La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, anuncia que el Gobierno de Canarias continuará la vía jurídica ante la falta de acuerdo sobre quién debe realizar este procedimiento y reclama que se concrete también la figura del defensor del menor
La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, ha reclamado al Estado que asuma el triaje de los menores migrantes previsto en el Pacto Europeo de Migración y Asilo. Y ha advertido de que el Gobierno de Canarias continuará recurriendo a la vía judicial para defender las competencias de la comunidad autónoma y, sobre todo, los derechos de los menores.
Delgado realizó estas declaraciones tras la reunión mantenida este lunes, 7 de septiembre, con la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. En ella en la que se abordaron, entre otras cuestiones, el proceso de regulación y el sistema de acogida del Ministerio de Inclusión en Canarias. Delgado estuvo acompañada por el viceconsejero de Bienestar Social, Francis Candil, y la secretaria técnica general, Ángeles Bogas.
Sin acuerdo
Delgado señaló que la reunión no permitió avanzar en la principal cuestión de discrepancia: quién debe asumir el triaje de los menores durante el control fronterizo, tal y como establece el Pacto Europeo de Migración y Asilo. “El triaje es competencia del Estado. El Pacto Europeo de Migración y Asilo establece que debe realizarlo la Administración del Estado miembro competente en la frontera exterior. Y, en España, esa competencia no ha sido delegada a las comunidades autónomas”, afirmó.
La consejera de Bienestar Social insistió en que el Pacto Europeo de Migración y Asilo establece que el triaje es competencia de aquella Administración competente en territorios fronterizos porque lo que se pretende hacer con ese triaje es defender el territorio nacional. “Eso evidentemente es competencia del Estado. La frontera exterior no es territorio de una comunidad autónoma. En aplicación del artículo 172.1 del Código Civil, que expresa que esa competencia es exclusiva del Estado”.
La consejera de Bienestar Social insistió en que Canarias no se opone a colaborar con el Estado, pero considera imprescindible que esa colaboración sea previamente definida y acordada. “El Pacto dice que las administraciones de cada territorio pueden colaborar, pero colaborar no es asumir el peso de una competencia ni supone una delegación de competencias”, explicó. En este sentido, Candelaria Delgado reclamó que se convoquen las reuniones necesarias para determinar cómo se articularía esa colaboración, qué Administración asumiría cada función y con qué medios, algo que, según indicó, Canarias lleva solicitando desde antes de la entrada en aplicación del nuevo marco europeo.
“No estamos hablando de dinero, sino de competencias”
Candelaria Delgado rechazó que la solución pueda limitarse a que el Estado financie los gastos derivados de la atención a estos menores. “No es una cuestión de dinero”, subrayó, recordando que el Decreto-ley aprobado establece que, mientras Canarias permanezca en situación de contingencia migratoria, el Estado debe asumir los gastos derivados de la atención a los menores en esa situación. “Lo que queremos es que se aplique el Decreto-ley. Y que estos menores tengan garantizados sus derechos”, afirmó Delgado. Consideró que Canarias no puede asumir “otra competencia más del Estado sin ninguna negociación previa”.
La consejera también reclamó que se concrete la figura del defensor del menor contemplada en el procedimiento de triaje europeo. Aclaró que no se trata de la persona que posteriormente ejerce la tutela o la guarda. Sino de una figura de representación destinada a garantizar que los derechos del menor sean respetados durante el procedimiento. “Todavía no se ha definido quién va a ser esa figura, qué perfil va a tener o qué funciones concretas va a desarrollar”, señaló, reclamando al Estado que concrete estos aspectos.
Canarias continuará la vía jurídica
Ante la falta de acuerdo, Candelaria Delgado anunció que el Gobierno de Canarias continuará con las actuaciones jurídicas iniciadas. “Ya hemos presentado un primer escrito al delegado del Gobierno con toda la información elaborada por nuestros servicios jurídicos. El siguiente paso será realizar un requerimiento al Estado y, si es necesario, elevaremos esta cuestión al Tribunal Supremo”, explicó.
La consejera de Bienestar Social lamentó que la discrepancia tenga que acabar nuevamente en los tribunales y reclamó al Estado una respuesta urgente. “Mientras tanto volvemos a tener hacinamiento en Canarias. Volvemos a aumentar los números de atención de menores y eso es algo que Canarias no puede tolerar”, afirmó.
Delgado recordó que el Pacto Europeo de Migración y Asilo fue aprobado en 2024 y que sus disposiciones son de obligado cumplimiento para los Estados miembros desde el pasado 12 de junio. “El Estado ha tenido dos años para adecuar su normativa a esta nueva realidad europea”, señaló. La consejera insistió finalmente en que la prioridad debe ser garantizar la protección de los menores. “Mientras tanto, los derechos de estos menores se siguen vulnerando y Canarias no lo va a permitir”, concluyó.
