Aprobado el decreto ley que modifica la Ley de Cambio Climático en Canarias

El Gobierno de Canarias ha descartado que la tramitación de la reforma de la Ley de Cambio Climático se haga como proyecto de ley

Vídeo RTVC. Informan: Jónatan Déniz / Vicky Luis / Rubén Amador.

El Gobierno de Canarias ha defendido la reforma de la Ley de Cambio Climático de la comunidad autónoma, aprobada la pasada legislatura, y ha descartado su tramitación parlamentaria como proyecto de ley, impidiendo así la presentación de aportaciones por parte de los grupos, sobre todo de la oposición.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo canario, Alfonso Cabello, ha querido acallar las críticas a que esta reforma se haga mediante decreto-ley y destacado que hubo un proceso participativo «muy amplio, muy por encima de lo que obligatoriamente debe ser, algo a lo que no están acostumbrados los partidos de la oposición».

Alfonso Cabello afirmó que la anterior Ley, elaborada por el Gobierno del Pacto de las Flores, tuvo «mucho contestación» por parte de los propios sectores afectados y tuvo «hasta once advertencias o visos de inconstitucionalidad alertados por el Estado», de ahí que el Gobierno de Canarias actual considere que «había que entrar de manera formar en esos aspectos y aprovechar la oportunidad de mejorarla y enriquecerla».

Reunión del Consejo de Gobierno, lunes 24 de junio de 2024
Reunión del Consejo de Gobierno, lunes 24 de junio de 2024

Procesos participativos

Cabello reiteró que por parte de la Consejería de Transición Ecológica se han realizado diferentes procesos participativos, mesas de diálogo y reuniones con diferentes operadores, incluso con la Fecam, que fue «muy crítica» con esta norma, y cree que se han ido «despejando muchos de los planteamientos que se hicieron y los técnicos dejaron claro».

Es más, incidió en que se han recogido parte de las alegaciones o comentarios realizados por la Fecam, como es la creación de un Consejo Canario de Acción Climática para la cogobernanza de la ley y en el que estarán representados los cabildos, los ayuntamientos y la sociedad civil.

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