreto de 16 de marzo de 2022″.
De este modo, la investigación la mantendrá Luzón, quien, al menos en el actual momento de la investigación, no comparte el criterio de que se haya cometido delito de malversación porque la compra de mascarillas por la Comunidad de Madrid se produjo.
Esta mañana, Concepción Sabadell, exfiscal Anticorrupción del caso Gürtel y ahora representante española en la Fiscalía Europea, ha insistido en que la competencia es suya y ha sugerido la posibilidad de recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para resolver el conflicto.
Al término de la reunión de la Junta, Luzón ha explicado a los periodistas que la ley atribuye a la Fiscalía General la potestad de decidir en este tipo de conflictos, con lo que «no se dan las circunstancias» para someterlo a consulta del TJUE y este conflicto queda cerrado.
«Esto no es un disputa entre Fiscalías, es un tema procesal y competencial; creemos que ninguna fiscalía nacional debe ceder las investigaciones que son estrictamente domésticas, estrictamente nacionales, que no atañen ni perjudican los intereses financieros de la UE, sino que atañen al corriente funcionamiento de la administración pública española», ha añadido.
La Fiscalía Europea podrá mantener la investigación
Por ello, la Fiscalía Europea podrá mantener su investigación sobre los hechos que afectan a los intereses financieros de la UE, y para ello cuenta con copia de las actuaciones, pero no se le cederá la investigación sobre los hechos que atañen al funcionamiento de la administración publica española.
Luzón ha garantizado que se mantendrá la «colaboración leal» entre ambas fiscalías y si en algún momento es necesario remitir alguna información, así se decidirá.
El conflicto de competencias surge a raíz de que Concepción Sabadell pidiese la semana pasada a su antiguo jefe, Alejandro Luzón, la investigación abierta sobre el contrato. Disconforme con lo que planteaba, Luzón acudió a la fiscal general, que hoy ha resuelto el asunto.
Anticorrupción abrió el pasado 22 de febrero diligencias para dilucidar si había indicios de delito en el contrato de 1,5 millones de euros para la compra de mascarillas al inicio de la pandemia en China que la Comunidad de Madrid adjudicó a una empresa relacionada con un hermano de Díaz Ayuso y por el que este cobró 55.000 euros.
